El repunte de los precios de los metales reavivó en Perú el debate sobre el impuesto a las ganancias extraordinarias de las empresas mineras y el incremento de sus regalías. Pero la falta de voluntad del gobierno y la entrada en un año electoral enturbian la aprobación de dos proyectos de ley al respecto.
Bolivia, Ghana, México y Mozambique gravan ya las utilidades extraordinarias de su minería y Australia aprobó este año un impuesto similar que regirá desde 2012.
Una de las promesas electorales del presidente Alan García fue la aplicación de un impuesto a las sobre ganancias del sector minero. Pero en cuanto llegó al poder en 2006 sustituyó el compromiso por un aporte voluntario y todo apunta a que hasta el fin de su mandato, en julio de 2011, el camino seguirá entrampado.
En medio de la bonanza de los precios de los metales, las compañías concesionarias únicamente han aportado a ese fondo voluntario 638 millones de dólares, y hasta octubre se ejecutaron solo 56 por ciento de estos recursos en proyectos para las poblaciones de zonas mineras, según el Ministerio de Energía y Minas.
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La diferencia entre las ganancias de las empresas y ese aporte es multimillonaria. Los estados financieros de cinco de esas firmas: Cerro Verde, Barrick, Southern Copper, Yanacocha y Antamina establece que sus utilidades netas entre 2005 y junio de 2010 bordearon los 20.000 millones de dólares.
La minería es uno de los motores económicos de Perú, que es el primer productor mundial de plata, el segundo de cobre y zinc y el sexto de oro, pero donde la concentración de ganancias es una seña de identidad del sector.
Entre 2005 y 2009, la producción de ocho empresas representó 67 por ciento de las exportaciones del sector y 88 por ciento de las utilidades netas, mientras en conjunto su rentabilidad fue 30 por ciento superior al promedio del sector.
Con base en esas cifras, la legisladora Gloria Ramos por el minero departamento central de Pasco, presentó el proyecto de ley 4443, que propone que el impuesto grave 50 por ciento de las ganancias extraordinarias de las empresas, tomando como referencia un precio base de los minerales establecido por los ministerios de Energía y Minas y de Economía.
El proyecto fue respaldado por agrupaciones de izquierda, como Unión por Perú, la tercera bancada parlamentaria. Pero desde que fue introducido en junio permanece congelado en la Comisión de Energía y Minas del unicameral Congreso legislativo.
En noviembre, Ramos convocó a un foro público para debatir la iniciativa y el próximo año lo hará en las seis mayores provincias mineras, por pedido de las autoridades regionales.
En tanto, portavoces de la legislativa Comisión de Energía y Minas dijeron a IPS que la iniciativa aún está en revisión por parte de los ministerios involucrados y la Sociedad Nacional de Minería, que agrupa a las principales empresas del sector.
La presidenta de la comisión, Cecilia Chacón, ya manifestó que debe mantenerse la estabilidad jurídica del país, en una posición alineada con los argumentos de los empresarios y no ha garantizado que el proyecto se debata en breve. La legisladora pertenece a los seguidores del ahora encarcelado Alberto Fujimori (1990-2000).
El tiempo se agota. Las sesiones de este año de las comisiones legislativas finalizan el día 16, cuando el Congreso entra en receso hasta febrero y entonces la campaña por las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril estará en pleno apogeo.
El nuevo parlamento iniciará sus sesiones el 26 de julio de 2011. "No hay voluntad política a pesar que lo que se plantea es justo: estas empresas están ganando cada vez más no por el esfuerzo de su trabajo, sino por circunstancias favorables del contexto internacional", manifestó Ramos a IPS.
"Es un deber moral que distribuyan sus ganancias con los países donde se explotan los recursos", subrayó la legisladora, integrante del Compromiso Democrático.
"El gobierno ha sido incapaz de definir esta situación en más de cuatro años de gobierno. Ahora lo que hace es sólo una farsa para dilatar el tiempo", opinó el analista Campodónico.
El experto criticó así al proyecto de ley 4492, presentado el 23 de noviembre por José Carrasco, del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP), destinado a incrementar las regalías mineras.
La iniciativa plantea elevar a 10 por ciento las regalías para la explotación minera de oro y a cinco por ciento las del cobre, como mecanismo para que el Estado tenga mayor participación en la bonanza de los precios internacionales.
Actualmente, el Estado cobra regalías de entre uno y tres por ciento, según el valor bruto de venta del mineral.
El Ministerio de Energía y Minas informó que evalúa el proyecto, mientras el de Economía ya lo rechazó de plano.
Sorprendentemente, el PAP reconoció en la argumentación de su proyecto la validez de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2004 en la que se señala que la regalía no es un tributo sino una contraprestación, por lo que las empresas que gozan de contratos de estabilidad tributaria también estarían obligadas a pagarla.
En los años 90 Fujimori suscribió convenios de estabilidad tributaria con empresas mineras para congelar el pago de impuestos. Al amparo de estos acuerdos, las 10 principales mineras no pagan regalías y la recaudación por este concepto es exigua.
Jorge Manco, investigador de la Universidad San Marcos, informó que en el mejor año Perú apenas recaudó 174 millones de dólares por regalías y en 2009 el monto fue de 112 millones.
La Sociedad Nacional de Minería aseguró que en lugar del incremento de las regalías sus asociados prefieren ampliar el aporte voluntario.
"Nos preocupa que en un momento en el cual estamos hablando de aumentar inversiones en el país por más de 43.000 millones de dólares, se piense en alterar las reglas de juego y gravar una actividad que ya tiene una carga impositiva importante", manifestó el presidente del gremio minero, Hans Flury.
Manco detalló que entre 2005 y 2009 la participación tributaria y fiscal del sector minero -incluidos el impuesto a la renta, regalías y otros gravámenes- ha sido de apenas 12,2 por ciento mientras que en Chile en el mismo período fue de 23 por ciento.
"Incluso en un país que promueve la inversión privada, hay una mayor participación del Estado de las ganancias del sector", puntualizó Ramos.
