Las violaciones a mujeres en la occidental región sudanesa de Darfur han sido sistemáticas desde el inicio de la guerra civil en 2003. La no gubernamental Alianza 149 lleva adelante una campaña para reformar la norma que confunde ese delito con el de adulterio.
Además la ley obliga a la mujer a presentar cuatro testigos varones para probar que fue "sin consentimiento". Si ella denuncia una violación y no puede presentar esas pruebas, la acusarán de adulterio y será castigada con 100 latigazos, si es soltera, o lapidada, si está casada.
"La reforma será muy buena para las sudanesas porque permitirá separar adulterio de violación. El agresor será castigado con una larga condena", señaló Amro Kamal, abogado voluntario del Monitor de Derechos Humanos de Sudán y miembro de la dirección de la Alianza 149.
El Código Penal sudanés "se supone que está basado sobre la shariá (ley islámica), pero el problema es que el artículo 149 no distingue entre zina y violación, y eso es malo y anti islámico", explicó.
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El caso de Darfur necesita un enfoque diferente.
Los problemas en esa región, reino independiente anexado por Sudán en 1917, comenzaron en la década de 1970 como una disputa por tierras de pastoreo entre nómadas árabes y agricultores indígenas negros.
Ese conflicto derivó en una guerra civil en febrero de 2003, cuando guerrilleros negros respondieron con violencia al hostigamiento de las milicias Janjaweed ("jinetes a caballo").
Los Janjaweed, apoyados por Jartum, son acusados de llevar adelante una campaña de limpieza étnica contra tres tribus negras que respaldan a las organizaciones guerrilleras.
Los combatientes son considerados responsables de la muerte de 300.000 personas y del desplazamiento de dos millones más.
La Alianza sugiere adoptar el derecho humanitario internacional para abordar las necesidades de las víctimas de Darfur.
Las mujeres viven con el permanente temor de ser violadas y expulsadas de sus comunidades. Muchas deben abandonar sus hogares y se van a campamentos montados por el gobierno. Algunas permanecen allí durante años.
"No es fácil para una mujer violada vivir en nuestra comunidad, en especial cuando queda embarazada. El entorno no acepta al bebé", explicó Mahbouba Abdur Rahman Ali, de la Organización de Empoderamiento de Mujeres.
El Acuerdo Integral de Paz, que en 2005 puso fin al conflicto de 21 años entre el norte, de mayoría musulmana, y el sur, de negros cristianos, requiere una reforma legal para ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos, según la Alianza.
"Sudán no es signatario de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres", dijo a IPS una fuente de la Unidad Infantil y de la Familia. "Eso dificulta la labor de reformar la ley porque no hay ningún responsable de los asuntos femeninos", añadió.
La Alianza 149 está atrayendo la atención de los legisladores. Cuando lanzó la campaña, en enero, reunió a funcionarios del Ministerio del Asuntos del Interior, de la policía, parlamentarios y representantes de partidos políticos.
"Fue sensacional ver organizaciones de mujeres y representantes reunidos por una gran causa", señaló Fahima Hashim, integrante del directorio de la Alianza y directora del Centro Salmmah de Recursos sobre las Mujeres.
