La crisis no golpea a España por igual, ya que a los pobres los empuja hacia abajo y a los ricos hacia arriba.
Hay ejemplos de las dos realidades. Por un lado, aparece la congelación de las jubilaciones y pensiones en 2011 y la rebaja de los sueldos de los empleados estatales y, por el otro, el aumento de las ganancias de uno de los bancos de capitales españoles más poderosos, el BBVA, con fuerte presencia en América Latina y otras regiones.
El gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero anunció en mayo que el próximo año se suspenderá el reajuste a las pensiones según la inflación, exceptuando las no contributivas y las mínimas, y que se disminuirá en promedio cinco por ciento el salario de los empleados públicos, entre otros recortes de beneficios sociales.
Entre los que más cobran están los funcionarios del gobierno central, cuyos sueldos caerán 15 por ciento, mientras que los más bajos disminuirán sólo 0,56 por ciento. El congelamiento de las pensiones afectará a unas seis millones de personas.
Desde los sindicatos se sigue insistiendo en la necesidad de fortalecer el diálogo social entre el gobierno, la empresarial Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y las principales centrales: la Unión General de Trabajadores (UGT, pro socialista) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO, pro comunista).
El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, dijo a IPS que su organización mantiene la voluntad de negociar, pero que el gobierno colocó en mala situación a ese proceso en mayo, cuando dispuso varias medidas que lo dificultan, si es que no lo impiden.
Entre esas medidas Méndez consignó "un plan de ajuste incumpliendo el acuerdo que ya teníamos firmado, congelando las pensiones, imponiendo la reforma laboral, vulnerando el acuerdo firmado con los empleados públicos y diciendo que era posible que se rompiera el Pacto de Toledo".
El histórico Pacto de Toledo, suscrito en 1995 por los sindicatos, el gobierno y la patronal, estableció que todos se comprometían "a reforzar, consolidar y dar viabilidad futura al modelo de pensiones que ha ido configurándose en los últimos años, pues es el que mejor permite combinar adecuadamente los principios de seguridad y solidaridad".
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, informó en rueda de prensa el miércoles que convocará a una reunión a los diferentes actores sociales, con el objetivo de comenzar a negociar la reforma a las políticas activas de empleo.
Pero puntualizó que el Poder Ejecutivo carece de propuestas concretas, las que espera elaborar durante las reuniones que se celebrarán en las próximas semanas, proceso que aspira a concluir antes de fin de enero.
En la actualidad hay poco más de cuatro millones de desocupados en este país de casi 47 millones de habitantes, según datos oficiales. Pero la última Encuesta de Población Activa (EPA), utilizada como fuente por la Unión Europea, elevó esa cifra a 4.6 millones.
El ministro Gómez informó que unas 340.000 personas cobran protección temporal por desempleo o inserción, 1,3 millones reciben prestación asistencial y 1,2 millones están sin cobertura por desempleo, algunos de ellas por no haber trabajado previamente.
El resto de los cuatro millones de desocupados tienen cobertura de acuerdo al tiempo trabajado y los salarios percibidos.
En la otra vereda, Fernando Azpeitia y José Antonio Herce, asesores de grandes empresas y miembros de la consultoría privada Analistas Financieros Internacionales, proponen que se eleve la edad de jubilación.
Si ésta no se aumenta, el sistema de pensiones llegaría a un déficit estructural a partir de 2020, agotándose su Fondo de Reserva hacia el 2028, afirman en un artículo publicado en la edición de julio de la revista Panorama Social de la privada Fundación de las Cajas de Ahorros.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, confía en que el Pacto de Toledo sea capaz de acordar la reforma a las pensiones, porque, de lo contrario, "sería una irresponsabilidad gravísima", afirmó.
Uno de los principales aspectos de esa reforma impulsada por el gobierno es el aumento de la edad de jubilación de 65 a 67 años, un poco más bajo que los 70 años que plantean los empresarios. En la actualidad la edad media de quienes se jubilan es de 63,5 años.
"Tenemos en el horizonte una nueva oleada de movilizaciones, unas en torno al 15 de diciembre y otras al 18 de ese mes", adelantó Méndez, quien recordó la huelga general del 29 de septiembre, que según los sindicatos tuvo más de 70 por ciento de adhesión, con más de 1,2 millones de personas manifestándose en las principales ciudades del país.
En octubre 68.213 personas se quedaron sin trabajo, 7,3 por ciento más que en el mismo mes del año pasado, y cayó casi nueve por ciento la contratación de trabajadores por tiempo indefinido respecto a hace un año.
Con ese telón de fondo, el BBVA acaba de comprar 24,8 por ciento de las acciones del banco turco Garanti, invirtiendo para ello 4.195 millones de euros (5.876 millones de dólares). Además decidió contratar a un millar de especialistas en los próximos tres años para apuntalar negocios como renta fija, materias primas y asesoría en fusiones de empresas, poniendo el principal punto de atención en América Latina y Asia.
Asimismo, el margen bruto del BBVA creció 3,8 por ciento en los nueve primeros meses del año, respecto al mismo periodo de 2009, hasta totalizar 15.964 millones de euros (22.000 millones de dólares).
Todos los bancos españoles pasaron la prueba de solvencia realizada en julio por el Comité de Supervisores Bancarios Europeos, que midió la resistencia de las entidades bancarias ante escenarios económicos más adversos en el marco de la crisis económica internacional surgida en 2008 en Estados Unidos.
El sector bancario, que superó la crisis gracias a que el gobierno aportó 30.000 millones de euros (42 millones de dólares) en 2008 para garantizar la liquidez del mercado, sigue reclamando más ayudas. Además, planea aumentar el costo del servicio financiero para los clientes, con comisiones más altas.
La principal fuerza de oposición, el centroderechista Partido Popular, plantea que ante la crisis hay que avanzar en la privatización. Su secretario general, Mariano Rajoy, propuso a fines de octubre que se "liberen" (privaticen) sectores públicos, como los aeropuertos y el ferrocarril, así como los servicios básicos de sanidad y educación.
