La confederación empresarial vasca CONFEBASK confirmó a IPS la recepción de una carta de ETA en la que ese grupo separatista armado anuncia la «cancelación del impuesto revolucionario» que le exigió sin interrupción en los últimos 40 años.
La CONFEBASK agrupa a 13.000 compañías de las tres provincias del País Vasco: Álava, Vizcaya y San Sebastián.
Horas antes, las organizaciones empresariales de la norteña comunidad española de Navarra, que sufrían los mismos chantajes, habían informado en rueda de prensa haber recibido una misiva similar procedente de Francia, en la que ETA (Euskadi ta Askatasuna, "Patria Vasca y Libertad" en vascuence) explicaba que el fin de la extorsión era parte del "alto el fuego" que declaró unilateralmente el 10 de enero.
El cese del fuego, que ya lleva cuatro meses, y la expresa condena a la violencia por parte de la centroizquierdista Batasuna (brazo político de ETA), así como de otras organizaciones nacionalistas vascas como Bildu y Sortu, que pretenden legalizarse y presentarse en las próximas elecciones, están generando expectativas de paz en toda España.
No obstante, permanece la desconfianza en amplios sectores de la población y en la mayoría de los partidos políticos, que aún tienen bien presente cómo terminó la anterior tregua de 2006.
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El 30 de diciembre de ese año, después de nueve meses de conversaciones con el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ETA olvidó su promesa de "alto al fuego permanente" y perpetró un atentado contra la Terminal 4 del Aeropuerto Madrid-Barajas.
Aquel ataque, en el que entre 300 y 500 kilos de explosivos arrasaron las cinco plantas de estacionamiento, matando a dos trabajadores ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio— e hiriendo a 30 personas, hundió en el descrédito a los emisarios etarras y supuso el final de cualquier diálogo que no tuviera como requisito la entrega de las armas y la disolución de la organización terrorista.
De la misma forma violenta terminaron otras conversaciones con ETA llevadas a cabo por todos los gobiernos democráticos desde que falleció el dictador Francisco Franco en 1975.
En ninguna de aquellas conversaciones y treguas, sin embargo, el grupo terrorista interrumpió o suspendió lo que denominaba "impuesto revolucionario" que, a través de Francia y por medio de una sofisticada red de intermediarios y falsas sociedades en paraísos fiscales, cobraba a numerosos empresarios del País Vasco y Navarra bajo la amenaza de muerte a ellos y a sus familiares o acciones violentas contra sus bienes.
Desde que ETA cometió su primer atentado en junio de 1960 una bomba en la estación de ferrocarril de San Sebastián que mató a la bebé de 18 meses Begoña Urroz—, intentó cubrir sus gastos por medio de asaltos a entidades bancarias.
Aquél método le acarreó riesgos y detenciones. Diez años después lo abandonó y montó una red de extorsión a grandes, medianas y hasta pequeñas empresas, a la vez de realizar numerosos secuestros, algunos de los cuales terminaron con la muerte del cautivo.
En diciembre de 1970, el cónsul alemán Eugenio Beihl se convirtió en el primer secuestrado, y a él le siguió una lista de 76 personalidades que, en rescates, le proporcionaron al grupo terrorista 4.000 millones de las antiguas pesetas. Entre ellas figuraron el empresario Emiliano Revilla, quien estuvo como rehén 249 días, y Julio iglesias Puga, padre del cantante Julio Iglesias.
Las cartas recibidas por las organizaciones empresariales vasca y navarra, anunciando el fin de la extorsión, fueron reexpedidas por correo ordinario el 26 de este mes, tienen el matasellos de Francia y coinciden en su autenticidad y origen.
El gobierno autónomo vasco, administrado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con el apoyo parlamentario del centroderechista Partido Popular (PP), consideró que las cartas eran una buena señal, aunque exhortó a ETA a que anunciara de una vez por todas su disolución.
Además, alertó que había que "seguir manteniendo la guardia", lo que se interpretó como un consejo dirigido a centenares de políticos, empresarios y personalidades diversas bajo escolta permanente en el País Vasco, algunos de los cuales habían anunciado su intención de renunciar a la vigilancia ante el nuevo clima creado por la tregua. Menos optimista, el portavoz del PP en el País Vasco, Leopoldo Barrera, sostuvo que "lo único relevante sería la desaparición definitiva de ETA".
Por su parte, el presidente de Navarra y líder de Unión del Pueblo Navarro, Miguel Sanz, dijo a IPS que el comunicado de ETA era "un buena noticia", pero sostuvo que había que verla "con mucha cautela y en su contexto".
El contexto al que se refería es la debilidad del grupo terrorista y la intención de sus brazos políticos Batasuna, Sortu y Bildu— de participar en las elecciones municipales y autonómicas previstas para el 22 de mayo.
Los conocedores de los modos de actuar del grupo armado y de sus aliados "abertzales" (nacionalistas vascos) entienden que no es casual que la intención de los independentistas radicales de dejar las armas por la política y de cancelar el impuesto revolucionario coincidan con el momento de su mayor debilidad y descrédito.
Nunca, en sus 50 años de historia, se ha visto a ETA tan cercada como ahora. Más de 600 de sus militantes y cuadros dirigentes están en prisión, se han desarticulado sus intentos de reorganización en España, Francia y Portugal, muchos de sus escondites y arsenales han sido descubiertos y cada vez más empresarios se niegan a ceder a la extorsión.
