México es el país del mundo que consume un mayor volumen de agua envasada por persona, según una consultora estadounidense, un hecho que alarma a las organizaciones no gubernamentales porque evidencia la precariedad en el acceso al agua potable.
La sociedad civil organizada también señala la directa responsabilidad de la industria embotelladora en la negativa primacía de esta nación latinoamericana, indicada por la consultora Beverage Marketing Corporation, que asesora a las empresas de bebidas.
De acuerdo a este catastro, el consumo anual por persona en México, con 108 millones de habitantes, ascendería a 234 litros, frente a los 110 litros de Estados Unidos, que posee una población de 310 millones de personas.
Otra estadística más conservadora, del gubernamental Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indica que en 2008 se vendieron casi 6.000 millones de litros de agua purificada, casi 2.000 millones de litros más que en 2001.
La desconfianza de la población hacia la calidad del agua potable ha llevado al consumo de líquido envasado, aunque los sistemas municipales de distribución del recurso aseguran que ese suministro es bebible.
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Para Nathalie Séguin, de la Red Mexicana de Acción por el Agua, también "existen dudas sobre la calidad del agua embotellada".
"Además, es una producción 'insustentable', pues las empresas transnacionales venden el agua cara y a ellas les resulta barata", dijo a IPS
La comercialización de agua en botella ha crecido a un ritmo anual de 8,1 por ciento, según la Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de Agua Purificada.
"Esto sucede por la omisión de la obligación de proveer de agua potable frente a un sistema en el cual no hay claridad sobre la limpieza del agua que se recibe en casa", coincidió ante IPS Claudia Campero, coordinadora para América Latina del canadiense Proyecto Planeta Azul, que busca proteger el agua dulce del mundo.
Entre el lunes y el miércoles de esta semana, jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo discutieron en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York una nueva estrategia frente a los ocho Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM) acordados por la Asamblea General en 2000 para ser cumplidos en 2015.
Uno de los ODM es asegurar la sustentabilidad ambiental, dentro del cual se encuentra la meta específica del acceso al agua y el saneamiento.
Los otros plantean reducir a la mitad la proporción de personas que padecen pobreza y hambre (en relación a 1990), garantizar la educación primaria universal, promover la igualdad de género y disminuir la mortalidad infantil y materna.
Además, buscan combatir el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), el paludismo y otras enfermedades, y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
México prácticamente ya alcanzó la meta de reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento entre 1990 y 2015, según el informe "Objetivos de Desarrollo del Milenio. Avances en la sostenibilidad ambiental del desarrollo en América Latina y el Caribe" 2010, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Pero ese organismo advirtió que mientras los municipios del norte mexicano, fronterizos con Estados Unidos, muestran niveles elevados de acceso al agua potable, las localidades en peores condiciones se ubican en el centro y el sur del país.
Con todo, aún 9,7 por ciento de la población mexicana carece de acceso al agua y 13,6 por ciento al saneamiento provisto por el gobierno, según la gubernamental Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para 2011, el proyecto de presupuesto nacional enviado por el presidente conservador Felipe Calderón al Congreso legislativo plantea una reducción de 21 por ciento al ramo de agua potable y alcantarillado, al bajar de unos 1.400 millones de dólares este año a unos 1.116 millones.
En una resolución sin precedentes, la Asamblea General de la ONU declaró en julio el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano, lo cual aplicará en todo su sistema de derechos humanos.
México recibe cada año unos 1.489 millones de metros cúbicos en forma de precipitaciones: 73,2 por ciento se evapora y regresa a la atmósfera, 22,1 por ciento alimenta ríos y arroyos y el resto se infiltra al subsuelo y recarga los acuíferos, según el gubernamental informe Estadísticas del Agua en México 2010.
De los 653 acuíferos existentes en el país, 101 están sobreexplotados. Por ello, entre 1950 y 2007 la disponibilidad media por persona bajó de 18.035 metros cúbicos por habitante por año a 4.312.
Organizaciones sociales a favor del derecho al agua potable han denunciado que la que llega a los hogares puede contener bacterias, arsénico y minerales pesados. Por eso, han pedido la mejora del sistema de monitoreo de su calidad, para que se haga en tiempo real.
Desde 1996, Conagua emplea la Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua, cuyos objetivos son evaluar las tendencias de la calidad del agua, fortalecer el cumplimiento de la regulación sobre la contaminación de los cuerpos de agua e identificar problemas asociados con contaminantes como arsénico y metales.
El volumen de agua desinfectada creció de 84,5 por ciento en 1991 a 97,1 por ciento en 2008. Un año antes, las enfermedades infecciosas intestinales vinculadas a la mala calidad del agua fueron la tercera causa de muerte en niños menores de cuatro años de edad, con 1.465 fallecimientos, según la Secretaría (ministerio) de Salud Pública.
En este país operan unas 8.000 empresas productoras y distribuidoras de agua embotellada, pero el mercado es dominado por las estadounidenses Coca-Cola y su filial local Fomento Económico Mexicano (Femsa) y Pepsi Cola, además de la suiza Nestlé y la francesa Danone, según números de la Asociación Nacional de Productores y Distribuidores de Agua Purificada.
En 2008, de acuerdo a Conagua, Coca-Cola recibió 151 concesiones para la explotación de aguas subterráneas, con un volumen de extracción anual de 29,5 millones de metros cúbicos. Pepsi Cola obtuvo 40 permisos, con 7,9 millones, Danone, 32 licencias, con 4,8 millones, y Nestlé, 21 concesiones, con 5,2 millones.
Las empresas citadas no respondieron a la consulta de IPS a este respecto.
"México debió implementar políticas públicas para garantizar el derecho humano al agua, lo cual tendría que expresarse en el acceso al agua potable de calidad a través de la red de suministro", planteó Séguin.
"El esquema genera grandes injusticias a nivel local, porque en vez de tener acceso a fuentes de mejor calidad, (las comunidades) se ven relegadas a otras fuentes de menor calidad, como pozos", citó Campero, quien también es representante de la organización estadounidense Food and Water Watch.
