La furia fue proporcional a la muchedumbre arrinconada entre la selva y la muralla que represará el río Madeira, en el noroeste de Brasil. En tres días, los obreros incendiaron unos 50 autobuses, otros vehículos, instalaciones laborales y hasta sus alojamientos, con capacidad para 16.000 personas.
El posterior acuerdo por mejores condiciones laborales, firmado entre líderes sindicales y el consorcio constructor, no logró por sí solo restablecer aún la normalidad. Es que, dado que la mayoría de los trabajadores provienen de zonas muy alejadas, solo podrán reanudar sus tareas luego de reconstruirse los recintos para vivir. Además, la patronal anunció miles de despidos.
Pero también los incendios en Jirau desataron una sucesión de huelgas en otros grandes proyectos, como plantas energéticas, puertos, una refinería petrolera y un complejo petroquímico, que ocupan a decenas de miles de empleados de la construcción en distintos y lejanos lugares, principalmente en el norte y nordeste, las regiones más pobres del país.
A la huelga habían adherido en marzo unos 160.000 trabajadores, según datos del estudio sectorial del Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos (Dieese) divulgado el 12 de este mes.
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La "explosión" de Jirau tiene su sustento en que miles de trabajadores permanecen "confinados en malas condiciones en ese lugar y tratados de forma autoritaria", según José Dari Krein, director del Centro de Estudios Sindicales y de Economía del Trabajo, de la Universidad Estadual de Campinas. La obra empleaba 22.000 personas antes del conflicto.
Iguales razones son las que llevaron al estallido obrero, nueve meses antes, en Santo Antonio, el otro complejo hidroeléctrico en construcción en el río Madeira, éste a 120 kilómetros de Jirau, que dejó como saldo 35 autobuses destruidos y paralizó los trabajos por varios días. El detonante fue la agresión a un obrero, lo mismo que en Jirau.
Esas sublevaciones se asemejan a la huelga de los cortadores de caña de azúcar, que en mayo de 1984 convulsionaron Guariba, a 350 kilómetros de São Paulo, donde saquearon edificios públicos y un supermercado, se incendiaron automóviles y cañaverales y se registró una fuerte represión policial.
Los cortadores, también inmigrantes de otras partes de Brasil en su mayoría, reaccionaron ante condiciones degradantes de trabajo. El levantamiento sorprendió hasta los mismos dirigentes sindicales y activistas católicos que apoyaban a los llamados "boias-frias" (por el almuerzo que cada uno lleva al campo y come frío) y asustó a gobernantes y empresarios.
"La huelga fue terrible, pero también una escuela, cambió la vida de todos los trabajadores", recuerda Wilson Rodrigues da Silva, quien vivió la revuelta cuando tenía 18 años de edad y cuatro como cortador de caña.
Falta mucho por mejorar, pero en ese entonces se conquistaron derechos y un proceso de negociación con las empresas, evaluó Rodrigues da Silva, actualmente presidente del Sindicato de Empleados Rurales de Guariba.
Precisamente, la creación de ese sindicato y otros 70 en el estado de São Paulo, que representan a unos 300.000 trabajadores, fue unos de los principales resultados de la batalla de Guariba, que se extendió a otros municipios cercanos.
El gobierno brasileño impulsó desde 1975 la sustitución de la gasolina por etanol, forzando una acelerada expansión de la producción cañera, como respuesta al alza de entonces de los precios internacionales del petróleo.
Eso multiplicó la emigración de cortadores a municipios cañeros como Guariba, lo cual trajo aparejado una mayor explotación y abusos, como obligar a que se alojen en recintos insalubres y la proliferación de engaños para reducir la remuneración por toneladas de caña cosechada que se pactaba con los trabajadores, recordó Rodrigues da Silva.
La presión por productividad hizo explosiva la situación laboral justamente en el sector recién valorizado como estratégico para reducir la dependencia energética y equilibrar la balanza de pagos del país.
Algo similar pasa ahora con los grandes proyectos de infraestructura y vivienda, priorizados con abultadas inversiones del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) del actual gobierno de Dilma Rousseff. En consecuencia, el sector de la construcción creció 11,6 por ciento en su producto y 17,66 por ciento en empleos formales el año pasado.
Pero en la construcción, como antes en el sector cañero, son precarias las relaciones laborales, agravadas por una débil organización sindical, favoreciendo "movilizaciones con un grado de agresión mayor que en otras categorías mejor estructuradas", indicó Krein.
Los trabajadores "sin libreta" y "por cuenta propia" totalizaban más de 4,3 millones en 2009, mientras que los empleados con todos los beneficios legales no llegaban a los dos millones, según datos analizados por el Dieese para realzar la informalidad en el sector.
La rotación también es brutal. El año pasado se contrataron 2,4 millones de trabajadores y se despidieron 2,2 millones.
Todo se agrava por "un prejuicio tradicional" que considera a la construcción "un trabajo menor", solo aceptable como "última alternativa". Lo mismo ocurre con el empleo rural y el doméstico, especialmente entre jóvenes y gestores, destacó Lilian Marques, asesora técnica de Dieese.
El trabajo temporal, limitado al período de cosecha o de cada tarea en la obra, dificulta la labor sindical y su organización, al igual que el súbito aumento de la base obrera, acotó.
En Rondônia, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo registró un aumento de 54,4 por ciento de empleados formales en la construcción en un solo año, para sumar 42.751 en 2010, gracias básicamente a los proyectos hidroeléctricos. Incremento similar tuvo lugar anteriormente, ya que las obras empezaron en 2008.
No por casualidad el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Construcción Civil del Estado de Rondônia vivió una crisis en 2009, cuando la Justicia del Trabajo destituyó a su dirección y nombró interventores para promover elecciones de las que salieron las actuales autoridades.
Muchos atribuyen la división sindical a la rebelión de marzo en Jirau, que para algunos dirigentes fue una acción premeditada de una banda de vándalos. Actuaron "encapuchados" y robaron cajeros electrónicos de bancos y bienes personales, arguyeron obreros que fueron oídos por IPS.
"No fue vandalismo de pocos, sino una protesta radical de trabajadores penalizados injustamente", contrarrestó Altair Donizete de Oliveira, vicepresidente de STICCERO.
La firma Camargo Correa, a cargo de la construcción de Jirau, "es la mejor en la que trabajé", pero en Jirau puso obreros en exceso para "un pequeño equipo de administración", sostuvo.
A esa "falla", Donizete de Oliveira le agregó una decena de medidas de presión con que la empresa provocó fuerte tensión entre los obreros. Entre ellas, la que causó mayor indignación general fue el recorte de horas extras, destacó el sindicalista.
El obrero de la construcción "es distinto", quiere trabajar el máximo durante su contrato para volver con ahorros a su hogar, explicó.
Sin los turnos de horas extras se gana menos y, con tiempo libre, se gasta más, con lo cual se atenta con el principal objetivo de los obreros alejados de sus hogares.
A pesar de todo, la fuerte expansión del empleo que hace escasear la mano de obra e inhibe la otrora habitual emigración hacia las fuentes laborales, "fortaleció el poder de negociación" de los obreros de la construcción, constató Dario Carneiro, asesor de la Confederación Nacional de los Sindicatos del área.
"Nada más justo que reclamen contrapartidas sociales, salariales y condiciones decentes de trabajo", para superar "aspectos arcaicos" del sector, que se reflejan en bajos ingresos y el mayor índice de muertes por accidentes entre todos los sectores laborales en Brasil. Eso se debe al incumplimiento de las normas mínimas de seguridad, acotó.
El alzamiento en Jirau, por su repercusión, y grandes concentraciones obreras en torno de proyectos del PAC representa una buena oportunidad de negociarse un contrato nacional y condiciones adecuadas de trabajo en la construcción, concluyó Krein.
