No hay indicios de que los medios de comunicación en Vietnam, controlados por el Estado, vuelvan a tener la apertura que permitió que se conocieran hechos de corrupción en el gobierno.
"Así será ahora", dijo a IPS un veterano periodista vietnamita que pidió reserva de su identidad, en alusión a las noticias formales que llenan las páginas de esa nación de Asia sudoriental, con 700 periódicos y revistas.
"El Congreso del Partido Comunista envió un mensaje claro a los periodistas", apuntó.
"Nadie querrá enojar al partido gobernante", añadió. "Saben el precio que deberán pagar si lo hacen", añadió.
El temor emergió al principio del 11 Congreso Nacional, cuando Dinh The Huynh, editor en jefe del periódico del Partido Comunista Nhan Dan, se unió a la voz oficial para aplastar los argumentos favorables a "todas las formas de pluralismo".
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Antes del Congreso realizado del 12 al 19 de este mes, el primer ministro Nguyen Tan Dung emitió un decreto que prohibió un elemento fundamental al que recurren los periodistas de investigación, las fuentes confidenciales.
El documento de 44 páginas que entrará en vigor el 25 de febrero "detalla nuevas penas económicas para los periodistas que se nieguen a divulgar sus nuevas fuentes o publiquen artículos con seudónimo", señaló el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.
La pena de 2.000 dólares se dictará contra periodistas que publiquen artículos que no "concuerdan con el interés del pueblo", revelen "secretos de Estado" o expongan "información no autorizada".
"El nuevo decreto permite aumentar el control del gobierno sobre los muy limitados medios de comunicación", señaló Shawn Crispin, representante de CPJ Asia sudoriental. "El texto es demasiado amplio y es el último intento de usar una norma para justificar legalmente restricciones a la libertad de prensa", añadió.
El surgimiento de Nguyen Phu Trong, el nuevo secretario general del Partido Comunista, como una de las figuras políticas de mayor peso en el país también sirve de recordatorio de que los periodistas en Vietnam no son defensores del derecho a la libertad de expresión.
Trong fue editor de la Revista Comunista, una publicación partidaria.
Trong fue escogido para encabezar el partido de gobierno el último día del hermético congres en el que participaron 1.400 delegados representando a los 3,6 millones de miembros. Fue un candidato de consenso para salvar las diferencias entre el primer ministro y el líder del Partido, Truong Tan Sang, designado presidente.
"Trong es considerado prochino y ortodoxo. Es un ideólogo marxista de línea dura", señaló Vo Tran Nhat, secretario ejecutivo de Acción para la Democracia en Vietnam, una organización de vietnamistas exiliados en París.
"La unanimidad proclamada durante el Congreso no muestra el hecho de que Trong y otros miembros del politburó han sido muy criticados", dijo Nhat a IPS.
"Hubo varias denuncias en su contra", recordó Nhat. "El año pasado durante los preparativos para el congreso, 19 viejos comunistas y militares firmaron una importante petición dirigida al politburó en la que acusan a cuatro dirigentes, entre los que está Trong, de propiciar la corrupción, el nepotismo y el abuso de poder", añadió.
La última campaña contra la prensa se realizó tras las medidas represivas que Hanoi impuso a la actividad en Internet, que ofició de periódico, mediante blogs, sitios de Internet y redes sociales, para intercambiar información y criticar la corrupción estatal.
Las cárceles de Vietnam tienen 17 "ciberactivistas" presos por expresar su opinión y por lo menos dos periodistas.
Los profesionales fueron a la cárcel tras una ola de represión en 2008. Entonces "252 periodistas fueron sancionados, 15 perdieron el carné de prensa, seis procesados y dos detenidos", reza el informe de 2010 de la Comisión de Derechos Humanos de Vietnam.
La represión fue consecuencia de una denuncia en 2006 de un escándalo de corrupción que implicó a funcionarios de alto cargo del Ministerio de Transporte.
La condena a los dos periodistas significó un cambio de rumbo de Hanoi, que desde el 6 Congreso Nacional en 1986 se embarcó en una política de "doi moi", de reforma y apertura para adoptar políticas económicas de libre mercado.
La medida para sacar al país de la pobreza también llevó al gobierno a fomentar una apertura gradual en la prensa local para exponer hechos de corrupción.
En 1992, cuando el país aprobó su nueva Constitución, los derechos humanos quedaron consagrados como una prioridad nacional.
