Dependiendo de cómo se los asuma, los cambios de competencias sobre protección de la niñez y la adolescencia en Ecuador, que pasan de la órbita de los municipios a las provincias, pueden fortalecer o debilitar el movimiento en favor de los derechos de la minoridad.
Esa fue una de las conclusiones de los foros de la sociedad civil que el Observatorio de los Derechos de la Infancia (ODNA) realizó en Guayaquil, Quito y Cuenca, las tres mayores ciudades de Ecuador. Este organismo de control social nació de una coalición de organizaciones no gubernamentales.
El temor es que los cambios de jurisdicción hagan retroceder los buenos resultados de los últimos años, que muestran un claro descenso de la desnutrición y del trabajo infantil, así como aumentos en la cobertura educativa, según lo comprobado por la Primera Encuesta Nacional de Niñez y Adolescencia, llevada adelante por el ODNA en 2010.
Especialmente bueno es el descenso de la desnutrición crónica (baja talla para edad), que, de afectar en 1998 a 33 por ciento de los niños y niñas menores de cinco años, bajó en 2010 a 22 por ciento, mientras que la desnutrición global (bajo peso para edad) para el mismo grupo de edad y el mismo período descendió de 11,4 a 6,1 por ciento.
La encuesta dio cuenta de que 38 por ciento de la población ecuatoriana son niñas, niños y adolescentes. Tres de cada cuatro de ellos viven en las ciudades. Por regiones, en la Costa vive 51 por ciento, en la Sierra 43 y en la Amazonia el restante seis por ciento. Además, se detalla que 83 por ciento viven en hogares blancos/mestizos, 10 por ciento indígenas y seis por ciento afroecuatorianos.
Los niños y niñas de 11-12 años que no asistían a la escuela en 2004 llegaban a 7,5 por ciento del total, mientras que en 2010 solo fueron 3,4 por ciento.
La encuesta, realizada para medir los resultados de la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia 2007-2010, fue financiada por un consorcio de organizaciones integrado por Save the Children (Salven a los Niños), Care, Plan Internacional, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Junto con los resultados y los desafíos, se analizó en los foros los cambios introducidos por el nuevo Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (conocido por sus siglas Cootad), que crean competencias a nivel provincial mientras antes solo eran las municipalidades las que tenían obligaciones respecto de la protección de la niñez y adolescencia.
"El nivel local tiene, por su cercanía con ciudadanos y ciudadanas, las condiciones para reunir el fuerte movimiento ecuatoriano en favor de los derechos de la infancia", dijo a IPS Margarita Velasco, secretaria técnica del ODNA. Este movimiento tiene presencia desde hace 20 años, modelando políticas públicas y reclamando al poder político cumplir sus demandas.
Existen 226 cantones o municipios y 24 provincias en Ecuador. "El régimen constitucional nacido del proyecto aprobado en 2008 fortalece al Estado, que estaba fragmentado y en retirada", indicó dijo a IPS Santiago Ortiz, quien coordina el programa de Desarrollo Territorial Local de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Ortiz reconoce que, aunque no se ha quitado funciones a los municipios, el Cootad ha limitado su posibilidad de expandirlas y, en cambio, se ha dado a las provincias potestades para planificar, desarrollar y ordenar su territorio, formular políticas y promover la economía, dentro de lo cual está la defensa de los derechos de la infancia.
"Los derechos de los niños, que ya venían consagrados en la Constitución de 1998, se amplían y se eleva su rango en el orden jurídico", explicó Ortiz, quien cree que hoy existen mayores oportunidades de organización, gestión e incidencia en políticas públicas y planificación con un enfoque de derechos.
Sin embargo, advierte que los "Consejos Ciudadanos", como los de protección de la niñez y adolescencia, "tienen el riesgo de perder identidad, pues se limita su papel al consultivo y propositivo", mientras no existe una ley que faculte su rol de control social de la política pública.
Según la representante de Unicef en Ecuador, Christian Munduate, hay avances notables en este país. "Cuando comparamos indicadores, algunos de mis colegas en la región me envidian", dice, y los adjudica "a un movimiento sostenido de la sociedad civil a favor de la infancia y a la fuerte inversión estatal en los cuatro últimos años del gobierno izquierdista de Rafael Correa".
Sin embargo, afirma, el país tiene todavía algunos temas pendientes en la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Velasco, quien fue la encargada de presentar los resultados de la Encuesta Nacional los puntualiza.
"Tras lograr extender la cobertura, ahora es indispensable mejorar la calidad educativa, tanto en contenidos, que deben tener pertinencia con la vida, como en la metodología, para que niños, niñas y adolescentes se conviertan en sujetos del aprendizaje, así como el ambiente en el aula, que reconozca el valor de cada uno y el de su diversidad", sostuvo.
La encuesta señala que, entre 2001 y 2010, ha crecido de 20 a 32 el porcentaje de la población de cinco a 17 años que se queja de maltrato de los profesores.
"Aunque ha subido también el buen trato, de 47 a 56 por ciento, y lo que se ha reducido es la indiferencia, hay que trabajar mucho en el tema del trato", comentó a IPS Patricia Sarzosa, directora nacional del Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), organismo ejecutor de las políticas de protección.
"Que entre 2004 y 2010 haya subido de 20 a 30 por ciento el número de encuestados que dicen que, cuando un niño o niña se porta mal, el maestro o maestra le castiga con violencia es muy preocupante", reconoció Sarzosa, quien dijo que se está trabajando en el tema con el Ministerio de Educación.
En esto también se nota una discriminación étnica pronunciada: mientras 23 por ciento de los niños y niñas indígenas y 17 por ciento de los afroecuatorianos se quejan de recibir golpes de los profesores, solo lo hace siete por ciento de los niños blanco-mestizos.
"Como sociedad tenemos que mejorar en el buen trato a los niños, tanto en la escuela, entre pares (hay un alto porcentaje de niños y niñas que molestan a otros por ser diferentes), en las familias y en el espacio público", comentó Sarzosa.
Junto con estos temas están los institucionales: se clarificó que sí continúan los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia (CCNA), formados desde 2002, aunque en el foro de Guayaquil se destacó que la municipalidad de esta sudoccidental ciudad, siendo la más grande de Ecuador, no ha apoyado ni permitido la creación del CCNA local.
"Allí hay un buen punto a favor de permitir que los gobiernos provinciales puedan intervenir en el proceso: en Guayas es el prefecto provincial el que por fin ha liderado la causa", dijo Velasco a IPS.
"Pero el rol que deberían jugar los gobiernos provinciales es menos importante allí donde existen fuertes y activos CCNA apoyados por las municipalidades", añadió.
El tema aún requiere más discusión, coincidieron los y las participantes en los diálogos en las tres ciudades principales.
