Mientras México participa de la negociación sobre el Fondo Verde para el Clima, persisten dudas sobre si los créditos millonarios que ha recibido en los últimos años se aplicaron eficazmente para combatir el calentamiento y sus manifestaciones.
Las metas de reducción de emisiones de gases que recalientan la atmósfera fueron aspiraciones, "pues dependen de los fondos internacionales. Si bien éstos son importantes, no deben ser determinantes para que México las alcance. Tiene recursos y los usa con poca congruencia", dijo a Tierramérica la activista Sandra Guzmán, del Programa Aire y Energía del no gubernamental Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Desde 2009, el BID entregó más de 400 millones de dólares para iniciativas relacionadas con el cambio climático. Entre 1996 y el año pasado, ese organismo multilateral financió 13 proyectos ambientales por una cartera de 377,4 millones. De hecho, México es el mayor receptor de fondos de ese banco internacional.
La relación con el Banco Mundial no fue muy diferente. Desde 1999 aportó 672 millones de dólares para 43 proyectos destinados a desarrollar formas de economía baja en carbono, eficiencia energética, energías renovables, transporte sustentable y calidad del aire.
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"Hemos tenido dificultades para dar seguimiento a esos fondos, porque la información no está toda disponible al público. No hay una línea para identificar los resultados de los proyectos. Queremos conocer el destino de los recursos", dijo a Tierramérica Andrés Pirazzoli, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
México lanza a la atmósfera unas 709 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, uno de los gases responsables del aumento de la temperatura planetaria. Para 2012, el gobierno del conservador Felipe Calderón asumió el objetivo voluntario de abatir esos volúmenes en 50 millones de toneladas por año.
Este país latinoamericano es muy vulnerable a las manifestaciones del cambio climático, como sequías intensas, lluvias torrenciales e inundaciones. Calderón insiste en que México necesita recursos internacionales para emprender acciones de adaptación y mitigación.
Al cierre de la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16), celebrada en diciembre en la sudoriental ciudad mexicana de Cancún, se acordó crear el Fondo Verde para el Clima, con la responsabilidad de dotarlo de 30.000 millones de dólares en 2012 y de 100.000 millones anuales para 2020.
Esos recursos se destinarán a asistir a los países pobres a adaptarse a impactos que son dramáticos y a desarrollar economías bajas en carbono. El Banco Mundial administrará el fondo durante los primeros tres años, bajo los estándares de la Convención.
El acuerdo también previó la formación de un Comité de Transición de 40 miembros —15 países industriales y 25 en desarrollo—, que se encargará de diseñar el Fondo Verde y que dará paso a un comité permanente, de 24 asientos distribuidos entre naciones ricas y pobres, responsable de la ejecución y la vigilancia del uso de los recursos.
El Comité de Transición celebró su primera reunión en México el 28 y 29 de abril.
"Habría que reformar el monitoreo en cuanto al destino, impacto y resultados del financiamiento. Eso no sucede actualmente", dijo a Tierramérica Mariana González, del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar – Centro de Análisis e Investigación.
Uno de los obstáculos en México es la falta de definición precisa sobre el destino del financiamiento gubernamental. Por ejemplo, en el presupuesto de 2011 únicamente están etiquetados los fondos de los programas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Especial de Cambio Climático, dotados respectivamente con 46 millones de dólares y casi un millón de dólares.
Esos programas están tutelados por la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y ese rotulado no aparece en las carteras de Energía o Agricultura, estrechamente vinculadas a las políticas de cambio climático.
"Lo que está faltando es cómo se aplican los nuevos instrumentos. México tiene que aplicar las medidas para reducir vulnerabilidades. No hay un sistema de transparencia en el uso de recursos, y nuestro temor es que ocurra lo mismo con el nuevo Fondo Verde", apuntó Guzmán.
En un documento titulado "Financiando el cambio sin cambiar el clima", publicado el 11 de noviembre de 2010, 10 organizaciones no gubernamentales analizaron la correspondencia entre el financiamiento internacional y los planes sectoriales y federales mexicanos para enfrentar el cambio climático.
Se hallaron así inconsistencias, como el alto gasto en energía nuclear y en construcción de represas hidroeléctricas, consideradas poco apropiadas para hacer frente a los efectos del calentamiento.
El sector nuclear federal tiene un presupuesto de unos 46 millones de dólares, mayor al de otros rubros.
En el BID se preparan proyectos de eficiencia energética, por 100 millones de dólares, de desarrollo de tecnologías eólicas locales, por 23,6 millones, y para el desarrollo sostenible de estados y municipios, por 310 millones.
"Existe el riesgo de que esto se repita con el fondo climático. ¿Cuál va a ser la posibilidad de los ciudadanos de conocer el destino de esos fondos? Otro es la locación efectiva, que solucionen el problema del cambio climático", subrayó Pirazzoli.
La deuda externa mexicana asciende a 182.000 millones de dólares, una de las más onerosas de la región, según el Banco (central) de México.
* Este artículo fue publicado originalmente el 30 de abril por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
