El compromiso del gobierno y de diversos organismos del Estado respecto a la protección y promoción de los derechos humanos es puesto en duda en Chile por un informe especial lanzado este jueves 25.
"Creo que no hay una comprensión cabal por parte de las autoridades, de distintos órganos públicos, de lo que significa la obligación de respetar y promover los derechos humanos, como lo establece la propia Constitución", dijo a IPS Jorge Contesse, director del Centro de Derechos Humanos de la privada Universidad Diego Portales (UDP), que realizó el estudio.
A modo de ejemplo, Contesse recordó la forma en que el gobierno del derechista presidente Sebastián Piñera, en el poder desde marzo, reaccionó ante la huelga de hambre que mantuvieron por más de 80 días una treintena de presos indígenas mapuches.
El académico valora que Piñera haya desarticulado la medida de presión enviando al parlamento dos proyectos de ley largamente esperados, que reforman la justicia militar y la ley antiterrorista. Pero asegura que los textos "no satisfacen cabalmente los estándares internacionales" de derechos humanos.
"La modificación a la justicia militar es parcial, ya que con el proyecto de ley que promueve el gobierno todavía existe la posibilidad de que civiles sean sometidos a la jurisdicción militar. Eso, desde el punto de vista internacional, es inadmisible", planteó.
Afirmó que si no se perfecciona la norma, Chile se arriesga a ser nuevamente condenado en esa materia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos y con sede en San José de Costa Rica.
En cuanto al segundo proyecto, Contesse cree que se avanzó en algunos aspectos. No obstante, se incluyó una definición de terrorismo tan "vaga" que hasta un "asesino en serie" podría ser condenado por este delito, aseveró.
Estas son algunas de las cuestiones analizadas en el Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2010 de la UDP, presentado este jueves.
Respecto a la justicia militar, el texto cuestiona la decisión de los fiscales del Ministerio Público (fiscalía) de derivar a las cortes marciales los casos donde las víctimas son civiles, mostrando un total desconocimiento del fallo de la Corte Interamericana.
A comienzos de este mes, diversos Sitios de Memoria, como Londres 38 y Villa Grimaldi, que recuerdan los atropellos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), denunciaron que el gobierno había retirado del proyecto de presupuesto 2011 el financiamiento directo que tenían esos lugares patrimoniales.
Tras una campaña pública y el apoyo de parlamentarios opositores, se logró un acuerdo con el Poder Ejecutivo para reincorporar dichas asignaciones.
Luego, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) acusó al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de "retener" más de 60 querellas por casos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos durante la dictadura que dicho organismo debía interponer ante la justicia.
La AFDD envió una carta al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y ha solicitado numerosas entrevistas para tratar el tema en el Palacio de La Moneda, sede de gobierno.
"Pero no hemos recibido respuestas", dijo a IPS Gabriela Zúñiga, dirigente de la AFDD, organización que actualmente carece de financiamiento, en espera de que el gobierno responda a los proyectos que ha presentado para obtenerlo.
La AFDD también ha cuestionado actuaciones de la actual secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos, Rossy Lama, como que se reúna con militares en retiro.
Actualmente hay más de 700 personas procesadas por violaciones a los derechos humanos y casi 300 condenados, según cifras del Programa.
Más de 3.000 personas engrosan las listas de personas ejecutadas y detenidas desaparecidas durante la dictadura de Pinochet, mientras 27.000 fueron víctimas de tortura.
"Según las cifras entregadas por el Programa en mayo de 2010, hay 350 causas abiertas en Chile por desapariciones, torturas, entierros ilegales o conspiraciones que datan del período dictatorial", indica el informe de la UDP.
"Estas causas representan un tercio de la cifra oficial de víctimas reconocidas, lo que quiere decir que la mayoría de ellas aún no han iniciado procesos judiciales", agrega.
Un señal auspiciosa fue dada este mismo jueves por el gobierno al anunciar que se querellará contra quienes resulten responsables de la muerte en marzo de 1974 del ex ministro del derrocado presidente Salvador Allende (1970-1973), José Tohá, hasta ahora etiquetada como suicidio.
Tohá, quien fue titular de Interior y Defensa de Allende, murió en un hospital militar, a donde llegó muy deteriorado y desnutrido tras estar detenido y ser torturado en la Isla Dawson, en el extremo sur del país. Un tribunal de Santiago ordenó el día 15 exhumar sus restos y proseguir las investigaciones sobre la verdadera causa de su muerte.
Junto con saludar la iniciativa, la directora del público y autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, llamó "a las autoridades a pronunciarse con la misma fuerza y celeridad respecto de las demandas por casos de ejecutados políticos que se encuentran pendientes en el Programa de Derechos Humanos de la cartera de Interior".
La voluntad de la Corte Suprema también ha sido puesta en duda por organizaciones de defensa de los derechos humanos, principalmente por rebajar las sentencias de los antiguos represores, aplicando las figuras de la "prescripción" y "media prescripción".
El máximo tribunal además tiene la política de rechazar las demandas civiles contra el Estado que buscan indemnización por estos casos, advierte el informe.
El Centro de Derechos Humanos de la UDP también estudió la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, que entró en vigor en el país en 2009.
"Se aprecia que en las Cortes de Apelaciones la tendencia es a dar lugar a las normas del Convenio, incluso por sobre las normas internas, como obliga el derecho internacional público, en tanto no es posible aducir normas internas para incumplir con lo dispuesto por un tratado internacional", dice el texto.
Pero al llegar a la Corte Suprema las argumentaciones basadas en el Convenio 169 se desestiman.
"Salvo un caso, fallado por la sala civil de la Corte Suprema, el máximo tribunal ha ido desarrollando, en la sala constitucional, una jurisprudencia que desatiende las obligaciones de Chile y sitúa al Estado —una vez más— en la senda del incumplimiento de sus compromisos internacionales, exponiéndolo a ser reprendido por órganos de supervisión y monitoreo de tratados", concluye el informe.
