Dependiendo de con quién se hable, el monte filipino Mantalingahan es un tesoro escondido de yacimientos minerales vírgenes o un lugar rico en biodiversidad, donde viven algunos de los animales más exóticos y amenazados del mundo.
En realidad es las dos cosas. Y es por eso que ese monte, ubicado unos 150 kilómetros al sur de Puerto Princesa, capital de la sudoccidental provincia filipina de Palawan, es escenario de un conflicto entre comunidades y ambientalistas por un lado, y empresas mineras por el otro.
Palawan representa la mayor parte de las reservas de mineral de níquel del país, valuadas en 300.000 millones de dólares, según datos oficiales. Pero aprovecharlas no es tan fácil, porque eso comprometería grandes áreas de bosques originarios y los grandes beneficios que ellos acarrean.
Según el geólogo José Antonio Sócrates, el monte Mantalingahan es «tal vez el mayor depósito de mineral de níquel del país», lo que explica por qué las principales empresas mineras han intensificado sus planes y otros han presentado demandas ante las agencias regulatorias en Manila.
Pero para Danny Balete, uno de los principales científicos expertos en mamíferos del país, el Mantalingahan es «el centro del endemismo de mamíferos y de biodiversidad de Filipinas», y hogar de la tribu Taut Bato (pueblo de piedra), cuya población se estima en menos de 500 individuos.
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Balete descubrió allí una nueva especie de musaraña de montaña, y otros científicos recolectaron nuevas especies de plantas, entre ellas una impactante orquídea blanca con labelos dorados.
La Alliance for Zero Extinction enfatizó la importancia de Mantalingahan como hogar de varias especies endémicas, entre ellas la musaraña de piel blanda, que no se vio en décadas, y especies en serio riesgo de extinción, como el faisán de Palawan y la cacatúa de Palawan.
Esa alianza está integrada por 52 organizaciones no gubernamentales internacionales que protegen la biodiversidad.
«Todavía hay mucho por aprender sobre el monte Mantalingahan, no sólo para la ciencia sino, lo que es más importante, para la sociedad que se beneficiará de esta riqueza de recursos biológicos», dijo Balete, refiriéndose a los potenciales logros medicinales derivados de la bioprospección, es decir la investigación de sustancias químicas procedentes de la biodiversidad.
Balete agregó que el estudio que en 2007 efectuó su equipo en Mantalingahan para Conservation International subrayó que es «un componente importante de la biodiversidad general del país».
En junio de 2009, la ex presidenta Gloria Macapagal Arroyo (2001-2010) declaró parque nacional a Mantalingahan y lo clasificó como un «paisaje protegido» que abarca 120.457 hectáreas.
En este contexto, el conflicto entre los intereses mineros y ambientalistas se intensifica, involucrando a funcionarios locales, leyes y comunidades.
Animadas por la demanda mundial de níquel y por la política gubernamental de revivir la minería, varias firmas mineras planean iniciar operaciones en la zona de Mantalingahan.
MacroAsia, buque insignia de uno de los conglomerados empresariales más prominentes del país, se postula a permisos locales para poder usufructuar el arrendamiento que le concedió el gobierno por 25 años en el pueblo de Brookes Point y que se superpone parcialmente con el área protegida.
Otras dos compañías —Ipilan Nickel Mining Corp. y Lebach Mining Corp.— se encuentran en etapas más iniciales de su desarrollo, intentando conseguir todas las autorizaciones locales necesarias para poder continuar con sus proyectos.
En su camino se interponen las organizaciones de la sociedad civil, que buscan la aprobación de las comunidades y los organismos regulatorios provinciales, para para presentar acciones legales que frenen los proyectos mineros.
Los habitantes de la aldea de Ipilan que se oponen a la minería, liderados por el jefe de esa comunidad, Job Lagrada, dijeron que formarían una barricada humana si el gobierno permitía que los proyectos continuaran. Creen que la minería destruirá sus cultivos y cuencas.
La organización Fuerza Juvenil de Palawan se ha embarcado en una campaña de firmas en la red social Facebook para convencer al nuevo presidente de Filipinas, Benigno Aquino III, de impedir las nuevas actividades mineras en la provincia.
El Centro de Asistencia Legal Ambiental ha llevado a la justicia a la mayoría de los funcionarios provinciales por aprobar un proyecto minero en la municipalidad de Narra, en presunta violación de una ley nacional especial que protege a los bosques autóctonos que quedan en Palawan.
Un tema polémico en torno a Mantalingahan es si debería permitirse o no la minería en las áreas centrales, con bosques originarios, que están protegidos por la ley del Plan Ambiental Estratégico de Palawan.
Una evaluación inicial del Consejo de Palawan para el Desarrollo Sostenible, la agencia regulatoria provincial, mostró que toda el área arrendada a MacroAsia, menos 91 hectáreas, son «zonas centrales y restringidas», protegidas bajo el sistema del Plan.
Pero MacroAsia sostiene que su derecho legal a utilizar el área arrendada tiene precedencia sobre las leyes locales, lo que incluye la proclamación de Mantalingahan como área protegida.
El ex vicealcalde de Brookes Point, Jean Feliciano, sostiene que la mayoría de los funcionarios municipales que respaldan el proyecto de MacroAsia planean cambiar las leyes locales y reclasificar los bosques de primer crecimiento bajo el plan de delimitación de zonas, a fin de que hacer lugar al emprendimiento minero.
«Ahora hay un esfuerzo por revisar el exhaustivo plan de uso de la tierra», dijo Feliciano.
Feliciano culpó a MacroAsia de estar detrás del «acoso» de organizaciones anti-mineras en Brookes Point, citando el caso de Lagrada, que enfrenta una serie de demandas administrativas relacionadas con su oposición al proyecto. Éste ha impedido que la firma minera realice estudios.
En una entrevista, el vicepresidente de operaciones de MacroAsia, Ramón Santos, se negó a formular declaraciones sobre la mayoría de las críticas contra su empresa. «Hemos respondido formalmente a esos asuntos planteados por el Consejo de Palawan para el Desarrollo Sostenible», dijo.
Santos aseguró que MacroAsia no está directamente involucrada en la campaña para reformar el plan de uso de la tierra para alojar al proyecto de mineral de níquel.
«Tenemos una buena relación con la comunidad y con el gobierno local. Tenemos todas las aprobaciones, aunque en este mundo no se puede complacer a todos», agregó.
Pero Feliciano cuestionó la validez de las firmas que recolectó MacroAsia para cumplir con los requisitos locales obligatorios. «Solamente consiguieron las firmas de las personas que estaban a su favor. No se molestaron en consultar a quienes estaban en contra del proyecto», dijo.
Lagrada, quien fue suspendido mientras está pendiente la demanda administrativa de MacroAsia, se mantiene firme en su posición anti-minería.
Las empresas mineras «pueden haber sobornado a la mayoría de los funcionarios para que aprobaran la minería, y esas personas se beneficiarán financieramente, mientras nosotros sufrimos las consecuencias ambientales. Si este proyecto sigue adelante, crearemos una barricada humana para oponernos a él», dijo.
* Este artículo es parte de una serie de reportajes sobre biodiversidad producida por IPS, CGIAR/Bioversity International, IFEJ y PNUMA/CDB, miembros de la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org).
