Multitudinarias manifestaciones se preparan en toda España para el fin de semana, en apoyo al pueblo saharaui y a su derecho a ejercer la soberanía en el territorio del Sahara Occidental, bajo actual dominio de Marruecos.
Estos actos se producen como protesta por la muerte de cerca de al menos 19 personas el lunes 8, cuando fuerzas militares marroquíes ingresaron al campamento Gdeim Izik, ubicado en las afueras de El Aaiún, la capital del Sahara Occidental, y lo destruyeron por completo.
Las manifestaciones fueron convocadas por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara, la Plataforma pro Referéndum en el Sahara y la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara y seguirán a otras espontáneas que se han producido en algunas ciudades esta semana.
La reacción de las organizaciones no gubernamentales fue de unánime condena, mientras que el gobierno español se pronunció primero de manera criticada como blanda por sectores opositores, al reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, para adoptar después una posición menos benevolente con Rabat.
"Lo hecho por el gobierno español es lastimoso y lamentable. Es impresentable que en un país democrático como España, defensor de los derechos humanos y de la legislación internacional, no se haya condenado la acción marroquí, que fue una verdadera masacre", dijo a IPS Sara Ramdan, presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis en España.
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El día 6 se cumplieron 35 años de la llamada "Marcha Verde" que realizó Marruecos en demanda de la descolonización de 266.000 kilómetros cuadrados de territorio del Sahara, entonces bajo dominio de España, cuando el dictador Francisco Franco (1939-1975) estaba agonizante.
Desde entonces y pese a la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Marruecos controla la zona, en la que ha levantado una gran muralla que la separa del territorio saharaui ocupado por Argelia.
La matanza del lunes fue el último acto represivo contra las protestas en El Aiún, las mayores en varios años, estalladas el 24 de octubre tras la muerte por un disparo de la policía marroquí de un adolescente saharaui de 14 años, cuando viajaba para instalarse en otro asentamiento de los alzados alrededor de El Aiún en las últimas semanas.
Los campamentos de protesta surgieron como reivindicación a favor de derechos sociales y económicos por iniciativa de jóvenes saharauis del desierto, a la que se fueron sumando habitantes de El Aiún. En las jaimas (tiendas) de esos campamentos había el martes 9 entre 8.000 y 20.000 personas, según diferentes fuentes.
Ante la destrucción del campamento Gdeim Izik , el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, dijo que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero no podía hacer nada pues "la admisión en el territorio forma parte del núcleo duro de la soberanía de un país".
Tras las duras críticas a esas palabras, Jáuregui se vio forzado a "aclarar" en el parlamento que no hizo "ningún reconocimiento de soberanía de Marruecos sobre un contencioso que está pendiente" y que está a la espera de "una solución política bajo los auspicios de la ONU".
El ministro dijo que "no se trata de que hagamos una carrera sobre quién es más rápido en condenar, sino de lograr una vuelta a la normalidad" en el Sahara, ante la exigencia de la diputada por Iniciativa per Catalunya Verds, Núria Buenaventura, de que el gobierno haga una clara condena por lo sucedido y no se quede en expresar "preocupación".
Los activistas a favor del derecho a decidir de los saharauis critican que se hable de "normalidad" sobre lo que acontece en un territorio ocupado y que lleva décadas soportando violencias de todo tipo.
Además, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, se diferenció de Jáuregui desde la capital de Ecuador, etapa final de una gira concluida este jueves 11 y que incluyó también a Bolivia. La canciller puntualizó que España no reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio en disputa.
No obstante, pese a los enfrentamientos y a la dura posición de Marruecos, el camino para la negociación está abierto y esta semana se produjo un tercer dialogo informal en las afueras de Nueva York, a instancias de la ONU, entre representantes de Marruecos y del Frente Polisario, el movimiento de liberación saharaui.
Pero esa esperanza depende de lo que pueda hacer la ONU para presionar al régimen marroquí, en lo que puede y debería jugar un papel importante España, con acciones paralelas.
Pero lo que más reclaman los saharauis es que se cumpla el compromiso marroquí expresado en 1991, cuando el Frente Polisario firmó un alto el fuego a cambio de la promesa de un referéndum de autodeterminación, que no ha llegado a celebrarse.
Para presionar al gobierno español, grupos parlamentarios nacionalistas del País Vasco, Cataluña y Galicia, la coalición Izquierda Unida y la Unión, Progreso y Democracia, pidieron en las Cortes (Cámara de Diputados) que Zapatero comparezca para explicar la posición del Ejecutivo frente a la crisis en el Sahara.
La diputada Rosa Díez, ex socialista y creadora del centroizquierdista partido Unión Progreso y Democracia, señaló que ante la gravedad del ataque marroquí el ejecutivo debe dar la cara y dejar de lado "los coqueteos políticos" con Marruecos, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Taib Fasi Fihri, visitó Madrid a comienzos de mes.
También desde el derechista Partido Popular (PP), que encabeza la oposición, se reclama que el gobierno "rectifique en toda la regla" y que el gobierno emita un comunicado precisando su posición, a lo que no ha obtenido respuesta.
El diputado Jorge Moragas, coordinador de internacional del PP, subrayó que "legalmente y aunque al Gobierno le parezca mentira, España sigue siendo la potencia administradora del Sahara y así lo dicen Naciones Unidas y la legalidad internacional".
Esa afirmación se basa en que, al no haberse concretado la descolonización, la antigua colonia sigue siendo responsable por el territorio.
Aminatu Haidar, una activista que saltó a la escena mundial a fines de 2009 tras realizar una huelga de hambre de 32 días para reclamar su derecho a regresar a Marruecos, de donde la había expulsado el régimen, lamentó que el gobierno español se lave las manos y adopte una posición "de neutralidad frente al derecho de un pueblo en peligro".
En una carta remitida desde El Aiún dijo "España no puede hacer de Poncio Pilatos", ante lo que está sucediendo en el Sahara.
Además de la manifestación en Madrid se han programado otras en Bilbao, Sevilla, Vitoria-Gasteiz, Huelva, Barcelona, Córdoba, Málaga, Oviedo, Zaragoza, Alicante, Cuenca y otras ciudades españolas.
