Cuatro décadas después de que Washington declaró la guerra antidrogas y derramó esa doctrina militarista hacia el sur, el gobierno del estado brasileño de Río de Janeiro decidió cambiar y apostar a la pacificación comunitaria, estrategia que ya da resultados en varias favelas, otrora «campos de batalla».
Las fuerzas policiales hoy se instalan de manera permanente en esas comunidades, a diferencia del pasado en que sólo hacían incursiones violentas con un alto número de víctimas civiles y con pocos resultados en el cambio de relaciones de poder con las bandas armadas del narcotráfico.
Se trata de destacamentos preparados especialmente para lidiar con su nueva función comunitaria, a los que se suma la fuerte presencia del Estado con obras para mejorar la situación social, salud, vivienda, saneamiento y otros servicios.
La idea es simple, explica el secretario de Seguridad del gobierno del estado de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, en el sitio de Internet de las UPP.
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"Recuperar para el Estado territorios empobrecidos y dominados por traficantes. Tales grupos, en la disputa del espacio con sus rivales, entraron en una corrida armamentista en las últimas décadas, una disputa particular en la cual el fusil reina de manera absoluta", explica.
Chapeu Mangueira es una de las 16 favelas donde se han instalado las UPP y que abarca a unos 200.000 habitantes. Privilegiada por una de las mejores vistas hacia el mar desde lo alto del cerro donde se encuentra, hoy lo es también por obras que mejoraron la calidad de vida de sus habitantes.
Como en el pasado, la mayoría de los pobladores de Chapeu Mangueira todavía no se atreven a hablar públicamente de estos temas. Temen que la policía se vaya y los deje de nuevo expuestos a las represalias de los narcotraficantes.
"Todo cambió para bien. Comenzaron a hacerse cursos de profesionalización, vinieron agentes de salud, todo vino para acá", resumió Josivaldo da Silva, uno de los pocos vecinos que acepta hablar.
Datos del Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro indican que los casos de homicidio en este estado se redujeron 18,4 por ciento de julio de 2009 a igual mes de 2010.
Margio Sergio Duarte, jefe de la Policía Militar estadual, atribuye el éxito del proceso a que abandonaron la idea de la "guerra contra las drogas" por el de una "pacificación de la ciudad".
"Ese es el gran foco. En el pasado teníamos una guerra contra las drogas y perdimos, y la seguiríamos perdiendo porque nuestra estrategia estaba equivocada", admitió Duarte en entrevista con IPS.
Duarte aclaró, empero, que no se trata de haber abandonado la lucha contra la adicción ni las acciones de prevención o represión de las drogas, sino que es un proceso de "pacificación", una "palabra nueva" que la define como el rescate de los territorios del Estado antes en manos del narcotráfico, y la devolución a la población de los derechos civiles perdidos.
"Junto a eso estamos ganando la guerra contra las drogas, porque ya no tenemos a los criminales transitando libremente por ahí con sus armas de guerra a la vista y se redujo la venta de estupefacientes en esos lugares", agrega.
Eso es lo que precisamente molesta a muchos de los críticos de la nueva política de seguridad pública. Una derrota que no se expresa con el símbolo claro del enemigo abatido como trofeo.
"¿Pero no era eso precisamente lo que queríamos?", pregunta con ironía el sociólogo Ignacio Cano a quienes también cuestionan que extraficantes ahora participen de programas sociales en sus comunidades.
Cano, que siempre fue severo crítico de los abusos policiales en los operativos en las favelas, celebra los resultados de la nueva estrategia.
Aunque admite que las UPP no han cohibido el narcotráfico, este experto del Laboratorio de Análisis de Violencia de la Universidad Estadual de Río de Janeiro sostuvo con énfasis ante IPS que se ha conseguido "interrumpir el ciclo de violencia y el control armado de esos grupos sobre las poblaciones" de los barrios marginales.
"Los indicios que tenemos es que el tráfico continúa, pero con un perfil mucho más bajo, sin armas, de la manera en que existe en cualquier parte del mundo", explicó.
Muchas de las UPP están ubicadas en regiones residenciales o turísticas de la ciudad. Las próximas están previstas para ser ubicadas en favelas cercanas al mundialmente famoso estadio Maracaná y a otros circuitos deportivos, en el marco de la preparación para la realización del próximo torneo mundial de fútbol en 2014 y de los Jugos Olímpicos en el 2016.
Hasta entonces, el objetivo es tener UPP en 40 comunidades, un número todavía pequeño ante la dimensión geográfica y social de las favelas que suman 750, con un millón de habitantes, sólo en el municipio de Río de Janeiro, donde según la alcaldía viven unas 6,3 millones de personas. El estado de igual nombre alberga unos 15 millones de habitantes.
Cano no ignora que se trata de "una implantación selectiva", pero destaca que, de todas maneras, "está provocando que la gente y los propios policías vean que hay otra forma de intervenir y que es mucho mas exitosa que la tradicional" de represión.
"Esperemos que este nuevo modelo de combate a las drogas se expanda al resto de la ciudad y al resto del estado, sustituyendo el viejo modelo de intervenciones armadas y tiroteos", añadió.
En ese sentido, el mayor desafío para el sociólogo es exigirle al gobierno que tenga una política complementaria en las áreas donde no hay UPP, por ejemplo para combatir la alta letalidad policial y mejorar los salarios de sus efectivos.
Un informe de la organización humanitaria Amnistía Internacional indica que la policía carioca mató 855 personas el año pasado.
Cano dice también que será necesario convencer a los habitantes de las áreas donde hay UPP que el proceso es irreversible y que no serán abandonados como en experiencias anteriores.
"Los habitantes de esas comunidades tienen miedo todavía de que esto sea temporal y que después de los Juegos Olímpicos, cuando el financiamiento acabe, todo vuelva a ser como era antes", apuntó.
"Necesitamos tiempo para que el cambio de relaciones entre comunidad y policías y la credibilidad del proyecto, sea definitivo", destacó.
La "credibilidad" también deberá ser abordada desde el punto de vista policial.
Una investigación divulgada por el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Candido Mendes señala que 60 por ciento de los efectivos de las UPP no están satisfechos con su trabajo y que muchos de ellos también dudan de la continuidad del proyecto.
