Por primera vez en más de 20 años un gobierno en Venezuela cedió este martes ante demandas de estudiantes, que protestaron con más de 60 jóvenes en huelga de hambre, y liberó o atenuó el régimen de prisión de opositores políticos.
"Nos sentimos victoriosos. El gobierno nacional se burlaba de la protesta comenzada el 31 de enero y ha tenido que ceder ante nuestro reclamo de diálogo y debate sobre el vigor de los derechos humanos en Venezuela", dijo a IPS el dirigente Roderick Navarro, uno de los cinco jóvenes que levantaron su ayuno ante la embajada de Brasil.
La administración del izquierdista presidente Hugo Chávez convino con los estudiantes en establecer una inmediata mesa de diálogo para analizar la situación de los presos incluidos por los estudiantes en una lista de llamados presos políticos, con la participación de abogados y familiares de los detenidos.
Después que 13 jóvenes iniciaron la huelga de hambre a las puertas de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas, grupos de universitarios se sumaron ante las legaciones de Brasil, Chile, Costa Rica y Paraguay, mientras otros lo hacían en una decena de estados del país.
En lo que llamaron "Operación Libertad" los estudiantes demandaron que el gobierno autorizase visitas del chileno José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para constatar la situación de las cárceles y de unos 27 opositores a Chávez a los que califican de presos políticos.
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Para varios de esos opositores requerían libertad plena, para otros que se les juzgase en libertad y, para algunos ya condenados por delitos diversos reclamaron exámenes de salud y reclusión en lugares adecuados.
Entre ellos se encontraban tres dirigentes electos como diputados en los comicios legislativos en septiembre y a los que los tribunales no permitieron su incorporación a la unicameral Asamblea Nacional, lo que según la oposición y activistas humanitarios es inconstitucional.
El gobierno, cuyo mediador y ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, fue dirigente estudiantil en los años 90, aceptó negociar demandas respecto de varios opositores detenidos, así como examinar la situación de algunas prisiones, pero siguió rechazando la visita de Insulza u la Comisión Interamericana.
"Desde que el presidente Jaime Lusinchi (1984-1989) aceptó negociar con estudiantes que manifestaban en reclamo de seguro escolar y transporte preferencial, ningún gobierno había cedido ante una protesta estudiantil", destacó a IPS Marino Alvarado, coordinador de la organización no gubernamental humanitaria Provea.
"Estábamos dispuestos a llegar hasta el final. Nos inspiramos en el ejemplo de Franklin Brito (un agricultor que se inmoló en una huelga de hambre en reclamo de sus tierras en agosto de 2010) y no luchábamos por nosotros sino por los derechos de terceros", dijo a IPS Laurent Saleh, líder del grupo que inició la protesta ante la OEA.
Saleh también informó que el acuerdo incluye la visita esta misma semana con el ministro El Assiami a un penal de Caracas.
Insulza, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresaron interés por venir a Venezuela para reunirse con los jóvenes que protestaban, pero el canciller Nicolás Maduro rechazó esa posibilidad.
Navarro dijo estar seguro de que "conversaciones de dirigentes en el extranjero, como la sostenida entre la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el secretario Insulza, hicieron que en el gobierno hubiera sensatez ante nuestro reclamo".
Insulza, de visita en Brasilia, manifestó este martes 22 su "alegría" por el fin de la protesta y añadió que su complacencia aumentaba por el hecho de que es el fruto del diálogo.
La inmolación de Brito no detuvo sino que acució los ayunos de protesta en Venezuela y Provea contabilizó 31 en lo que va de año, principalmente por cuenta de estudiantes, obreros petroleros despedidos que exigen reenganche, trabajadores del cemento que reclaman pago de pasivos y enfermeras que exigen aumento salarial.
Alvarado no duda que la victoria estudiantil, aún si parcial en el logro de sus objetivos, es un "hecho histórico" animado en parte por el contexto internacional de ebullición de la protesta social, principalmente juvenil y en el Medio Oriente al que Venezuela se siente muy vinculada por su condición de país petrolero.
"El gobierno demuestra que no quiere tener un movimiento estudiantil activado. Al comienzo desdeñó esta protesta, pero a medida que crecía en jóvenes que ayunaban y vecinos que se solidarizaban comprendió que ni nacional ni internacionalmente obtendría nada con su reticencia", opinó Alvarado.
Venezuela efectuará elecciones presidenciales a finales de 2012 y el presidente Chávez, en el poder desde 1999, se presentará a la reelección para un nuevo sexenio, al tiempo que reconoció "estar ya en campaña". Si se ha de creer a las encuestas, las posibilidades lucen parejas para el mandatario y para un abanderado opositor.
"En Venezuela además hay un panorama social muy conflictivo, por la elevada inflación (posiblemente la más alta del mundo, con casi 30 por ciento interanual), el clima de crisis en la región de Guayana (el sudeste asiento de empresas básicas en recesión) y exigencias de vivienda y empleo que se multiplican" destacó Alvarado.
Los logros estudiantiles significarán para algunos opositores detenidos una "pre-libertad", es decir, regímenes de libertad condicional en vez de cárcel, según explicó a IPS el asesor legal de los huelguistas, Gonzalo Himiob, y, para otros, revisión de sus casos y sobre todo de su estado de salud y condiciones de reclusión.
Bajo la categoría de "presos políticos" los estudiantes incluyeron a todos los opositores a Chávez condenados o procesados por delitos diversos pero vinculados a su condición de activistas contra el gobierno y acusados en juicios en los que se han denunciado, ante organismos internacionales, violaciones al debido proceso.
