El mexicano Ángel Valencia ingresó hace cuatro años en un hospital psiquiátrico a causa de un trastorno bipolar.
Hoy, tratamiento mediante, se ha reintegrado a la sociedad y es activista de la estadounidense Disability Rights International, con sede en Washington.
Pero Valencia es una excepción en materia de atención a personas con diferentes alteraciones psicosociales, asunto que una vasta coalición de organizaciones no gubernamentales incluyó en un severo informe sobre el cumplimiento de México de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
"La convención no ha implicado cambios en México, pues debieron haber cambiado leyes y garantizado acceso a servicios, y eso no ha ocurrido", dijo a IPS el presidente de la organización no gubernamental Libre Acceso, Federico Fleischmann, que se dedica a promover derechos de las personas con discapacidad.
La convención entró en vigor en 2008 y en mayo de este año el Estado mexicano debió haber enviado al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad un reporte sobre el cumplimiento de este instrumento internacional, aunque se espera que lo haga en lo que resta de año.
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En este país latinoamericano de más de 107 millones de habitantes hay al menos 10 millones de personas con discapacidad: 53 por ciento padecen algún problema motriz, 20 por ciento intelectual, 18 por ciento auditivo y el resto visual, según datos de la no gubernamental Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual.
Además, unos cuatro millones de personas están expuestas a discriminación por esta causa, según la estatal pero autónoma Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana.
A la clasificación se agregó la categoría de la discapacidad psicosocial, que abarca padecimientos como la esquizofrenia, la depresión y los trastornos bipolar, obseso-compulsivo y limítrofe de la personalidad.
Al menos 15 millones de personas sufren algún tipo de enfermedad mental en México, según datos de la Secretaría (ministerio) de Salud Pública. Unos 500.000 mexicanos y mexicanas padecen de esquizofrenia.
La población de los 31 hospitales psiquiátricos gubernamentales asciende a unos 7.000 internos.
"Con el informe se visualiza la situación. Hay deficiencias, lagunas e irregularidades legales que contravienen los derechos humanos", señaló a IPS la activista Ana Yeli Pérez, de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Por vez primera en México, organizaciones de personas con discapacidad y de defensa de los derechos humanos se han unido para analizar la situación. Más de 100 entidades no gubernamentales trabajaron en la elaboración del informe y lo harán en la difusión de sus resultados.
"Tuvo que haber reformas a las leyes del trabajo, de educación, de salud y nada de eso ha ocurrido. Confiamos en que el Estado va a cumplir con su obligación de presentar el informe", enfatizó Fleishmann, quien se desplaza en una silla de ruedas motorizada.
Desde 2005 está en vigor la Ley General de las Personas con Discapacidad y el año pasado el gobierno presentó el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009-2012.
Este programa consta de nueve objetivos para articular las políticas públicas en educación, salud y deporte, además de armonizar el marco jurídico en torno a la discapacidad, reducir la discriminación y garantizar el acceso a espacios, bienes y servicios.
Para el informe alternativo, las organizaciones de la sociedad civil levantaron una encuesta nacional sobre el estado de este sector de población. Además, el censo nacional recogido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre mayo y junio incluyó cuatro preguntas sobre el tema.
Las precarias condiciones en que operan los centros psiquiátricos llama la atención de organizaciones mexicanas y extranjeras. En 2000, Disability Rights International publicó el informe "Derechos humanos y salud mental: México", donde se detallan las insuficiencias.
Privación de la libertad, tratos "indignos", deterioro de la infraestructura y falta de personal especializado componen el diagnóstico que realizó en 2008 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en seis de los siete hospitales manejados por el poder federal.
"No deben construirse más hospitales psiquiátricos en el país, hay que descentralizar la atención psiquiátrica para que en cada dispensario o centro de salud se dé atención", planteó Valencia.
En la época colonial, México fue de los primeros territorios con una instalación sanitaria para el cuidado de los enfermos mentales, el Hospital de San Hipólito, fundado en 1556 por el español Bernardino Álvarez.
"Que las personas estén ingresadas en un psiquiátrico es una violación a todos los derechos, pues no tienen rehabilitación y acceso a la salud", resaltó Pérez.
El estado de esos centros quedó expuesto en las páginas del libro "Los manicomios del poder: corrupción y tráfico de influencias en el sector salud", del periodista Jaime Avilés, publicado en 2007.
Justamente un mexicano, Carlos Ríos, fue elegido para integrar el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad para el periodo 2011-2014, junto a otros 17 expertos, en la Tercera Conferencia de los Estados Parte de la Convención, realizada del 1 al 3 de este mes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
