«Si vienen a extraer hierro a la playa se terminaría la riqueza natural, y el turismo se vendría abajo», advierte el empleado hotelero Leonel Palma, en el Puerto de San José, sobre el océano Pacífico guatemalteco, donde el gobierno concedió licencias de exploración minera.
Ambientalistas, académicos y comunidades elevaron la voz contra las licencias del gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom para el reconocimiento y exploración de arenas ferrosas en las costas del sudoeste.
"Hay temor, porque hemos vivido situaciones como cuando se construyó la dársena" de Puerto Quetzal, contiguo a San José; en los pozos de agua dulce "se filtró el agua salada", cosa que sigue ocurriendo cuando hay marejada, dijo a Tierramérica José Urbina, del colectivo Poder y Desarrollo Local de la zona, en el sureño departamento de Escuintla.
El 28 de mayo se llevará a cabo una movilización pacífica en Puerto de San José para mostrar el desacuerdo con la minería de hierro en la costa sur, agregó.
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En 2009, el Ministerio de Energía y Minas otorgó tres licencias de exploración de hierro a Tikal Minerals, subsidiaria de Mayan Iron Corporation, en un área de 292 kilómetros cuadrados en los departamentos de Escuintla, Retalhuleu y Suchitepéquez.
La australiana Mayan Iron Corporation, que recibió capitales chinos, tomó su nombre de los pueblos ancestrales de Guatemala y se creó para explorar con fines de explotación las arenas ferrosas de este país centroamericano, afirma en su sitio web.
Pero ninguno de los tres proyectos tiene todavía permiso para explorar. De hecho, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales rechazó el 5 de abril el único estudio de impacto ambiental presentado por Tikal Minerals para uno de ellos.
Las autoridades determinaron que "el proyecto no es viable ambientalmente", porque conduciría a una" actividad extractiva" que puede crear "graves riesgos para la integridad de los ecosistemas costero-marinos del país, y sus repercusiones en la salud y seguridad de los pobladores de la región costera".
Para explotar el hierro se necesita extraer la arena con excavadoras o dragas, transportarla a una planta y separarla allí del mineral, principalmente magnetita, mediante imanes. Al final, 90 por ciento de la arena se devolvería a las playas y el hierro sería transportado desde un puerto local a China.
Enrique Toledo, representante legal de Tikal Minerals, dijo a Tierramérica que la empresa interpuso a fines de abril un recurso de revocatoria de la resolución ambiental.
"La base principal y toral de nuestra posición es que (las autoridades) utilizaron argumentos de un proyecto de explotación cuando lo que presentábamos era un instrumento ambiental de exploración, por lo que es improcedente resolverlo de esa manera", dijo.
Las actividades de exploración suelen requerir sólo un plan de mitigación, pero la cartera decidió exigir un estudio de impacto ambiental cuando la empresa solicitó efectuar perforaciones.
Carlos Salvatierra, de la Redmanglar Internacional, dijo a Tierramérica que cualquiera sea el procedimiento de extracción "habrá consecuencias ambientales. Nos preocupa una penetración de la cuña salina con la consecuente salinización de los mantos de agua dulce", advirtió.
Además, la actividad minera en la zona marino-costera implica un cambio de uso del suelo que afecta todo el ecosistema y por ende la actividad pesquera y turística indicó.
Según Tikal Minerals, los depósitos de hierro en este país serían de casi 100.000 millones de toneladas, 12 por ciento de las reservas mundiales de este mineral, calculadas en 800.000 millones de toneladas. Las arenas ricas en magnetita son llevadas por los ríos que corren desde los volcanes hasta las costas del Pacífico.
En 2009 el gobierno otorgó a la canadiense G4G y a Iron Sands Americas una licencia de reconocimiento de hierro en un área de 2.492 kilómetros cuadrados que comprende todo el litoral del pacífico guatemalteco, desde la frontera con México hasta el límite con El Salvador.
La producción minera pasó de 8,6 millones de dólares en 2005 a 370 millones de dólares en 2009, según el Ministerio de Energía y Minas. Pero, en virtud de la Ley General de Minería, el Estado obtiene regalías de solo uno por ciento del comercio de minerales.
Toledo, de Tikal Minerals, alegó que como no se ha explorado aún en el terreno, no se puede determinar el aporte económico y la generación de empleo de la extracción de hierro en el Pacífico.
Sin embargo, se puede lograr un equilibrio entre desarrollo minero y ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, alegó. "No nos interesa la explotación en las playas sino un kilómetro adentro, y renunciamos a afectar cualquier reserva natural, manglares y ecosistemas frágiles", insistió.
Del otro lado del país, en un área protegida sobre la costa del Caribe se planifica instalar una terminal de gas licuado de petróleo.
Se trata de la construcción de cinco esferas con una capacidad para almacenar 28.390 litros de gas y la instalación de una tubería terrestre y marina de siete kilómetros en el costero de Puerto Barrios, nororiental departamento de Izabal.
En febrero de 2010, el mexicano Grupo Tomza inició trabajos sin que se hubiera aprobado el estudio de impacto ambiental. El estatal Consejo Nacional de Áreas Protegidas rechazó el estudio y suspendió las obras.
El dictamen se basó en que el proyecto se ubica en el área protegida Punta de Manabique, de 1.519 kilómetros cuadrados, que alberga bosques anegados, arrecifes, manglares y diversidad de especies como el cocodrilo (Crocodylus acutus), la iguana verde (Iguana iguana) y la tortuga verde (Chelonia mydas).
"Ahí está prohibido el emplazamiento de actividad industrial pues representa un gran riesgo", dijo a Tierramérica el funcionario Gustavo González, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
En febrero, el Grupo Tomza presentó un nuevo estudio de impacto ambiental para retomar la obra, pero González cree que "para que pueda funcionar legalmente, la empresa deberá buscar otro sitio".
* Este artículo fue publicado originalmente el 14 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
