El Banco Mundial enfrenta el reto de actualizar los sistemas de medición de resultados de la financiación que otorga, en especial en materia ambiental y social, ahora que se apresta a administrar el nuevo Fondo Verde para el Clima.
El Banco Mundial está entre los principales financiadores de proyectos ambientales en este país latinoamericano y, desde 2009, del combate al cambio climático.
Desde 1999 el Banco Mundial aportó 672 millones de dólares para 43 proyectos mexicanos destinados a desarrollar experiencias de economía baja en carbono, eficiencia energética, energías renovables, transporte sustentable y calidad del aire.
Pero los resultados de esos proyectos y la transparencia con que ejecutan los fondos las autoridades mexicanas están bajo señalamientos de organizaciones de la sociedad civil.
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El Banco Mundial cuenta con políticas de salvaguardia para "impulsar enfoques de desarrollo sostenible en términos ambientales y sociales, al tiempo que garantizan que tales actividades no perjudiquen a personas o el medioambiente", según afirma en su sitio web.
En ese capítulo está la evaluación ambiental de cada propuesta de préstamo y las correspondientes salvaguardias de bienes culturales, zonas en disputa, bosques y silvicultura, población indígena, aguas internacionales, reasentamiento involuntario, hábitat naturales, gestión de plagas y seguridad de represas.
Las evaluaciones de esas políticas "demostraron qué pobre labor hace (el Banco) en el monitoreo de la ejecución de medidas de mitigación de riesgos sociales y ambientales", dijo a Tierramérica el politólogo Vince McElhinny, del no gubernamental Bank Information Center, con sede en Washington.
Los comentarios de McElhinny se refieren al examen del Grupo de Evaluación Independiente sobre el desempeño de la Corporación Financiera Internacional, la rama del Grupo Banco Mundial encargada de financiar al sector privado.
El informe "Assessing International Finance Corporation Poverty Focus and Results" (Evaluación de la atención a la pobreza de la Corporación Financiera Internacional y sus resultados), divulgado el 3 de este mes, sostiene que en menos de la mitad de los proyectos revisados se hallaron pruebas de la inclusión de aspectos distributivos y de pobreza en los objetivos, características de los beneficiarios previstos o seguimiento de impacto.
"Mientras mayor sea el número de características de la pobreza que un proyecto aborda, mayor la posibilidad de alcanzar resultados positivos", cita en sus recomendaciones el análisis del Grupo de Evaluación Independiente, establecido por el propio Banco para evaluar sus operaciones.
En respuesta a ese reporte, Adriana Gómez, coordinadora de comunicación de la Corporación Financiera Internacional, reconoció que "no hemos sido consistentes en establecer con anticipación el impacto esperado en la reducción de la pobreza de nuestros proyectos".
"En adelante, será fundamental que la Corporación articule mejor las dimensiones relacionadas con el impacto en la reducción de la pobreza de sus proyectos. La Corporación está avanzando hacia el desarrollo de metas de impacto social y de acceso a servicios en sectores tales como salud y cambio climático", se explayó Gómez.
En cambio, en los préstamos que el Banco otorga a países de ingresos bajos y medios, se establecen indicadores asociados a las metas establecidas. "En general, este esquema permite revisar los avances y, en caso que se estime que alguna meta no se lograría, se discuten mecanismos de corrección con las contrapartes del gobierno correspondiente", explicó Saltiel.
McElhinny cree que el Banco "dependerá crecientemente de los propios sistemas de los países para monitorear y evaluar las inversiones".
"No se sabe si el resultado de ese proceso fortalecerá o no la reputación del Banco en (materia de) resultados. Pero si las salvaguardias se debilitan y no hay en contrapartida una capacidad fortalecida de los países prestatarios, el resultado podría ser una menor rendición de cuentas", agregó.
Un aspecto clave se develará este año en el capítulo energético.
Como parte del proceso de reformas del organismo multilateral, el Directorio Ejecutivo del Grupo Banco Mundial debe discutir y publicar la versión final de su nueva estrategia energética, que fue sometida a consultas públicas en 2010.
Trece organizaciones no gubernamentales de América recomendaron incluir los derechos de las comunidades indígenas y poner énfasis en las fuentes limpias y renovables y procedimientos que aseguren transparencia en la elaboración, ejecución y rendición de cuentas de los proyectos.
"Los miembros del Comité sobre Efectividad del Desarrollo del Consejo de Directores Ejecutivos coincidieron en la necesidad de más tiempo para revisar el documento en detalle", indicó a Tierramérica el portavoz del Banco, Roger Morier. En consecuencia, se pospuso la difusión de la política energética, clave por sus vínculos con el cambio climático.
En la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16), celebrada en diciembre en México, se acordó crear el Fondo Verde para el Clima, con el compromiso de nutrirlo con 30.000 millones de dólares en 2012 y de 100.000 millones anuales para 2020.
Esos recursos se destinarán a asistir a los países pobres a adaptarse a las consecuencias del recalentamiento, dramáticas en algunos casos, y a desarrollar economías bajas en carbono. El Banco Mundial está encargado de administrar el fondo en los primeros tres años, bajo reglas de la Convención sobre el Cambio Climático.
El Comité de Transición encargado de diseñar el Fondo Verde ‒que integran representantes de 15 países industriales y de 25 en desarrollo‒ delineó en su primera sesión su plan de trabajo y los términos de funcionamiento.
* Este artículo fue publicado originalmente el 21 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
