Apenas cuarenta días después de asumir el cargo, la primera mujer en Colombia en ejercer como fiscal general, Viviane Morales, adoptó una decisión que fue percibida como una señal de intenciones de llevar a la justicia las irregularidades de la Presidencia de Álvaro Uribe.
La fiscal general anunció que imputará de cargos y ordenará la detención de siete ex altos funcionarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de 15 beneficiarios, mientras avanzan las investigaciones contra 50 involucrados más.
Los acusados comienzan a responder ante la justicia desde este mes y tienen que presentarse a un tribunal penal donde la Fiscalía General presenta las imputaciones y solicita las detenciones y otras medidas de aseguramiento contra los acusados.
La medida del organismo encargado de la investigación y la acusación pública fue aplaudida especialmente por sectores civiles y sociales, por la especial sensibilidad que despertó el saber que unos dos millones 250.000 dólares fueron entregadas a destacadas familias de la costa norte del país, sin requisitos para recibir las ayudas no reembolsables.
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Quedan pendientes las decisiones sobre los exministros de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien ocupó la cartera durante los seis primeros años del gobierno del derechista Uribe (2002-2010), y su sucesor Andrés Fernández. Ambos gozan aún de fuero especial y la investigación de su participación tiene un procedimiento separado.
Morales, abogada, exparlamentaria y comentarista en diferentes medios, fue designada como Fiscal General en diciembre de 2010 a propuesta del presidente Juan Manuel Santos, con 14 votos de los 18 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Entre sus retos no está solo enfrentar la corrupción, sino disminuir la impunidad de los delitos, que oscila entre 90 y 98 por ciento según fuentes oficiales o no gubernamentales.
Además, tiene en su agenda la investigación de más de 2.000 asesinatos extrajudiciales que involucran unos 100 militares, según diferentes denuncias de organizaciones humanitarias.
Sin olvidar las interceptaciones telefónicas a magistrados, defensores de derechos humanos y periodistas, en hechos que involucran a exfuncionarios cercanos a Uribe.
Para combatir la corrupción, relacionada con frecuencia a la violación de derechos humanos, Morales contará con una aliada especial: Sandra Morelli, elegida en agosto como primera mujer al frente de la Contraloría General de la Nación, con 222 votos de los 268 integrantes del bicameral Congreso legislativo.
Los nombramientos de Morales y Morelli son destacados por activistas de género como un paso que comienza a hacer justicia al peso que las mujeres tienen en el desarrollo de Colombia, un país de 46 millones de habitantes donde ellas representaron 57 por ciento de los egresados universitarios, entre 2000 y 2010.
En otros espacios, miles de lideresas anónimas intentan defender a ellas mismas, sus familias y las comunidades de violencias cotidianas, sociales, sexuales y familiares, en un país con un conflicto armado de más de seis décadas "que exacerba la vulnerabilidad histórica de las mujeres", dijo a IPS la abogada defensora Luz Marina Monzón.
Hay mujeres que por defender esos derechos son amenazadas o excluidas "dentro de sus propias organizaciones" y soportan "actitudes discriminatorias de los hombres", mientras "las demás mujeres no apoyan sus reclamaciones" adecuadamente, explicó la especialista en litigios ante el sistema interamericano de derechos humanos.
Citó como ejemplo una denuncia a la que accedió en la ciudad noroccidental de Medellín. Una madre desplazada "tuvo que dejar su liderazgo en una junta comunal ante la amenaza de violación de su hija de 14 años". Antes, debió enfrentar a la administración local, que privilegiaba a los paramilitares desmovilizados sobre la comunidad.
El caso se conoció en 2010, durante el desarrollo de la Consultoría, Reparación para mujeres víctimas de violencia en el conflicto armado, de la no gubernamental Sisma Mujer.
Esa consultoría ratificó el desconocimiento de la voz y el liderazgo femenino, justificado con frecuencia por las propias mujeres. "Me equivoqué, no debí decirlo, no debí hacerlo, ellos tienen razón", dijo Monzón que es una afirmación recurrente.
También reflejó el caso de las madres de víctimas que persisten en saber de sus hijos desaparecidos y terminan mintiendo a sus parejas, porque las recriminan por "no acabar con ese tema". "Ellos están generalmente condicionados para superar, para vencer", expresó.
"Falta mucho para que las mujeres entiendan cual es la verdadera reivindicación de la perspectiva de género", consideró.
Además, las lideresas locales y las funcionarias de alto rango, juezas y fiscalas se enfrentan a otras manifestaciones de control masculino.
En 2010 la fiscal Ángela María Buitrago y la jueza María Stella Jara fueron víctimas de ese control, por las decisiones que adoptaron sobre la retoma por el ejército del Palacio de Justicia, cuando en 1985 fue asaltado por el ya extinto Movimiento 19 de Abril.
Monzón ensalzó a Buitrago por "su valentía e independencia ética" y "por devolver la credibilidad en la justicia". Añadió que los militares hicieron una fuerte campaña para desacreditarla, y el fiscal encargado Guillermo Mendoza realizó declaraciones sobre su labor "con críticas con un sesgo discriminatorio" de género.
Buitrago fue destituida pocos días después de requerir en indagatoria a tres generales retirados, por la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Urán, uno de los 11 miembros de la Corte Suprema que resultaron muertos en la retoma, entre 55 víctimas fatales.
En sus afirmaciones públicas, Mendoza acusó a Buitrago de "que no trabajaba lo suficiente y que estaba parcializada",citó Monzón. "Esto no lo hubiera hecho con un hombre", planteó al recordar que cuando se saca a los varones se usan razones como "cambios en la plantilla o reorganización".
La jueza Jara tenía orden de protección por parte del gobierno, demandada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero tuvo que salir del país por las amenazas recibidas tras condenar al coronel Alfonso Plazas por homicidio, en el mismo caso.
En la actualidad los ojos del movimiento organizado de mujeres están puestos sobre la labor de Morales y Morelli.
"Abogadas y académicas sin mácula", opinó a IPS Ximena Castilla, abogada de derechos humanos, especializada en casos que afecten a las mujeres y actual defensora de Piedad Córdoba, inhabilitada como senadora en primera instancia bajo la acusación de colaboración con la guerrilla izquierdista. Monzón comparte esa opinión. "Solo por ser mujeres no concluiría nada. Por su trayectoria las respeto, y espero que entiendan el enorme significado que representa liderar cuestiones fundamentales para el país", aseguró.
Más radical se muestra la exministra y exsenadora liberal Cecilia López, quien asegura que la "única forma de lograr cambios sustantivos será cuando las mujeres lleguen al poder".
Un objetivo que no parece cercano pese a los altos nombramientos, en un país con una de las peores tasas de participación femenina de América Latina en el Poder Legislativo, según estadísticas de la Unión Interparlamentaria Mundial, que indica que en promedio las legisladoras en las dos cámaras solo suman 15,7 por ciento del total.
*/Atención editores: El presente artículo corrige varios párrafos del despacho transmitido el 22 de febrero, con el fin de aclarar conceptos emitidos en el mismo por la abogada Luz Marina Monzón, a pedido de la fuente.
