El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, solicitó una orden de arresto contra el líder libio Muammar Gadafi, su hijo Saif al-Islam y su jefe de inteligencia, Abdullah Senussi.
Moreno Ocampo señaló en conferencia de prensa este lunes que la evidencia contra los tres hombres era «muy fuerte», y dijo confiar que los libios entregarían a Gadafi al tribunal.
El caso contra Gadafi es presentado cuando van tres meses de un levantamiento contra su régimen de 41 años. Comenzó con protestas pacíficas en las ciudades más grandes y se convirtió en una rebelión armada con baluarte opositor en el este del país.
El régimen de Gadafi ha intentado suprimir violentamente al movimiento bombardeando ciudades rebeldes y encarcelando y torturando a opositores.
Moreno Ocampo presentó este lunes un informe de 74 páginas con evidencia ante la CPI, con sede en la ciudad holandesa de La Haya. Los jueces decidirán si aceptar o rechazar la petición. También podrían solicitar más evidencia o confirmar las acusaciones de crímenes contra la humanidad y emitir órdenes de arresto internacionales.
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«La evidencia muestra que Muammar Gadafi personalmente ordenó ataques contra civiles desarmados», dijo el fiscal en conferencia de prensa. «Cometió crímenes con el objetivo de preservar su autoridad, su autoridad absoluta».
Gadafi, Saif al-Islam y Abdullah Senussi mantuvieron reuniones para planificar la represión, señaló Ocampo. Las fuerzas de seguridad leales al gobierno entonces atacaron a civiles en sus hogares, utilizaron armas pesadas contra caravanas fúnebres y ubicaron a francotiradores para disparar a personas que salían de los rezos en las mezquitas.
Activistas fueron encarcelados, incomunicados y torturados, señaló.
Moreno Ocampo dijo que Saif al-Islam era el «primer ministro de facto» de Gadafi, y que Senussi era su «mano derecha» y «ejecutor».
«La oficina reunió evidencia directa sobre las órdenes emitidas por el propio Muammar Gadafi, directa evidencia de que Saif al-Islam organizó el reclutamiento de mercenarios, y directa evidencia de la participación de Senussi en los ataques contra los manifestantes», dijo Moreno-Ocampo.
La investigación sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos en Libia se extendió por varios países e involucró unos 1.500 documentos, informó Roy Challands, de la cadena árabe Al Jazeera.
Se necesitaron dos meses y medio para solicitar las órdenes de arresto, pero esto fue apenas «un instante en la justicia internacional», dijo.
Moreno Ocampo explicó que pudo concluir la investigación rápidamente porque el régimen de Gadafi había cometido sus crímenes en sólo unas pocas ciudades, incluyendo Trípoli y Bengasi, y en un periodo corto de tiempo.
Investigadores recibieron muchas llamadas telefónicas de fuentes dentro de Libia pero no tomaron ningún testimonio oficial, para no poner en riesgo la vida de los denunciantes, dijo Moreno Ocampo.
«Gadafi gobernó Libia a través del miedo, y los libios están perdiendo su miedo ahora», indicó.
A pesar de que los bombardeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tienen la intención declarada de proteger a la población, Libia se hunde en una guerra civil, lo que dificulta los esfuerzos para que se concrete una eventual orden de arresto de la CPI contra los sospechosos.
Además, la CPI no tiene fuerza policial y depende de los países correspondientes para los arrestos, lo que impidió por ejemplo tener resultados en el caso del presidente de Sudán, Omar al-Bashir, requerido por genocidio en Darfur.
Libia no es parte de la CPI, pero Moreno Ocampo dijo esperar que los libios entregaran a los tres sospechosos por su cuenta.
Richard Dicker, de la organización Human Rights Watch, destacó que la solicitud de órdenes de arresto era «una advertencia a otros en Libia de que los crímenes graves serán castigados».
Los fiscales también investigan denuncias de violaciones masivas, crímenes de guerra y ataques a subsaharianos confundidos con mercenarios del régimen.
* Publicado en acuerdo con Al Jazeera.
