Mientras la inversión inmobiliaria crece en la capital argentina y aumenta la oferta de apartamentos de categoría para venta o alquiler, miles de familias pobres viven hacinadas en asentamientos irregulares y claman por acceder al sistema de créditos hipotecarios.
Así como hay un mercado inmobiliario formal, también existe uno informal en barrios precarios en el marco del cual se pagan alquileres de 400, 800 y hasta 1.000 pesos mensuales (de 100 a 250 dólares), con un alto impacto en el ingreso de las familias de escasos recursos.
Para dar una idea, un jefe o jefa de hogar que trabaja en una cooperativa subsidiada por el Estado cobra por mes 1.200 pesos (300 dólares), apenas un poco más de lo que se puede pedir por el alquiler de una sola habitación y un baño compartido.
Así lo explicó a IPS Valeria Mutuberría, investigadora de Infohábitat, un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional de General Sarmiento dedicado a estudiar temas de vivienda urbana, políticas públicas y mercado del suelo.
[related_articles]
"La gente quiere que el dinero que gasta por mes vaya a otro tipo de solución", señaló la especialista aludiendo al ingreso que se destina a pagar alquileres en asentamientos de la ciudad donde viven unas 170.000 personas.
Los créditos hipotecarios del mercado son para personas con empleo estable y con ingresos 10 veces superiores a los que tienen los habitantes de barrios marginales.
No es sólo el vecino de asentamientos el que está en problemas. El déficit habitacional en Buenos Aires afecta a unas 500.000 personas y, según un informe realizado este año por la Comisión de Vivienda de la Legislatura, hay 100.000 apartamentos o casas vacías.
Numerosos apartamentos nuevos para las clases alta y media alta, adquiridos como inversiones para alquilar a largo plazo o incluso por día a turistas extranjeros, conviven con miles de personas que, aun teniendo empleo, viven en pequeñas y precarias viviendas en asentamientos.
Según la comisión, hay además 110.000 personas en complejos habitacionales construidos años atrás por el municipio de Buenos Aires que presentan graves fallas estructurales, 9.000 más residiendo en inquilinatos tugurizados, 6.000 en hoteles y pensiones y 5.000 bajo chapas y cartones o deambulando sin techo.
Las "villas miseria", como se les llama aquí a los asentamientos irregulares, crecieron de modo exponencial en la última década en la capital de Argentina y en todo el cinturón de localidades que la rodea.
El censo realizado este año en una de las más emblemáticas, llamada Villa 31 y ubicada junto a la céntrica estación de trenes de Retiro, determinó que la población creció de poco más de 12.000 personas en 2001 a más de 26.000 en la actualidad.
Ya se levantan allí construcciones de hasta cuatro pisos con fines de alquiler. Este mes un grupo se lanzó a ocupar un amplio terreno lindero junto a las vías del ferrocarril y exigen que se les permita construir allí.
Diosnel Pérez, delegado de la Villa 20, en el área sudoeste de la ciudad, indicó que en su barrio donde viven alrededor de 21.000 personas. "Hay quienes tienen 40 inquilinos viviendo en distintas piezas", dijo a IPS.
"El gobierno de la ciudad de Buenos Aires dice que va a prohibir por ley que se pueda alquilar en la villa, pero ¿adónde va a ir la gente? Si hay algunos que se aprovechan es por falta de respuesta del Estado que no da créditos ni tierra ni vivienda", denunció.
Pérez fue uno de los dirigentes que se reunió con autoridades del gobierno nacional y el de la ciudad en la segunda semana de este mes, luego de que las ocupaciones de tierras y choques entre vecinos costaron a la vida a tres personas.
El gobierno nacional de la centroizquierdista Cristina Fernández, a través del Ministerio de Planificación Federal, acredita haber habilitado 846.000 viviendas, entre las recién construidas y las mejoradas, en todo el país desde 2003 para beneficio de 3,8 millones de personas.
Pero en la capital la articulación entre autoridades nacionales y las comunales de la capital argentina de distinto signo político es escasa, hay rivalidades y desacuerdos, y los planes de vivienda no avanzan. Al contrario, se aceleran los problemas. Mutuberría remarcó que el gobierno de Buenos Aires, a cargo del empresario derechista Mauricio Macri, se jacta de haber concretado 444 desalojos de viviendas ocupadas en 2009.
Pero del presupuesto para vivienda aprobado por la Legislatura ese año utilizó sólo 45 por ciento, y en 2010 apenas 18 por ciento, señaló la experta. Tampoco financia a las cooperativas de vivienda preparadas para la construcción.
El izquierdista Movimiento Territorial de Liberación inauguró en 2007 un complejo de edificios con 326 apartamentos, 10 locales, una guardería infantil, dos centros comunitarios y una plaza.
Lo hicieron 400 trabajadores desocupados que formaron una cooperativa y accedieron a un crédito del gobierno comunal de 16 millones de pesos (cuatro millones de dólares) que pagan los ocupantes de las unidades.
"El gobierno de Macri no dispone de dinero para esa modalidad que estaba amparada en la llamada ley de cooperativas, es decir, no entrega tierras ni dinero en préstamo a las organizaciones que lo reclaman", dijo Mutuberría.
Pérez, a su vez, sostuvo que en el caso de Villa 20 se suma el problema ambiental. Allí los vecinos denunciaron hace muchos años que un depósito de automóviles incautados por la policía junto al barrio contaminó la tierra y las napas de agua con plomo.
La justicia comprobó que 35 por ciento de niños de entre dos y cinco años tienen en la sangre una cantidad de plomo superior al límite tolerable, con el consecuente daño que eso implica para su desarrollo.
El retiro de los vehículos allí estacionados es lento pese a la orden judicial. Si se desocupara ese terreno, señaló Pérez, debería erigirse un barrio de 1.600 viviendas prometido por el gobierno nacional mediante el crédito a una cooperativa.
Se trata de la organización Sueños Compartidos, de la humanitaria Asociación Madres de Plaza de Mayo, que desde hace algunos años se volcó a la construcción de viviendas sociales y escuelas en barrios marginales de la ciudad y en el interior del país.
Pero mientras siguen los cruces entre las distintas jurisdicciones de gobierno, las familias siguen esperando.
A fines de noviembre, Macri, quien aspira a ser candidato presidencial en 2011, prometió a los habitantes de villas y asentamientos convertirlos en dueños de la tierra y de la vivienda que ocupan mediante la entrega de títulos.
Ese fue, según Mutuberría, uno de los detonantes del movimiento de ocupaciones de tierras que se desató días después, en algunos casos también empujados por intereses políticos ajenos a la necesidad de vivienda.
