A 16 meses del golpe de Estados contra el gobierno constitucional del presidente Manuel Zelaya, la inestabilidad política y las violaciones de los derechos humanos en Honduras siguen preocupando a una mayoría de los países que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Una delegación hondureña, encabezada por el presidente Porfirio Lobo, escuchó críticas y pedidos de informaciones acerca de los abusos más graves, en particular los asesinatos este año de nueve periodistas, la impunidad persistente por la represión y las persecuciones desatadas tras el derrocamiento de Zelaya el 28 de junio de 2009 y la deteriorada situación de niños y niñas, de mujeres y de otros grupos marginados.
El Consejo, máximo organismo especializado de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en materia de derechos humanos, discutió este jueves el Examen Periódico Universal (EPU) sobre Honduras.
Una vez cada cuatro años los 192 estados miembros de la ONU se someten al escrutinio del Consejo, que evalúa el acatamiento de los países a las normas internacionales sobre derechos humanos.
Aunque el Consejo de Derechos Humanos esta integrado por sólo 47 países, los demás miembros de la ONU pueden participar de los debates, aunque sin derecho a voto.
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La jefa de la delegación hondureña, la vicepresidenta María Antonieta Guillén de Bogran, defendió la conducta del gobierno y sostuvo que en su país "no existe política de estado para conculcar los derechos humanos".
En contraste, la representación de Suiza observó que "la impunidad extendida prevalente" en el país "determina que los crímenes de ciudadanos hondureños, incluidos los de periodistas o de miembros de la oposición política" no sean investigados ni tampoco procesados judicialmente.
Varios países recalcaron ese aspecto. España llegó a referirse a "la situación de impunidad que se vive en Honduras, donde 85 por ciento de los casos denunciados no son resueltos" y mencionó que los ciudadanos se encuentran en estado de "indefensión".
Suecia mencionó "informes creíbles" de casos de torturas y maltratos cometidos en prisiones y otros centros de detención como consecuencia de la violación del orden constitucional que incluyó el secuestro de Zelaya por la madruga de su casa por un comando militar y el posterior envío en piyamas a Costa Rica.
La misma delegación transmitió su preocupación por las denuncias divulgadas sobre el uso desproporcionado y excesivo de la fuerza por la policía y los militares que reprimieron las "generalizadas manifestaciones" ocurridas después del alzamiento cívico-militar.
En consecuencia, la representación sueca demandó al gobierno de Lobo que informe de las acciones que ha emprendido para investigar esas denuncias de abusos y para imputar los delitos a los responsables.
Desde el día del golpe hasta diciembre de 2009 se cometieron en Honduras 53 crímenes por razones políticas, aseguró un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que sirve de antecedente para los debates del Consejo.
La cifra de 53 muertos fue citada en un documento conjunto aportado a las discusiones del EPU por organizaciones no gubernamentales hondureñas, entre las que figuran el Comité Por la Libre Expresión (C-libre), Centro de Derechos de Mujeres y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las Víctimas de la Tortura y sus Familiares.
La ola de asesinatos alcanza también a otros sectores de la población hondureña, como expuso la delegación brasileña.
Un motivo de preocupación particular es el aumento de la violencia, inclusive de ejecuciones sumarias y extrajudiciales, contra personas del grupo de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), así como de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, dijo el representante de Brasilia.
La misma inquietud se extiende a la impunidad que prevalece en esos crímenes, agregó.
Uruguay, a su vez, hizo hincapié especialmente a las muertes violentas de adolescentes y jóvenes, incluso a manos de agentes policiales, como precisó la jefa de la misión, Laura Dupuy.
En el tema de los derechos de la niñez, la delegación uruguaya declaró su inquietud por un flujo migratorio cada vez mayor de niños, niñas y adolescentes no acompañados, que se exponen a múltiples peligros y violaciones de los derechos humanos poniendo en riesgo su integridad física y psicológica.
Otro grupo de organizaciones no gubernamentales, la Coordinadora de Instituciones Privadas por los Derechos de la Niñez (Coiproden), refirió que el derecho a la vida y la integridad de los menores se ven amenazados por el abuso del poder estatal y de los adultos. El control y la represión aumentaron en el último año, aseguró.
La Coiproden consignó que entre julio de 2009 y enero de 2010 se denunciaron un promedio de 16 muertes de niños por mes.
Esta red está integrada por Aldeas Infantiles (SOS), Asociación Nuevo Amanecer, Asociación Brigadas de Amor Cristiano, Asociación Cristiana de Jóvenes y Médicos Sin Fronteras, entre otras.
La delegación del gobierno hondureño recibió también manifestaciones de preocupación de distintos miembros del Consejo por los asesinatos de periodistas y por la falta de libertad de expresión.
Organizaciones internacionales de periodistas han denunciado los crímenes de nueve colegas hondureños este año.
Una de esas entidades, IFEX, dijo que las investigaciones de esas muertes aun no han producido resultados. Sin embargo, el gobierno las atribuye a delitos comunes relacionadas con el crimen organizado, dijo.
La vicepresidenta Guillén de Bogran insistió ante el Consejo que los dos casos de asesinatos de periodistas que hasta ahora han llegado a los estrados judiciales corresponden a crímenes relacionados con la delincuencia común.
Anarella Vélez, de C-libre, dijo a IPS que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había reclamado al gobierno de Lobo que adoptara medidas cautelares para proteger a uno de los periodistas que finalmente fue abatido sin protección de las autoridades.
La delegación de Argentina recomendó a Tegucigalpa que adopte medidas efectivas para garantizar el derecho a la vida y la integridad física de los periodistas hondureños y el ejercicio de la liberta de expresión.
Argentina reclamó también que se lleven a cabo investigaciones, juzgamiento y sanciones correspondientes contra los responsables de hostigamiento a miembros del Poder Judicial hondureño y que repare adecuadamente a las víctimas.
Algunos países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay, dejaron sentado en sus exposiciones las diferencias que mantienen con el régimen de Lobo, al que desconocen legitimidad.
Dupuy dijo que Uruguay participaba en el EPU de Honduras "sin por eso otorgar un reconocimiento explícito ni implícito al gobierno del señor Porfirio Lobo Sosa".
Las recomendaciones del Consejo a Honduras, producto de una negociación política, se darán a conocer el lunes próximo.
