Un proyecto de ley propone destinar las indemnizaciones por delitos ambientales a reparar los daños por contaminación en ríos, suelos y otros bienes públicos, que afectan directamente a la población. Se busca así encauzar el dinero que hasta ahora toma otro rumbo gubernamental.
Se propone en el proyecto que el dinero obtenido por las reparaciones económicas vaya a una cuenta del Ministerio del Ambiente con el propósito que desde ahí el dinero sea distribuido a las instituciones encargadas de proteger los bienes naturales del Estado.
"Hoy lo que sucede es que el dinero va al Tesoro y en el siguiente presupuesto nacional se distribuye de manera indistinta", explicó.
Guzmán presentará la iniciativa en febrero al Ministerio del Medio Ambiente, como parte de las herramientas que se buscan implementar para mejorar el tema ambiental.
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La Ley General del Ambiente número 28611 señala en su artículo 147 que las indemnizaciones por daño ambiental "tendrán por destino la realización de acciones que compensen los intereses afectados o que contribuyan a cumplir los objetivos constitucionales respecto del ambiente y los recursos naturales". Sin embargo, "no tiene carácter de mandato", cuestionó el funcionario.
"El problema es que esa norma es letra muerta y no se aplica", dijo a Tierramérica el abogado José Luis Capella, de la no gubernamental Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. "La Procuraduría hace bien en definir los mecanismos para que se ejecute", añadió.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente existe desde junio de 2010 para defender los intereses del Estado en los casos de delitos ambientales.
Antes, los procuradores de las distintas áreas del Poder Ejecutivo se encargaban de este tema sin que se garantizara un adecuado seguimiento a estos casos que requieren de un conocimiento técnico y especializado.
En la actualidad, la procuraduría ha asumido más de 2.140 procesos contra empresas y personas por graves delitos ambientales.
Alrededor de 60 por ciento de las denuncias presentadas hasta ahora abarcan el área forestal, luego le siguen los casos de contaminación por parte de industrias que no cuentan con procesos ambientales responsables y en tercer lugar las actividades mineras y petroleras.
En este universo aparecen involucrados representantes de más de 100 empresas. Pero sin duda la mayoría de las denuncias recaen sobre los propios lugareños en casi 2.000 legajos. Así vemos que existen 450 investigaciones contra mineros informales y nueve contra importantes firmas del sector entre las que figuran Antamina, Shougang y Caudalosa.
Antamina, una asociación entre la compañía minera anglo-suiza Xstrata, la australiana-holandesa BHP Billiton, la canadiense Teck y la japonesa Mitsubishi Corporation, es investigada por la contaminación de plomo en sangre de pobladores de las comunidades de Juprog y Ayash, en la región andina de Ancash, por el supuesto manejo inadecuado de sus relaves.
La fiscalía de Ancash había archivado el caso, pero la Procuraduría ya presentó una apelación al entender que los delitos por daño a la salud no pueden quedar impunes.
A su vez, la empresa china Shougang es investigada por superar, al parecer, los límites máximos permisibles de agentes tóxicos en sus operaciones, mientras que la firma peruana Caudalosa debe responder por el derrame de 25.000 metros cúbicos de relaves que afectaron diversos ríos en la región surandina Huancavelica, la más pobre de Perú.
"La idea es contribuir a mejorar la identificación de los responsables de los delitos ambientales que históricamente no han sido sancionados", indicó Guzmán.
Pero hay obstáculos. El 20 por ciento de los más de 2.000 procesos se encuentra aún en investigación preliminar o preparatoria en las fiscalías.
Hasta ahora sólo se ha podido cobrar 2.000 soles (menos de 800 dólares) en reparaciones económicas, hay otros 13.000 soles (4.650 dólares) que se ejecutarán en enero y se espera que este año se cobren más de 30.000 soles (10.750), detalló Guzmán.
"El problema es que la justicia muchas veces no considera los delitos ambientales como temas graves que afectan directamente a las personas y optan por no sancionar a los responsables o no acopiar adecuadamente los elementos probatorios", explicó.
En los casos ya resueltos, varios jueces han preferido suspender la aplicación de las penas, como sucedió en una denuncia contra un poblador por usurpación de suelos del Santuario Histórico de Bosques de Pómac, en la región norteña Lambayeque.
"Muchos jueces consideran estos delitos como simples faltas y por eso establecen sanciones de un año o dos sin cárcel efectiva. El problema es la débil interpretación de las normas que sancionan esos delitos", señaló Capella.
Guzmán insistió en que se necesita educar en el tema a los fiscales y jueces. Pero, además, que se tome conciencia de que las denuncias por contaminación no solo tienen que ver con un daño al paisaje sino muchas veces con la vulneración de derechos a la salud y la vida de las personas.
Un paso importante ha sido la creación de 29 fiscalías especializadas en materia ambiental.
Otro aspecto que debe resaltarse es que hay pobladores de zonas afectadas por la contaminación que reclaman que el Estado también destine parte de las indemnizaciones a reparaciones económicas individuales.
Al respecto, el procurador Guzmán respondió que los lugareños deben acudir a los abogados de oficio del Ministerio de Justicia para exigir su derecho y que una forma de que la población sienta algún beneficio es que el dinero se destine a resarcir el daño de fuentes de agua o suelos que son vitales para estas comunidades.
* Este artículo fue publicado originalmente el 22 de enero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
