En el sudeste de Perú hay un mensaje que circula como un gas tóxico para algunos y un antídoto para otros: «Con el proyecto hidroenergético Inambari se acabará la minería ilegal y el cultivo de coca; habrá desarrollo y trabajo».
"Ellos dicen falsedades. No queremos perder nuestra selva", señaló Olga Cutipa, presidenta del Frente de Organizaciones del Río Inambari.
Al igual que un amplio sector de pobladores de la provincia de Carabaya en Puno, Cutipa rechaza el proyecto Inambari, que incluye un embalse de 37.800 hectáreas, según una primera versión del estudio de factibilidad de la obra. La inversión proyectada es de 5.000 millones de dólares, con una capacidad instalada de 2.200 megavatios.
Una porción de la selva peruana, que también abarca los departamentos de Cusco y Madre de Dios, quedaría bajo el agua con esta represa, que se convertiría en una de las más grandes de Perú y América Latina.
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Cutipa confirmó a IPS que el 10 de octubre unas 2.000 personas se desplazarán a Juliaca, capital de la provincia de San Román, también en Puno, para marchar hacia Lima. La llegada está prevista para dos días después.
"El río Inambari es nuestro banco, de ahí sacamos el oro para criar a nuestros hijos", planteó. "¿Para qué nos vamos a ir?", insistió.
Unos 70 pueblos serían desplazados por el embalse, según una investigación de la ingeniera Rosario Linares, de la agrupación Sociedad Civil por la Construcción de la Carretera Transoceánica de Puno.
La Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (Egasur), de capitales brasileños, dijo a IPS que el número es menor, pero no precisó la cifra.
La represa es una de las cinco proyectadas en un acuerdo suscrito por los gobiernos de Brasil y Perú el 16 de junio para generar 6.000 megavatios.
La compañía se apresa a censar a la población que sería trasladada, mientras pide a Lima la ampliación del plazo de su concesión hasta junio de 2011 y regala útiles escolares y uniformes para los niños de la zona. Egasur propone 10 zonas de reubicación, pero los vecinos temen que sus nuevas casas no se construyan cerca de la carretera Interoceánica por la que lucharon durante varios años.
La empresa aseguró que sí tendrán acceso a la carretera y que se garantizará el abastecimiento de servicios básicos, pero no facilitó a IPS el plan detallado pese a la insistencia.
La caja chica
La incertidumbre se cuela entre las chacras, el río y los bosques, al igual que los mensajes en contra y a favor del proyecto.
"Quería aumentar dos hectáreas de cacao, pero dicen que el presidente (peruano) Alan García ya firmó con Brasil, que ya estamos perdidos. ¿Qué hago?, ¿planto o no?", preguntó a IPS Sebastián Chu, de 59 años, un agricultor de Puerto Manoa, uno de los primeros pueblos de Puno que sería reubicado.
Chu cultiva media hectárea de coca como "caja chica" para cosechar otros productos, aseveró.
Por un paquete de coca de 10 kilogramos, los agricultores reciben 120 soles (43 dólares) en promedio, mientras que por un kilogramo de cacao apenas seis soles (menos de dos dólares) y por 100 mandarinas tres soles.
"Reconocemos que antes venían personas extrañas a comprarnos, pero luego de las erradicaciones (que hizo el gobierno en 2004 y 2005), disminuyó bastante la coca", aseguró el agricultor.
Egasur tiene su propia teoría. "El problema no sólo es la zona de embalse, sino toda la cuenca de Inambari. Es la creciente presión migratoria y la presencia de actividades ilegales: minería de escala industrial y maceración de coca", aseguró vía en una respuesta por correo electrónico.
Algunas autoridades han secundado esta versión.
Al recorrer el lugar del futuro embalse a través de la ruta Interoceánica, es posible ver en algunos tramos del Inambari explotación de oro desde su forma más artesanal hasta con el uso de maquinaria pesada, como sucede en San Lorenzo, Cusco.
Pero lo que domina el paisaje son los bosques primarios, no los cultivos de coca, a diferencia de la provincia contigua de Sandia, también en Puno.
En Sandia, donde no hay conexión directa con el área del proyecto y se debe llegar desde Juliaca, hay quienes ponen a secar la coca en plena carretera. Los cultivos también están cerca de las plazas, como en Masiapo, capital del distrito del Alto Inambari.
En la homónima capital provincial sorprenden las construcciones de hoteles y viviendas de cinco pisos. Policías y fiscales confirmaron a IPS la existencia del narcotráfico.
Al otro lado, en Carabaya, el temor se acrecienta porque la mayoría de los pobladores no tienen títulos de propiedad de sus viviendas.
"¿Nos pagarán?, ¿reconocerán nuestras chacras?", se preguntó Evelyn Medina, de Loromayo, un pueblo que se encuentra en disputa entre dos distritos de la provincia Carabaya, San Gabán y Ayapata, y, a su vez, es reclamado por otra región vecina: Madre de Dios. Los conflictos limítrofes se mezclan.
¿Traslado de problemas?
La falta de electricidad y desagüe es parte de las carencias. Y por eso algunos jóvenes ven en la represa una oportunidad para ganar dinero a corto plazo. Carlos Lima, de 22 años, construye en Loromayo un hospedaje para aprovechar los cuatro años que duraría la construcción. "Esto es de paso, no quiero quedarme, quiero vivir en una ciudad", dijo a IPS.
Para el director del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia, Ernesto Ráez, la reubicación sólo trasladará los problemas sociales a otros "10 focos de contaminación". "Esa no es la solución y por eso debemos preguntarnos ¿a quién beneficia el proyecto?", agregó. Los costos ambientales son altos: no sólo se alteraría el cauce del río Inambari sino el ecosistema que lo rodea. La central abarcaría parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene.
Organizaciones ambientalistas aseguran que la obra beneficiará fundamentalmente a Brasil porque Perú deberá entregarle una cantidad fija de energía por 30 años sin elevar su participación aunque lo demande su consumo interno. Egasur asegura que respetará los estándares nacionales e internacionales para el desplazamiento.
El director de Apoyo y Protección a Desplazados del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Elmer Galván, indicó a IPS que la empresa debe elaborar un plan de reubicación consultado con la población y establecer indemnizaciones. "Además, debe ofrecer opciones mejores a su situación actual, y eso no es un favor, es una obligación", enfatizó.
La ley peruana no exige, para ampliar la concesión, que los pobladores sean consultados. Sólo para dar el permiso definitivo se piden talleres participativos como parte del Estudio de Impacto Ambiental. La firma ha avanzado en ese proceso, pero con poco éxito.
En Brasil hay más exigencias para reducir los impactos ambientales y sociales, incluso los fiscales pueden ordenar la paralización de los proyectos. Los movimientos sociales también tienen más espacio para ejercer presión. La valla parece más baja en Perú.
