Crecen los temores de que en los próximos meses Grecia afronte nuevas dificultades para responder a sus obligaciones de deuda, pese al ambicioso plan de ajuste estructural que introdujo el gobierno.
Por miedo a un colapso económico tras el golpe de la crisis financiera internacional, este país aceptó un paquete de asistencia económica por 110.000 millones de euros del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Unión Europea (UE) para poder pagar sus deudas.
El préstamo efectivamente desconectó a este país de los mercados financieros internacionales hasta 2014.
A cambio, Atenas debió adoptar un severo programa de ajustes estructurales, supervisado por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, con el objetivo de abrir su mercado a la competencia.
Desde mayo pasado, el gobierno ha adoptado importantes cambios legislativos: redujo los salarios en el sector público, flexibilizó el mercado laboral, reestructuró las cuentas estatales y reformó el sistema de pensiones.
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Además, las autoridades griegas detuvieron la devolución de impuestos, pospusieron pagos a pensionistas y recortaron los fondos públicos para servicios sociales secundarios, todo con el objetivo de disminuir gastos.
El gobierno también implementó nuevos impuestos y apoyó una severa legislación contra la evasión fiscal con la esperanza de recuperar la economía. El plan hasta ahora no ha funcionado.
Si bien la reducción del gasto ha ayudado a disminuir el déficit fiscal seis por ciento, el gobierno ha quedado lejos de las demandas de la UE. Mientras, la economía se ha achicado 4,5 por ciento, aunque fuentes de IPS en el Banco Nacional Griego admitieron que, en los últimos seis meses, la contracción llegaría a siete por ciento.
Mientras, el instituto de investigación laboral del GSEE, el mayor sindicato del país, predijo que el desempleo crecería a 22 por ciento para fines de este año.
Savvas Robolis, director de investigaciones del instituto y profesor de Economía y Políticas Sociales en la ateniense Universidad Panteio, señaló que los ingresos no se recuperarían a pesar de los esfuerzos gubernamentales.
"Los ingresos por vía del Impuesto al Valor Agregado se reducirán mientras haya disminuciones de salarios en el sector público, se detenga los pagos y desaparezcan los créditos baratos", explicó a IPS.
"Los impuestos directos no solucionarán el problema, ya que hay sistemáticas dificultades en el sistema impositivo. El Estado siempre pidió prestado para cubrir el déficit", añadió.
A pesar de los crecientes temores de que la política de desregulación sea ineficaz, el ministro de Finanzas, George Papakostadinou, presentó un plan actualizado para ahorrar otros 22.000 millones de euros para 2015, dos tercios de los cuales provendrán de reducciones de gastos y el resto de impuestos y privatizaciones.
Las obligaciones griegas, que expiran en 2013 y 2014, podrían llegar a 150.000 millones de euros, a menos que Alemania logre una extensión del plazo de pago a la UE, propuesta que muchos defienden en Bruselas.
La actual situación incrementa los temores de que Europa sea incapaz de evitar nuevas crisis de deuda. La controversia ha polarizado a la mayor parte de los países de la UE, y por eso la próxima cumbre del bloque el 25 de este mes será de importancia fundamental.
En Grecia, la crisis también causa turbulencia política. El primer ministro Georgios Papandreou pierde el frágil consenso que había obtenido para seguir adelante con las reformas. El 23 de febrero, la décima huelga general en 13 meses fue acompañada por violentos disturbios.
Un gran desafío proviene ahora de su propio partido. La ministra de Trabajo, Nora Katseli, defendió los contratos colectivos como "el mejor mecanismo posible de redistribución, ya que podría asegurar la competitividad en el mercado", a pesar de la enorme presión de la UE para su desregulación y la promoción de contratos individuales.
Sofia Sakarofa fue una de los dos legisladores del partido gobernante que se negó a votar a favor del rescate del FMI y de la UE. Como consecuencia, fue expulsada de esa fuerza política.
"El rescate ha sido una forma de salvar los intereses de la oligarquía financiera y económica que chantajea a este país", había dicho.
Sakorafa cree que formar un Comité de Cuentas Públicas encargado de revisar y reformar la deuda griega es el mejor camino para resolver el complicado problema.
"El propósito del comité", explicó Sakorafa, "sería "construir una herramienta institucional que reúna a expertos internacionales y examinen la deuda del gobierno central para verificar cuánto ésta se ha creado por procedimientos irregulares, acuerdos ilegales y relaciones clientelistas".
"La llamada deuda odiosa es un monto al que el pueblo griego tiene el derecho político a negarse a aceptar como una obligación ante los mercados financieros internacionales", añadió.
