Guatemala está de estreno. Dos mujeres encabezan desde este mes la Fiscalía General y la Contraloría de Cuentas, tras ganar por méritos estos cargos, en lo que activistas locales destacan como un paso significativo en el acceso femenino a puestos claves del poder, si bien «queda mucho por andar».
Claudia Paz y Paz fue designada como fiscala general y jefa del Ministerio Público por cuatro años y será la encargada del órgano de persecución e investigación criminal, mientras que Nora Segura es la contralora general de cuentas por cinco años y deberá fiscalizar los presupuestos, comenzando por el de 2011, de 6.799 millones de dólares.
Las dos altas funcionarias fueron seleccionadas por el socialdemócrata presidente Álvaro Colom en la segunda semana de diciembre entre sendas listas de aspirantes confeccionadas por el unicameral Congreso legislativo.
Morán dio especial relevancia al hecho de que la nueva fiscala general haya sido la única mujer de los seis finalistas para el puesto, porque "es la primera vez que se elige a una persona con méritos académicos muy altos".
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Paz y Paz, de 54 años, es doctora en Derechos Humanos y Derecho Penal por la española Universidad de Salamanca y tiene 18 años de experiencia profesional. Ha laborado para organizaciones defensoras de los derechos humanos y organismos internacionales, dentro de una hoja de vida que le ha valido un amplio respaldo social en el país.
"Esperamos que las mujeres que estén en estos cargos tengan la posibilidad de tomar decisiones propias, con una autonomía real y con sensibilidad a los problemas que afrontamos como mujeres", recordó Morán.
La nueva fiscal llega con un compromiso tácito con la atención de los feminicidios, ya que los asesinatos machistas sumaron 720 casos en 2009, según la Procuraduría de Derechos Humanos. Una cifra escandalosa que ubica a Guatemala como uno de los países donde se ejerce mayor violencia contra la mujer en el mundo.
Además, Paz y Paz deberá enfrentarse a otra realidad escandalosa: 98 por ciento de los crímenes quedan sin castigo, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) avalada por la ONU.
"Esta batalla no la puede hacer solo el Ministerio Público, ya que sus recursos económicos y humanos no son suficientes; por tal razón, hago un llamado a la sociedad en su conjunto para unirse", pidió Paz y Paz.
Pero no solo la nueva fiscala general ha llegado con el portafolio cargado de desafíos a la escena pública. La nueva contralora general de cuentas también tiene grandes compromisos en la lucha contra la corrupción, según confirman los datos.
Guatemala cayó este año al puesto 91 desde el 84 de 2009, dentro de una lista de 178 países, según el Índice de Percepción de Corrupción 2010, dado a conocer en octubre por la organización no gubernamental Transparencia Internacional.
Carolina Álvarez, de la Asociación de Mujeres Terra Viva, dijo a IPS que la llegada de más mujeres a espacios "clave" del poder representa un avance dada la persistente discriminación que sigue soportando la población femenina guatemalteca.
La activista dijo que las organizaciones de la sociedad civil y en particular las que luchan por la equidad de género consideran muy importante que aumente la presencia de mujeres en altos cargos públicos y se han alegrado especialmente por la designación al frente del Ministerio Público de la figura "más idónea" dentro de la nómina de aspirantes.
Este mismo mes, el presidente también reeligió a Blanca Stalling para otros cinco años como directora del Instituto de Defensa Pública Penal, que administra el servicio público de defensoría penal para quienes no tienen recursos para costearse un abogado.
Además designó a Heydi Gordillo como secretaria del Consejo Nacional de Atención del Migrante.
Cecilia Álvarez, del no gubernamental Grupo Guatemalteco de Mujeres, dijo a IPS que "es una buena señal que más mujeres con capacidades puedan llegar a los puestos" de responsabilidad. Sin embargo, consideró que el grupo de designaciones de este mes es producto de una "casualidad" y no de una apertura de espacios promovida por el Estado.
"Que se abran espacios para las mujeres depende de muchas otras cosas como la reforma a la ley electoral y de partidos políticos", donde se incorporan las largamente demandadas cuotas de participación de la mujer, argumentó. Guatemala es uno de los escasos países latinoamericanos que no ha incorporado este instrumento a su legislación.
Hélida Ramos, de la gubernamental Defensoría de la Mujer Indígena, consideró positivos estos nombramientos pero subrayó a IPS que "queda camino por recorrer sobre todo en el caso de la mujer indígena".
El estudio "Elaboración de línea de base con enfoque de participación política", difundido en agosto de 2009, evidenció que de los 158 diputados solo 19 eran mujeres; de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia solo tres eran mujeres, y de los 332 municipios solo seis tienen alcaldesa.
La situación de la mujer indígena es aún peor. Solo había cuatro diputadas de pueblos originarios y una alcaldesa, mientras ninguna estaba en la cúpula del Poder Judicial.
"Las mujeres indígenas aún no hemos tenido espacios de expresión en la toma de decisiones. La lucha contra la discriminación y el racismo es muy fuerte y debemos continuar", concluyó Ramos.
Cifras oficiales sitúan la población indígena en 40 por ciento de los 14,3 millones de habitantes de este país centroamericano, pero sus organizaciones elevan ese porcentaje a 60 por ciento. Cifras de 2000 indican que ocho de cada 10 indígenas son pobres, mientras que entre los no indígenas la pobreza afecta solo a cuatro de cada 10.
En el caso de las mujeres guatemaltecas, 51,5 por ciento de ellas viven en pobreza, casi cuatro puntos porcentuales más que los varones y 73 por ciento de las que tienen trabajo lo obtienen en la economía informal.
