En Brasil ocurre un proceso de «contrarreforma» agraria, opinó el activista João Pedro Stédile, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
En el último período del gobierno de Lula, muchos procesos de expropiación de latifundios se frenaron en la justicia.
Además, "la crisis internacional del capitalismo tuvo un efecto contrario en Brasil puesto que, para protegerse, los capitalistas internacionales corrieron a Brasil para invertir en la compra de tierras y en proyectos energéticos", describió el dirigente. Para Stédile, se generó así una "lógica perversa" en la agricultura, que disputó la compra de latifundios improductivos y acabó por concentrar más la propiedad. "Hay un proceso de contrarreforma agraria en Brasil", insistió.
Los datos oficiales más recientes datan de 2006. El Censo Agropecuario de ese año, divulgado en 2009 por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), muestra que en las últimas dos décadas persistió casi inalterada la concentración de la propiedad agraria.
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De acuerdo con el IBGE, mientras los establecimientos rurales de menos de 10 hectáreas ocupaban 2,7 por ciento del área agropecuaria, las haciendas de más de 1.000 hectáreas concentraban 43 por ciento del total.
Cerca de 5,2 millones de propiedades agropecuarias ocupaban 36,7 por ciento del territorio nacional.
"La concentración ahora es más grande que en 1920, cuando estábamos recién salidos de la esclavitud. Esperamos que el gobierno de Dilma (Rousseff) cambie la política agraria, y que empiece con el Incra", dijo Stédile a IPS.
En este mes de abril, el MST busca recolocar en la agenda política la reforma agraria, olvidada en la campaña electoral de 2010, que culminó con la elección de la actual mandataria Rousseff.
Cada año, el "abril rojo" marca el aniversario de la masacre de Eldorado dos Carajás, cometida en el norteño estado de Pará el 17 de abril de 1996, cuando 19 campesinos fueron asesinados por la policía militar en una movilización de unos 1.500 trabajadores rurales desarmados que protestaban por la lentitud de la expropiación de grandes latifundios improductivos.
Así abril se transformó en el período anual en el que el MST se dedica a una campaña de demandas sobre distribución de tierras en Brasilia, además de protestas en más de 20 estados y 100 ocupaciones de latifundios.
El MST asegura tener 20.000 miembros en todo Brasil y actuar junto a unas 60.000 familias campesinas en la presión por el reparto de predios agrarios.
Este mes, además, Celso Lisboa de Lacerda asumió como nuevo presidente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), órgano federal responsable de coordinar el reparto de tierras y los asentamientos.
El ingeniero agrónomo Lacerda, investido en una ceremonia en Brasilia, dijo que intentará cambiar el imaginario popular de que la reforma agraria es sinónimo de conflictos, y buscará desarrollar un mecanismo de producción de alimentos en los asentamientos.
"El gran desafío sigue siendo resolver la cuestión de la reforma agraria, y el combate de la pobreza extrema en el campo es una misión importante. Al inicio del mandato del presidente Lula, hubo un marco (establecido) para la reforma que, hasta entonces, era sólo una mera distribución de tierra", dijo Lacerda a IPS.
Con una trayectoria de inserción en los movimientos sociales, el nuevo presidente del Incra defiende la participación de entidades como el MST en la construcción de políticas públicas y en "un diálogo franco, sincero y transparente, sin crear ilusiones".
En su primer año de gestión, Lacerda pretende establecer metas y crear estructuras de monitorización y control de las políticas, al paso de ampliar el tamaño del Instituto, que hoy cuenta con 30 superintendencias y cerca de 6.000 funcionarios.
Aun insuficiente, el presupuesto del Instituto para 2011 es de unos 4.000 millones de reales (casi 2.400 millones de dólares).
El presidente del Incra reconoció la morosidad de la expropiación de predios improductivos —a ser afectadas para la reforma agraria— que puede llevar hasta 15 años.
"Es un proceso muy precario, complejo y de disputas. A veces las propiedades quedan bajo juicio por 15 años. Hacemos lo que se puede, esta es la verdad desnuda", admitió Lacerda.
Actualmente, unas 100.000 familias viven en campamentos informales a la espera de tierras y cerca de 500.000 ya fueron asentadas, según datos del MST. Pero el movimiento plantea que en todo Brasil con una población de 190 millones de habitantes— viven más de cuatro millones de familias sin tierra.
Stédile criticó la "inoperancia" del Incra, agravada por casos de corrupción que aparecieron en las superintendencias. Pero, en diálogo con IPS en Río de Janeiro, el líder del MST subrayó que el nuevo gobierno de Rousseff puede abrir una brecha para que la entidad se revitalice.
"En los últimos tres años, el Incra se transformó en un órgano inoperante, ineficaz y con graves casos de corrupción. La mayoría de los superintendentes fueron nombramientos de corrientes partidarias. Tenemos esperanza de que el nuevo presidente cumpla con el compromiso social y con la formación técnica", afirmó Stédile.
Los movimientos sociales también ven con esperanza la prioridad de combate a la pobreza, definida por la presidenta.
"Combatir la pobreza en el medio rural es necesariamente tener el derecho de acceso a la tierra. No se trata sólo de resolver problemas puntuales de emergencia. Tenemos que concebir otro programa de reforma agraria que combine, al mismo tiempo, la expropiación, la instalación de agroindustrias y la universalización de la educación", sostuvo.
