El palestino Abu Yussif no quiere hablar más de su trabajo porque «no sirve de nada, todo seguirá igual» en Líbano, donde está el campamento de Bourj ash-Shamali en el que reside, cerca de la meridional ciudad de Tiro.
Los refugiados palestinos y sus hijos viven en este país desde hace 62 años. Pero a diferencia de sus compatriotas en Jordania y Siria, ellos sufren una nefasta discriminación legal.
Líbano no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados. Pero sí ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e incluyó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Constitución.
"La Convención sobre los Refugiados nos permite acceder al mercado laboral del país anfitrión después de tres años" de residencia, señaló Suhail al-Natour, director el Centro de Desarrollo Humano, una organización con sede en Beirut que defiende los derechos humanos de los palestinos.
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"Después de excluir a los palestinos del sector público, el gobierno libanés les impidió acceder a empleos privados", indicó. "Los que quedan son los más precarios y duros que no quieren hacer los libaneses", añadió.
Unos 250.000 palestinos viven en Líbano desde hace años.
Las restricciones laborales toman distintas formas. Hay profesiones que les están vedadas y para ejercer otras necesitan un permiso de trabajo.
Además, hay 30 profesiones liberales controladas por las correspondientes agrupaciones que las reúnen. Tampoco pueden tener sus propios comercios ni empresas porque no pueden ser propietarios.
Los palestinos sólo tienen dos opciones, indicó Al-Natour. "Pueden trabajar en los campamentos, donde el Estado no tiene autoridad y pueden ejercer empleos prohibidos, o hacerlo de forma ilegal y eludir las inspecciones", explicó.
El mercado laboral en los empobrecidos campamentos es restringido. Para los palestinos con estudios no es realmente una alternativa.
Al atardecer Mahmoud Aga suele descansar de su jornada laboral en una pequeña huerta que tiene fuera de Tiro, donde cultiva frutas y verduras.
Desde hace 15 años, Aga trabaja para una empresa libanesa. "Los palestinos no pueden ser miembros de la agrupación de ingenieros y están obligados a trabajar de forma ilegal", explicó.
Él trabaja en la obra y trata con sus superiores libaneses. "Actualmente superviso la construcción de una escuela pública. Por supuesto que las autoridades saben que soy palestino", añadió.
Aga disfruta de su trabajo y no le pagan menos aprovechándose de su situación como suele sucederles a los palestinos. "Pero no tengo derechos sociales ni seguro", se lamentó.
"Algunas agrupaciones tienen normas específicas que permiten sólo el ingreso a ciudadanos libaneses. Otras aplican una cláusula de reciprocidad. Pero al no haber un estado palestino es imposible aplicar ese principio", explicó Sari Hanafi, profesor de la Universidad Americana de Beirut.
El parlamento libanés reformó a mediados de agosto la ley laboral, pero no tocó a las poderosas agrupaciones de profesionales. La legislación está, en teoría, por encima de las normas de ellas, pero "en la práctica no es así", indicó Al Natour.
La reforma obliga a los palestinos a obtener permisos de trabajo. Pero "ellos no pedirán los tramitarán porque siguen existiendo un montón de problemas de procedimiento", se lamentó Al Natour.
Para obtener un permiso hay que tener un contrato laboral con una empresa libanesa. Pero los empleadores no van a aceptarlo porque tendrán que pagar la seguridad social y declarar el salario, arguyó. "Se benefician de explotar a los palestinos y no quieren cambiar las relaciones laborales", añadió.
Ni empleados ni empleadores tienen interés en firmar un contrato, coincidió Sari Hanafi.
"Ambos tendrán que pagar la seguridad social a sabiendas de que el empleado no tiene beneficios", explicó.
En el verano boreal, el parlamento también enmendó la Ley de Seguridad Social que prevé que los palestinos con empleos legales sean indemnizados al terminarse la relación laboral. Pero siguen sin beneficiarse de prestaciones familiares, seguro por enfermedad o maternidad.
El desencanto de los palestinos con lo que fue promocionado como gran reforma en materia de derechos laborales hizo que aumentaran la pesión sobre la comunidad internacional.
En la novena sesión del Examen Periódico Universal, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, realizado a principios de este mes en Ginebra, la parte dedicada a Líbano mostró que hay una mayor conciencia sobre la difícil situación de los palestinos en este país, en especial de las naciones europeas.
La activista Rola Badran, quien participó en la conferencia como integrante de la Organización de Derechos Humanos Palestinos, se mostró satisfecha con la sesión.
"La cuestión de los derechos de los palestinos refugiados en Líbano está en la agenda internacional. La delegación libanesa parecía molesta y presionada e insistió en responder directamente a las intervenciones de los estados que criticaron la situación y recomendaron mejorarla", indicó Badran.
Las críticas se concentraron en que los palestinos no tienen derecho de propiedad, se los discrimina del mercado laboral y carecen de libertad de movimiento, pues la mayoría de los campamentos están rodeados por efectivos del ejército libanés.
Sin embargo, Badran es pesimista sobre las posibilidades de que Líbano cambie su política.
En Ginebra, los representantes libaneses "repitieron sus excusas habituales sobre el tamaño del país y la escasez de recursos", apuntó.
"La falta de disposición de Líbano para solucionar el asunto se hizo patente con la declaración de la delegación respecto de que la presencia palestina ya duró mucho y que este país sigue esperando que regresen a su hogar."
