El Estado mexicano está a las puertas de quedar nuevamente en la picota internacional por el trato vejatorio que reciben los miles de inmigrantes que atraviesan su territorio cada año rumbo a Estados Unidos.
El Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios expondrá este viernes en su sede de Ginebra sus conclusiones sobre el segundo examen periódico de México, al término de su 14 Sesión que comenzó el lunes.
"Esperamos que la comunidad internacional exija al gobierno no solamente que cumpla con los protocolos internacionales sino también con la creación de un sistema de protección de atención a inmigrantes en tránsito", dijo a IPS José Manzo, coordinador del no gubernamental Centro de Derechos Humanos Beato Juan Bautista Scalabrini.
Esa entidad no gubernamental administra la Casa del Migrante Nazareth en Nuevo Laredo, una ciudad fronteriza con Estados Unidos ubicada en el nororiental estado de Tamaulipas. La católica Congregación de los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos comenzó en 1985 a ayudar a los emigrantes e inmigrantes y en 1998 creó una red de seis albergues en este país y Guatemala.
Unos 500.000 latinoamericanos cruzan México cada año en camino hacia Estados Unidos, según organizaciones no gubernamentales y expertos. Su destino navega entre asaltos, violaciones, secuestros y extorsiones a manos de policías y bandas criminales que usualmente actúan en connivencia.
El camino de los inmigrantes latinoamericanos discurre por los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas, una franja oriental de sur a norte de México. En ese trayecto, el gobierno ha ubicado 25 sitios de riesgo para los extranjeros de paso.
"Esperamos un pronunciamiento fuerte. La situación de los inmigrantes es muy difícil y poco ha cambiado en los meses recientes", cuestionó ante IPS Alberto Donis, activista del albergue "Hermanos en el camino", fundado en el municipio oaxaqueño de Ixtepec por el sacerdote Alejandro Solalinde director de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Diócesis de Tehuantepec.
Solalinde, uno de los más aguerridos defensores de los inmigrantes, asistió junto a delegados de otras organizaciones humanitarias a la 14 Sesión del Comité, que controla el cumplimiento de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada en 1990 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ocho entidades mexicanas e internacionales enviaron informes a los 14 expertos independientes del organismo, cuyo común denominador fueron los vejámenes a los inmigrantes, las amenazas a los defensores de sus derechos, el estado de los centros de detención de extranjeros y el combate a la impunidad.
Los últimos meses han sido trágicos para los inmigrantes irregulares. En agosto pasado, 72 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, fueron asesinados en la localidad de San Fernando, en Tamaulipas, por miembros de la organización delictiva Los Zetas, que domina el secuestro de personas sin documentos.
En diciembre, otros 40 indocumentados fueron secuestrados en Oaxaca, sin que aún haya indicios sobre su paradero.
La gubernamental pero autónoma Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó 214 secuestros masivos, con 11.333 víctimas involucradas, entre abril y septiembre de 2010.
Compuestos por mexicanos, guatemaltecos y hondureños, 136 agrupaciones criminales trafican personas en la frontera sur de México, según el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.
Los abusos contra los indocumentados son parte de una seria cadena de violaciones a los derechos humanos en esta nación latinoamericana con 112 millones de habitantes, junto a las amenazas a los promotores de derechos humanos, la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.
"Lamentablemente, no hemos visto ningún cambio. Si bien existe voluntad política del gobierno, no han dado respuesta mediante acciones concretas para investigar adecuadamente los secuestros y las amenazas a los defensores de los inmigrantes", resaltó Manzo.
En Ginebra, la delegación mexicana argumentó que la mayor amenaza para los inmigrantes proviene del crimen organizado, pero los activistas también vinculan a agentes federales, estatales y municipales.
Casi 12.000 extranjeros fueron rescatados por autoridades federales entre enero de 2009 y diciembre pasado, lapso en el que se iniciaron 2.160 investigaciones judiciales por el delito de tráfico de indocumentados y unas 2.400 personas quedaron sujetas a procesos penales, según datos de la Procuraduría (fiscalía) General de la República.
El Comité de la ONU planteó 27 preguntas a la delegación mexicana sobre temas como la ley de Migración, la investigación de la matanza de Tamaulipas, las estaciones de detención de inmigrantes indocumentados, los menores no acompañados, la trata de personas y los trabajadores extranjeros sin documentación requerida.
"El flujo migratorio sigue, a pesar de lo que ha ocurrido. El secuestro disminuyó en Oaxaca, pero se mantiene en Veracruz y Tamaulipas, y lo mismo pasa con la extorsión", aseguró Donis, quien ha sufrido amenazas junto a Solalinde por su labor en el albergue.
México deportó el año pasado a 63.642 centroamericanos, en su mayoría guatemaltecos y hondureños, mientras que en lo que va de 2011 han sido devueltos a sus países de origen 8.316 personas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de los Estados Americanos, enviará a México en julio al relator sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, el chileno Felipe González, para constatar la situación.
Durante su 141 periodo ordinario de sesiones realizado del 21 de marzo al 1 de abril en Washington, la Comisión escuchó las denuncias de varias organizaciones no gubernamentales sobre el maltrato que padecen los inmigrantes indocumentados.
En febrero, el Senado aprobó la ley de Migración que reconoce los derechos a la educación y la salud, así como crea una visa de tránsito para ellos, pero que mantiene ligada la cuestión al enfoque de seguridad nacional. Ese proyecto legal pasó a manos de Diputados para su aprobación final.
Desde este viernes regirá en la Ciudad de México la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana, que estipula que la migración es un derecho humano y por lo cual ninguna persona será considerada ilegal por su estatus migratorio o será discriminada por ser extranjera.
El Comité, delineado en la Convención vigente desde 2003, también analizó los casos de Guatemala, Argentina y Chile. El primer examen periódico de México data de 2006.
