«Mi hermano fue asesinado y seguimos siendo víctimas de amenazas y acoso, por eso hicimos la denuncia» ante el comité del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, América Central y Estados Unidos (DR-Cafta), dijo el líder sindical guatemalteco Noé Ramírez.
Ramírez, del Sindicato de Trabajadores Bananeros de la nororiental departamento de Izabal, busca justicia por la muerte de su hermano Marco Tulio, ex miembro de la misma organización, ocurrida en septiembre de 2007 y cuya investigación "no presenta ningún avance", como explicó a IPS.
Añadió que la demanda también busca reivindicar el respeto de los derechos laborales en Guatemala, puesto que "muchas empresas no cumplen con sus obligaciones como la seguridad social". "Nos la cobran, pero no pagan al seguro social", aseguró.
Los países centroamericanos involucrados en este acuerdo, que entró en vigor en 2006 en casi todos los estados firmantes, son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
El DR-Cafta, como se le conoce por sus siglas en inglés, contempla un capítulo laboral donde sus miembros se comprometen a cumplir con la legislación respectiva, a difundirlas y a brindar a los trabajadores un "acceso adecuado" a los tribunales de justicia.
[related_articles]
Pero Guatemala no está cumpliendo en este aspecto, según sindicalistas.
Seis organizaciones, entre ellas el sindicato bananero, denunciaron en abril de 2008 ante el comité del DR-Cafta varios atropellos laborales, entre ellos, la muerte de Ramírez y de otro sindicalista. Los hicieron mediante la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés).
Según la AFL-CIO, esto demuestra la violación de derechos humanos, así como del capítulo laboral del DR-Cafta, el cual reconoce la libertad de asociación y sindical, y el derecho de negociación colectiva contenidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1998.
La denuncia tuvo eco e incluso provocó la reacción de la secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton. "No estamos satisfechos (con Guatemala), estamos considerando dar el próximo paso (activar la solución de controversias)", declaró a principios de marzo ante la comisión de adjudicaciones del Senado.
Mientras, el país corre para enmendar los abusos laborales y evitar así que se active el mecanismo de solución de controversias, que podría conllevar una multa de 15 millones de dólares por incumplir con lo pactado en el DR-Cafta.
El embajador guatemalteco en Washington, Francisco Villagrán, planteó el 18 de marzo el fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo, el seguimiento a las órdenes judiciales y la protección de los empleados de las maquilas (zonas francas industriales), entre otros aspectos.
"Para nosotros no es tan importante que se penalice a Guatemala con 15 millones de dólares, pero sí que se hagan cumplir las leyes laborales en el país", dijo a IPS David Morales, de la Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentación, Agroindustria y Similares.
El dirigente cree que "en el país, como en América Central, se mantiene el estado de represión contra los sindicatos", lo cual obligó a plantear esta demanda a través de la AFL-CIO.
La denuncia incluye, además del asesinato de dos sindicalistas, otros tres casos de abusos por despidos injustificados, malas condiciones laborales y el no pago de horas extras de parte de empresas guatemaltecas que exportan sus productos a Estados Unidos.
"Guatemala se comprometió al sistema de aplicación de justicia laboral para que se aprobara el tratado, entonces el país debería dar pasos positivos en la aplicación de la justicia y en el respeto a la libertad sindical y negociación colectiva", dijo.
Morales acusó a las autoridades de falta de voluntad política para aplicar la ley. "El Ministerio de Trabajo tiene todo el poder de coerción, pero tienen un montón de sanciones en los tribunales de trabajo que no han sido aplicadas", dijo.
Los resultados de la impunidad saltan a la vista. Rosa Mazariegos relató a IPS que en 2005, cuando recién habían organizado un sindicato en la empresa de productos congelados internacionales (Inprocsa) para la que trabajaba, fueron acosados por los propietarios.
"Nos hacían trabajar demás, en malas condiciones y luego comenzaron los despidos", detalló.
Mazariegos, madre de cinco niños, fue despedida y obligada a buscar otro empleo. "El trabajador no importa aunque no tenga que comer, lo despiden con tal de deshacer las organizaciones sindicales", criticó.
Por el contrario, Rolando Figueroa, asesor legal de la empresarial Comisión de la Industria de Vestuario y Textiles, comentó a IPS que "el país ha respondido, en cierta forma, a todos los cuestionamientos hechos por Estados Unidos".
La creación de más juzgados de trabajo y de una oficina de control y fiscalización para el cumplimiento de las órdenes judiciales, y el cierre legal de empresas de vestuario y textiles durante 2011 son algunos de los avances mencionados por el abogado.
Figueroa sostuvo que, por ahora, "no existe una demanda en contra del estado de Guatemala en el marco del Dr-Cafta. Lo que tenemos es un proceso de consultas laborales cooperativas entre el gobierno de Estados Unidos y el de Guatemala derivado de una denuncia".
Sin embargo, no descartó que si Guatemala no aclara las consultas realizadas por Estados Unidos, la demanda pueda llegar al siguiente paso, un mecanismo de solución de controversias.
"Ese sí es el comienzo de una demanda en el cual se nombra un comité arbitral donde hay plazos para resolver y una posible sanción económica" Figueroa.
El gobierno estadounidense no tiene plazos para darse por satisfecho ante las consultas realizadas a Guatemala, cuyas autoridades esperan que con las acciones planteadas el asunto quede aclarado.
