Amalia es una niña indígena maya de una comunidad rural del sur de Quintana Roo, en el Caribe mexicano. Tiene 11 años y en agosto se convirtió en la madre más joven del país, al dar a luz a una bebé de 51 centímetros y algo menos de tres kilogramos.
![Antes de nacer, Giovanni perdió su derecho a ser nombrada como niña Crédito: Daniela Pastrana/IPS Antes de nacer, Giovanni perdió su derecho a ser nombrada como niña Crédito: Daniela Pastrana/IPS](https://www.ipsnoticias.net/fotos/96481-20100922.jpg)
Amalia fue violada, presuntamente por su padrastro, cuando tenía 10 años, y no tuvo opción de interrumpir su embarazo pues, cuando su caso se conoció, ya habían pasado los plazos legales para abortar.
Se pusieron así en evidencia las fallas del Estado para atender la violencia contra las niñas, un fenómeno soterrado por las otras muchas violencias en las que está atrapado México, como los asesinatos del narcotráfico y las violaciones de derechos humanos atribuidas a la fuerza pública.
Amalia «cumple con la acumulación de exclusiones sociales: es mujer, niña, indígena y pobre», dijo a TerraViva el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez, una organización que aglutina a más de 50 asociaciones pro infancia.
«Tuvieron que pasar más de 20 años para que yo reconociera lo que pasó. Es algo que nunca perdonas, aprendes a vivir con eso y ya», dijo a TerraViva una profesional de Ciudad de México, de 35 años, que fue abusada sexualmente por su tío a la edad que ahora tiene Amalia.
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En este país de 108 millones de habitantes viven 18,4 millones de varones y 17,9 millones de mujeres menores de 18 años. El trato violento a la infancia se presenta en uno de cada tres hogares, pese a que en todo el país hay instituciones encargadas de su bienestar.
El dato fue corroborado por un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), según el cual México es el segundo país con mayor maltrato de niños y niñas, detrás de Portugal, entre 27 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La mortalidad de este fenómeno es de 30 fallecimientos por cada millón de menores.
«Gran parte de esta violencia ( ) física, sexual, psicológica, (de) discriminación y abandono, permanece oculta y, en ocasiones, es aprobada socialmente», señala Unicef.
Y si este crimen es poco registrado, menor es la información sobre las diferencias de maltrato por cuestión de género. «Hay una invisibilidad estadística que impide dimensionar el problema», dijo Pérez.
Algunos estudios recientes arrojan datos aislados de un rompecabezas inconcluso. La última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reporta seis embarazos por cada 1.000 niñas de 12 a 15 años, y 101 por cada 1.000 adolescentes de 16 y 17 años.
En Quintana Roo, el secretario de Salud estadual, Juan Carlos Azueta, reconoció que en 2009 hubo 5.500 registros de adolescentes embarazadas y 16 por ciento fueron producto de violaciones, un porcentaje que parece responder al patrón nacional.
«Quiero a mi hija, pero nunca he sabido tratarla, me desespera y soy injusta con ella muchas veces», admitió a TerraViva Gloria, una madre de tres niñas, la mayor fruto de una violación que sufrió cuando tenía 15 años, cometida por un hombre casado.
«Hay algo en ella que me recuerda cómo nació, y nadie me enseño a ser mamá o a lidiar con esto dentro», dijo esta madre maltratadora de Atizapán, en la periferia metropolitana.
El sistema de información no gubernamental «La infancia cuenta» – 2009, dedicado a las niñas, señala que «hay grupos específicos de mujeres marginadas del sistema educativo»: las adolescentes madres, las niñas y adolescentes con alguna discapacidad y las indígenas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 180.500 madres adolescentes entre 12 y 18 años no concluyeron la educación básica. Las niñas tienen mayores porcentajes de asistencia escolar desde los cinco años, pero esta primacía decae a partir de los 16, en parte por los embarazos precoces.
«A los 15 años me fui con el papá de mis hijos para huir de mi casa, pero me fue peor», contó a TerraViva Citatli, hoy de 45 y abuela, en un barrio popular del este metropolitano. A los 17 ya tenía dos hijos «y el menor nació prematuro por una golpiza», dijo. «Siempre he vivido en la violencia. De mi mamá, de mis hermanos, de mi primer marido, ahora de mis hijos», compartió. Su única esperanza es que «mis cinco nietos no sean iguales».
En México, los actos violentos contra niñas, adolescentes y mujeres se fundamentan en una construcción social que supone que los varones son superiores, coincidieron las fuentes entrevistadas por TerraViva.
«Tenemos avances restringidos, una ley federal (contra la violencia de género) y leyes locales en todos los estados, pero no vemos cambios fundamentales, prevalece una cultura en la que lo masculino está por encima de lo femenino», afirmó Axela Romero, directora de Salud Integral para la Mujer.
Giovanni, una niña de nueve años que vive en el violento vecindario capitalino de Penitenciaria, sabe de ello. Tiene nombre de varón porque su madre estaba por dar a luz al primogénito y lo perdió por «un susto» cuando el padre se metió en una riña. Y ella heredó el nombre pensado para el hijo perdido. «Odio la violencia y más que los señores tomen» licor, dijo la niña a TerraViva.
Los feminicidios pusieron en las primeras planas mundiales a la norteña y fronteriza Ciudad Juárez: más de 800 mujeres torturadas y asesinadas en los últimos 16 años, según datos oficiales incompletos. Mientras, en algunos estados las leyes sancionan con más dureza a las mujeres que abortan que a sus violadores.
De acuerdo con encuestas oficiales, más de 60 por ciento de los adolescentes varones piensan que es responsabilidad de la mujer cuidarse de no quedar embarazada, y al menos una quinta parte del alumnado ha presenciado en su centro educativo cómo, en algún rincón, uno o más niños molestaban a una niña tocándola sin su consentimiento.
Pero esa, como otras agresiones, queda precisamente arrinconada.
* Este artículo fue publicado originalmente por el periódico independiente TerraViva de IPS con el apoyo de Unifem y del Dutch MDG3 Fund.