Cactus, flores, arbustos y un sinnúmero de otros organismos genéticos salen cada día de Chile para ser estudiados, mejorados, patentados y comercializados. A falta de regulación, el país sólo los mira pasar.
«La salida o fuga de material biológico de Chile ocurre a diario y no hay un marco legal que lo regule», dijo a Tierramérica el especialista Pedro León, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) dependiente del Ministerio de Agricultura.
Más de 11 por ciento de la flora nativa de Chile se vende en el extranjero como semillas o plantas en viveros, sin que el país reciba ningún tipo de regalías. Son al menos 586 especies y 6,5 por ciento de ellas están en peligro de extinción, dice un estudio publicado en marzo en la revista Tierra Adentro del INIA.
A diferencia de otros países de América Latina, como Brasil, Ecuador o Perú, Chile no posee una flora nativa muy numerosa: son casi 5.200 especies. Pero hay un gran endemismo por el aislamiento del territorio, encerrado entre el océano Pacífico al oeste y la cordillera de los Andes al este. Cerca de 2.500 especies son exclusivamente chilenas.
«Eso significa que tienen compuestos químicos únicos en el mundo», por ejemplo, resistentes a la sequía o al frío, destacó a Tierramérica María Isabel Manzur, de la no gubernamental Fundación Sociedades Sustentables.
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Cerca de 30 por ciento de la flora chilena tiene usos, conocidos o potenciales, como alimentos, medicinas, forrajes, combustibles y ornamentos.
Entre las plantas identificadas por el INIA que se venden en el exterior hay especies del cactus del género Copiapoa y de las flores garra de león (Leontorchir ovallei) y huilli (Leucocoryne).
La murtilla (Ungi molinae), un arbusto de usos alimenticios, cosméticos y medicinales, hoy se produce en Australia y Nueva Zelanda, aunque el INIA también desarrolló y patentó en Chile dos variedades mejoradas.
Otra historia conocida es la de un microorganismo, el Streptomyces hygroscopicus, descubierto en la década de 1960 en la Isla de Pascua por investigadores canadienses. De él se extrajo la rapamicina, de propiedades antibióticas, antifúngicas, inmunosupresoras y antienvejecimiento.
«Las semillas salen porque hay un grupo de personas o instituciones que están encargadas de venderlas al extranjero según requerimientos de empresas internacionales semilleras, de viveros o de particulares coleccionistas», explicó León, encargado del Banco Base de Semillas del Centro Experimental Vicuña del INIA.
La facultad de regular el acceso a los recursos genéticos es de los gobiernos y debe estar sometida a una legislación nacional, dice el Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en 1992 y ratificado por Chile en 1995.
El tratado también promueve la distribución justa y equitativa de los beneficios que surjan del uso de esos recursos, especialmente a los campesinos y las comunidades indígenas que, por su contacto directo, han acuñado conocimiento sobre plantas, animales y hasta microorganismos.
Pero a los países parte del Convenio les llevó 18 años adoptar un régimen específico sobre los recursos genéticos.
Quince años después de ratificar el Convenio, Chile aún no legisla sobre la materia. Y como no existen normas que se estén violando, León prefiere hablar de «fuga» de materiales en vez de «biopiratería», como se conoce esta práctica.
Las flores del género Alstroemeria, como el lirio de los incas, son otro ejemplo. Varias especies silvestres salieron de Chile con destino a Holanda, donde fueron mejoradas y hoy se importan desde allí.
Por la recolección excesiva, algunas especies corren riesgo de extinción, como los cactus endémicos del norteño desierto costero. Pero no se conoce la real dimensión del problema porque sólo tres de las 15 regiones chilenas cuentan con «libros rojos» sobre la conservación de flora y fauna.
El INIA tiene cuatro bancos de germoplasma (semillas, cultivos de tejidos o colecciones de plantas que guardan el material genético de cada especie) y está implementando un quinto para preservar variedades de papas (Solanum tuberosum).
Según León, Chile conserva cerca de 60 por ciento de su diversidad agrícola y 20 por ciento de la flora nativa, y tiene la meta de llegar a 45 por ciento en 2020. Pero proteger una muestra puede costar entre 2.000 y 3.000 dólares. Y todavía está en ciernes la preservación de los frutales.
El INIA promueve que personas o instituciones informen cuando trasladan materiales para conservarlos. Los jardines botánicos, por ejemplo, firman «contratos de acceso». Pero la mayoría de las muestras salen del país sólo con un certificado del Servicio Agrícola y Ganadero que acredita que están libres de plagas.
En los últimos años, Manzur conoció varios borradores de leyes para regular el acceso a los recursos genéticos. «Pero nunca se ha llegado a puerto porque no hay acuerdo y porque se termina un gobierno y el que sigue tiene otras prioridades», apuntó.
Brasil tiene una ley de biodiversidad «bastante restrictiva», según los expertos, que impide la salida de material, pero a la vez dificulta la investigación interna. Costa Rica y la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador) también tiene normas de este tipo.
El Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los Recursos Genéticos y la Participación Justa y Equitativa de los Beneficios Derivados de su Utilización, acordado el 29 de octubre en esa ciudad japonesa por la 10 Conferencia de las Partes del Convenio, puede servir de impulso para llenar el vacío legal, según Manzur.
«De una vez por todas tenemos que valorar nuestro patrimonio, asignar los recursos necesarios para inventariarlo, conservarlo y usarlo sustentablemente», dijo León. La investigación e innovación son claves para generar oportunidades de negocios, acotó.
«Chile participó en las negociaciones del Protocolo de Nagoya. El texto final será analizado por las instituciones del (Poder) Ejecutivo con competencia en la materia antes de definir su suscripción», dijo a Tierramérica una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El instrumento se abrirá a la firma de los países entre el 2 de febrero de 2011 y el 1 de febrero de 2012, y entrará en vigor una vez que 50 partes lo hayan ratificado.
Según la misma fuente, el gobierno estudia «una ley sobre esta materia».
* Este artículo es parte de una serie de reportajes sobre biodiversidad producida por IPS, CGIAR/Bioversity International, IFEJ y PNUMA/CDB, miembros de la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org). Publicado originalmente el 20 de noviembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
