Crece la movilización social contra la explotación aurífera en Colombia, una actividad en manos de firmas transnacionales que llevó al país a ser el más contaminado con mercurio del mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.
"El desarrollo, la inversión extranjera, la generación de empleos o promesas de bienestar para vecinos de la zona de explotación no pueden ser argumentos para arriesgar la riqueza hídrica de nuestros páramos", advirtió la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).
Esta entidad comunicó al gobierno de Juan Manuel Santos su férrea oposición al Proyecto Minero Angostura, para extraer oro y plata a cielo abierto durante 15 años, a cargo de la firma canadiense GreyStar en el Páramo de Santurbán, en el norteño departamento de Santander.
"No apoyamos una intervención que causará daños irreparables e irreversibles", dijo vía telefónica a IPS Erwing Rodríguez, director de la asociación de comerciantes en Bucaramanga, la capital departamental.
Adhieren a este reclamo la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la Sociedad de Mejoras y otras organizaciones sociales. "Todos nos oponemos a miradas corto de plazo", enfatizó Rodríguez.
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La empresa GreyStar rechazó que el proyecto afecte el ambiente. "Lo mismo me dijo hace 20 años la (firma estadounidense) Drummond", respondió el ex ministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez en un foro público realizado en Bucaramanga.
El ex funcionario aludió así a los daños ambientales confirmados en el norteño departamento de Cesar debido a la extracción de carbón por parte esta empresa, desastres que suman a las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos contra la población del lugar y los trabajadores mineros.
Precisamente, esas violaciones motivaron demandas en Colombia y en Estados Unidos y formaron parte de las objeciones para que finamente no se concretara el tratado de libre comercio entre los dos países.
"Es emocionante que por primera vez un conglomerado con participación de las clases media y altas, sectores sociales, agrupaciones políticas de izquierda y ambientalistas se reúnan alrededor de un solo objetivo, como es la protección del agua", señaló a IPS el geólogo Julio Fierro Morales.
El movimiento social en Santander se agrega a la perseverancia de ecologistas del central departamento de Tolima contra la intervención de la empresa sudafricana AngloGold en el municipio de Cajamarca.
"Ha sido un trabajo constante", comentó a IPS por teléfono Evelio Campos, director de la no gubernamental Ecostierra.
La estrategia es divulgar ampliamente los efectos devastadores de la minería en la red hídrica, con 160 fuentes de agua y ecosistemas aledaños, como páramos, bosques de niebla y forestales.
"Visitamos las veredas (parajes) para explicar a la gente el daño ecológicos, sociales y económicos que causaría la explotación", indicó Campos.
Este tipo de información es ampliada a través de un programa radial de media hora diaria y otro semanal, también de media hora, que va por el canal de televisión de Ibagué, la capital de Tolima.
"Este mes iniciamos una carrera en gestión ambiental en la estatal Universidad del Tolima", agregó Campos.
También se registran movilizaciones sociales en los Páramos de Nuevo Colón y Vijagual, en el nororiental departamento de Boyacá.
"Otro ejemplo esperanzador es la movilización de indígenas embera y afrodescendientes contra la explotación de oro en el Cerro Careperro por paarte de la compañía estadounidense Muriel Mining", explicó Fierro.
La Corte Constitucional ya ha dictado "sentencia a favor de indígenas, campesinos, negros y otros ciudadanos que se oponen a las intervenciones mineras de manera valiente, digna", resaltó Fierro.
Movilizaciones que incluyen el sur de Bogotá contra intervenciones contaminantes por parte del ejército en predios de la Escuela de Artillería, la diócesis católica de Bogotá con su Fundación San Antonio y firmas trasnacionales como Cemex, de México, y Holcim, de Suiza.
Este tipo de denuncias y protestas ya son antiguas en Colombia, que ocupa lugar destacado en el mundo por su biodiversidad y que hasta mediados del siglo XX fue uno de los principales exportadores de oro del mundo.
Esa actividad aurífera "decayó luego en concordancia con la situación mundial, de manera correlativa con el aumento de la contaminación", explicó Fierro
Colombia conserva las mayores reservas carboníferas de América Latina, además de poseer plata, platino, esmeraldas, níquel, cobre, hierro, manganeso, plomo, zinc y titanio. También explota sal terrestre y marina, gravas, arenas, arcilla, caliza, azufre, talco, yeso, roca fosfórica y rocas ornamentales.
Todas estas riquezas naturales atrajeron a inversionistas extranjeros en la última década, favorecidos por el Código de Minas expedido por el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).
"Animados después con la promoción exitosa del gobierno siguiente, de Álvaro Uribe (2002-2010), que tuvo desatacada presencia en ferias mineras de todo el mundo en las que aseguraba que el conflicto social había terminó, lo cual permitiría el desarrollo minero", añadió Fierro.
Colombia ha expedido cerca de 10.000 títulos mineros, 4.000 de los cuales ya están en explotación, sin control suficiente por parte del gobierno, según los ambientalistas. Esta irregularidad es reconocida por las autoridades "al afirmar que hasta ahora solo 40 funcionarios pueden verificar el cumplimiento de los controles mineros, lo que es insuficiente", precisó.
El Ministerio de Minas y Energía anunció a comienzos de este mes una reforma que permita aumentar el control en la minería, en especial en la informal e ilegal que se realiza en distintas regiones, motivadas por condiciones de extrema pobreza y falta de incentivos para la agricultura.
Es una actividad muy peligrosa. La Cámara Colombiana de Minas registró en 2010 la muerte de 134 mineros, mientras que ya fallecieron 27 en lo que va del año en dos explosiones en minas de carbón.
"Lo mejor sería impulsar un referendo popular que permita un nuevo Código de Minas, con políticas favorables al país, la conservación de su riqueza natural y humana. Se necesitan cambios profundos que no llegarán por iniciativa legislativa o gubernamental", concluyó Fierro.
El escenario para impulsar el referendo sería la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, que surgió en febrero de 2010 agrupando a más de 50 organizaciones sociales colombianas.
