Bolivia, que antes se autoabastecía de granos, carne y fruta, afronta ahora una severa crisis alimentaria, con filas de personas frente a distribuidoras estatales para conseguir lo básico para sobrevivir. Empresarios agrícolas atribuyen la caída de la producción a las restricciones a las exportaciones.
La sequía en zonas propicias para la agricultura que va por su segundo año ininterrumpido, las heladas, el contrabando y las prohibiciones gubernamentales para exportar alimentos terminaron por quitar incentivos a la producción de los grandes terratenientes y empresarios del sector de la zona oriental del país.
Esa merma de plantaciones y otras producciones obligaron al gobierno del izquierdista Evo Morales a realizar urgentes importaciones para atender la demanda de alimentos de la población.
La organización empresarial Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) calificó a 2010 como uno de los años más desfavorables por efecto de las heladas en los extensos y fértiles valles y la persistente sequía que soporta el oriental departamento de Santa Cruz, cuya economía se mueve al ritmo de la agroindustria.
La superficie cultivada bajó de 1,96 millones de hectáreas en 2009 a 1,81 millones de hectáreas en 2010, destacándose en esta merma las áreas de girasol, soja y maíz, informó la CAO.
Mientras eso sucede en oriente boliviano, en el occidente altiplánico, en la población minera de Llallagua, en Potosí y ubicada unos 350 kilómetros al sudeste de La Paz, campesinos y ciudadanos pobres enfurecidos saquearon a fines de enero almacenes de alimentos.
La falta de azúcar y otros alimentos, así como el aumento de los precios fueron el detonante para que organizaciones campesinas afines al propio gobierno de Morales se lancen a la protesta y desaten los disturbios que sorprendieron a los responsables estatales de la distribución de alimentos.
La reacción popular en una zona habitada por indígenas de tradición combativa sucedió un día después de que el presidente Morales resolvió cambiar a dos ministros claves de su gabinete.
Así, la economista Teresa Morales pasó a encabezar el Ministerio de Desarrollo Productivo, en reemplazo de Antonia Rodríguez, y Julieta Mabel Monje el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, en sustitución de Maria Esther Udaeta.
La cartera de Desarrollo Productivo se encarga de las políticas de producción y comercialización de alimentos a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
Morales anunció una política de mayor participación estatal en la producción de alimentos, una posición que no es compartida por el presidente de la Federación de Cañeros del departamento de Santa Cruz, José Tomasi, quien explicó a IPS que las diferencias entre el precio impuesto por el gobierno y del mercado internacional están generando el problema de desabastecimiento.
En Bolivia el quintal de azúcar (46 kilogramos) se cotiza en 28,4 dólares, mientras que en el vecino Perú se paga 56,8 dólares, y en esas circunstancias "el azúcar saldrá de contrabando hasta en los bolsillos de los comerciantes", dijo.
Tomasi, líder de un influyente sector productivo y económico de Santa Cruz, defiende a los empresarios cañeros y explica que la producción del sector es de 10 millones de quintales, por encima de los siete millones que demanda el consumo local.
En un mercado de precios regulados, el contrabando será más efectivo, y por lo tanto la solución es dejar que el precio fluctúe de acuerdo a la oferta y demanda, opinó el empresario, contrariamente a las políticas del gobierno de Morales que aplica una política estatal de intervención en precios y producción.
Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas de Arroceros (Fenca), Gonzalo Vásquez, observa temas de fondo que cuestionan la ausencia de una ley agropecuaria que garantice las inversiones, como expresó a IPS.
A pocas horas de un encuentro con el presidente Morales que resolvió escuchar a los productores, Vásquez señaló la urgencia de apoyar a los agricultores con créditos de la banca privada, pero con el reconocimiento de sus tierras como mecanismo de garantía.
El representante de Fenca espera que la promesa realizada por el presidente de un seguro agrícola sea efectiva para atender a los empresarios afectados por factores climatológicos.
Pero el factor que más preocupa a Vázquez es la intervención del Estado que impide las exportaciones de excedentes de alimentos, una fuente de ingresos altamente rentable para el sector, y las importaciones de maíz y azúcar sin aranceles.
Este conjunto de medidas desalienta la actividad agrícola entre sus asociados que prefieren reducir a extensión de cultivos, indicó.
En los días de escasez que algunas personas vinculan con el periodo hiperinflacionario de 1982 a 1985, el ingenio privado Unagro rompió todos los esquemas y se convirtió en importador de dos millones de kilogramos de azúcar colombiana.
La señal de los empresarios preocupados por atender la demanda de la población fue más allá cuando ofertaron su producto a un precio menor al que pagaron al proveedor en Colombia, aunque muchos kilogramos pasaron la descuidada frontera al mercado peruano.
"El gobierno debe controlar la frontera y evitar la fuga del azúcar", reclamó Tomasi.
Pero el dirigente observa un futuro inmediato más complejo porque a falta de alimentos para la gente, también los ganaderos, avicultores y porcinocultores también comenzarán a sentir la falta de alimentos y ello derivará en una cadena de desabastecimiento que puede golpear a la seguridad alimentaria de los 10 millones de bolivianos.
