Son malos tiempos para los profesionales y los empresarios de los medios de comunicación en Honduras. Nueve periodistas fueron aesinados este año, mientras una nueva ley permite al gobierno controlar dos frecuencias de televisión asignadas a un empresario del sector.
Elías Asfura, propietario de dos empresas de televisión y cercano al gobernante Partido Nacional, vio desvanecerse la entrega de la frecuencia del Canal Ocho, pese a sentencias jurídicas y administrativas a favor de su demanda.
Por el contrario, el gobierno derechista del presidente Porfirio Lobo asumió el control de las frecuencias desde el canal ocho hasta el 20, entregado antes al empresario como compensación.
El unicameral Congreso legislativo hondureño validó el día 8 como ley un decreto emitido por Lobo en que se decidió que el Estado explotará en exclusiva el espectro entre esas frecuencias de televisión abierta, "por razones de orden público e interés social".
Ese mismo parlamento dio a conocer el 1 de septiembre un informe preliminar en que indica que ha habido impunidad y negligencia por las fuerzas del Estado en el esclarecimiento de los asesinatos de nueve periodistas en lo que va de año, la cifra más alta en tres décadas en el país.
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Más allá del caso específico, la preocupación en los gremios de radio y televisión es que la norma aprobada representa una amenaza para todo el sector, porque otorga al Poder Ejecutivo la potestad de revocar cualquier frecuencia del espectro radioeléctrico a un medio de comunicación bajo una nueva figura legal denominada "migración de frecuencias".
Asfura obtuvo en 2005 la concesión del Canal Ocho por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Pero cuando poco después de iniciar su mandato en 2006, el presidente Manuel Zelaya, depuesto en junio de 2009 por un golpe cívico-militar, se rehusó a hacer efectiva la entrega de la frecuencia y convirtió más tarde el Canal Ocho en el medio televisivo oficial de su administración.
El empresario llevó el caso a los tribunales y ganó en todas las instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia. Conatel otorgó entonces a Asfura la frecuencia del Canal 20, a modo de compensación, para que la operase a partir de este año.
El derechista presidente Lobo aseguró, tras asumir el poder el 27 de enero, que entregaría el Canal Ocho al propietario de la concesión y de hecho la empresa Teleunsa comenzó a operarlo en febrero.
Pero, después el mandatario cambió de opinión y anunció que el Canal 8 se mantendría estatal. "Ese canal es del pueblo, es del soberano y no podemos dejar al Estado sin derecho a un canal", afirmó. Recordó que Asfura ya cuenta con dos canales y le llamó a no ser avaricioso.
Asfura es propietario de la empresa Teleunsa, que comercializa el Canal 30, y de Eldi, que administra las demás concesiones. El empresario se ha negado a entregar el Canal Ocho y otras frecuencias expropiadas y asegura que recurrirá la medida ante instancias internacionales.
La ley que da el control al gobierno de las frecuencias entre el canal Ocho y 20 fue aprobada con 82 de los 128 diputados del Congreso.
Empresarios de radio y televisión calificaron como un mal precedente la medida, que deja abierta la posibilidad de que Conatel revoque otras concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico que el Estado decida reservarse en el futuro.
Se aprobó "una perversión constitucional que tendrá repercusiones", dijo a IPS el diputado del gobernante Partido Nacional Oswaldo Ramos, uno de los líderes más destacados de la fuerza gobernante, que se opuso a la ley. "Estamos mandando un mal mensaje", afirmó.
En parecidos términos se expresó el jurista y diputado del opositor Partido por la Innovación y Unidad Germán Leitzelar, quien consideró que la medida "no augura buenas cosas ni para la prensa ni para la seguridad jurídica del país".
"Un poder del Estado desacata una sentencia judicial firme, una cosa juzgada, para cumplir un capricho presidencial", dijo Leitzelar. "Nadie se opone a que el gobierno tenga un canal, al contrario, pero debe hacerse respetando la ley", añadió.
Para algunos analistas la discrecional "migración de frecuencias" otorgada a Lobo se integra en una especie de "pinza", contra los profesionales y los medios de comunicación que han caracterizado el periodo de Lobo en el poder y que tiene al sector atrapado entre agresiones, amenazas e intimidaciones, sin que se perciba la decisión del Estado de enfrentar estas acciones.
El diputado democratacristiano Augusto Cruz Ascencio, promotor de la Comisión parlamentaria que investiga los asesinatos de los periodistas, dijo en el informe preliminar, que ni la policía, ni la Fiscalía del Estado han hecho mayores esfuerzos para esclarecer la muerte de los comunicadores asesinados.
Ascencio descartó que los asesinatos respondan a una "política de Estado", pero consideró que la inoperancia en resolver estos crímenes genera dudas que deben ser despejadas.
Paralelamente, una comisión internacional de tres organizaciones de periodistas que visitó Honduras entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre, criticó la actuación del gobierno con respecto a las agresiones a los comunicadores profesionales.
Robert Shaw, de la organización International Media Support, dijo a IPS que las investigaciones de los crímenes están "plagadas de errores e incongruencias".
"Vemos que las amenazas contra la prensa continúan y los avances no son muy sustanciales", aseguró.
En la misión también participaron las organizaciones Artículo 19 y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) América Latina. En su comunicado final denuncia que "el gobierno no asume su responsabilidad, la policía local no protege a los periodistas y la policía judicial ignora protocolos en las fases claves de sus investigaciones".
"Es la inacción misma de las autoridades que permitió que estos (asesinatos) y otros ataques se perpetraran" contra los periodistas, advierten.
