La compra y alquiler de terrenos agrícolas en el Sur en desarrollo por parte de gobiernos ricos y compañías extranjeras es un fenómeno que se intensificará en los años por venir, pronosticó el Banco Mundial.
La adquisición de vastos espacios de tierras fértiles en África por gobiernos y firmas interesadas en asegurarse recursos alimentarios a precios accesibles en los altamente volátiles mercados de materias primas llamó especialmente la atención pública cuando la empresa surcoreana Daewoo compró más de un millón de hectáreas en Madagascar.
En su informe titulado "El creciente interés mundial en tierras de labranza. ¿Puede traer beneficios sostenibles y equitativos?, divulgado este miércoles, el Banco Mundial alertó que existía una "asombrosa falta de conciencia sobre lo que ocurre en el terreno", incluso en instituciones públicas con el deber de controlar el fenómeno.
El organismo multilateral calculó que, en 2009, se cerraron acuerdos por 45 millones de hectáreas, y predijo que, "dada la volatilidad de los precios de las materias primas, la creciente presión humana y ambiental, y los temores sobre la seguridad alimentaria, este interés crecerá, especialmente en el mundo en desarrollo".
A comienzos de este mes, manifestaciones contra el aumento en los precios del pan dejaron siete muertos y cientos de heridos en Maputo, la capital de Mozambique, despertando temores de que se desatara otra crisis alimentaria como la que afectó a varios países africanos hace dos años.
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La misma semana, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) informó que "los crecientes precios del trigo causaron una alza de cinco por ciento en los importes internacionales de los alimentos (en agosto pasado), el mayor incremento mensual desde noviembre de 2009".
Importantes inversiones en tierras han sido criticadas por los dudosos beneficios que traen a los países pobres, a veces causando el desalojo de los residentes o afectando su sustento.
El Banco Mundial reconoció que "una de las más altas prioridades de desarrollo en el mundo debe ser mejorar la productividad de los pequeños agricultores, sobre todo en África".
Pero el informe, que ya se había filtrado a la prensa semanas atrás causando polémica, señala que, "cuando se hace de forma adecuada, los sistemas a mayor escala también pueden funcionar como una de las muchas herramientas para promover la agricultura sostenible y el desarrollo rural".
El documento luego detalla muchas condiciones en las que este tipo de negocios con terrenos pueden beneficiar a los países en desarrollo.
"Cuando han recibido asistencia, las familias de agricultores han sido capaces de competir en los mercados mundiales. Muchas compañías han exitosamente colaborado con los granjeros locales", dijo a IPS Lorenzo Cotula, quien investiga el tema para el Instituto Internacional por Ambiente y Desarrollo (IIED, por sus siglas en inglés), con sede en Londres.
El IIED es una institución sin fines de lucro que promueve el desarrollo sostenible.
"Pero las leyes nacionales en los países receptores (de las inversiones) deben ser cambiadas y mejor implementadas para que los residentes puedan asegurarse más derechos sobre sus tierras", añadió.
El informe del Banco Mundial sostiene que los efectos adversos de las inversiones en agricultura por lo general se deben al hecho de que los gobiernos de los países del Sur "están mal equipados y mal preparados para tratar con la sorpresiva afluencia de intereses".
De hecho, muchos de esos acuerdos han sido tramitados en forma rápida y han generado ganancias mínimas para los cofres nacionales. "El hecho de que parece haber un significativo interés en países con gobernanza débil implica que los riesgos asociados con esas inversiones son inmensos", alerta el informe.
Cotula coincidió, y añadió: "Los gobiernos deben ser capaces de regular la llegada de capitales y negociar hábilmente con los inversores. La sociedad civil debe ser capaz de investigar las acciones de los gobiernos y de los inversionistas, en tanto que los grupos de agricultores deberían ser capaces de negociar".
"Las agencias internacionales pueden jugar un importante papel para que estas condiciones sean una realidad", sugirió
El informe del Banco Mundial llama a la implementación internacional de los principios de inversión que redactó el año pasado con otras instituciones como la FAO.
Pero reconoce que "la efectividad de esas reglas dependerá de los mecanismos de divulgación y aplicación para evaluar si los actores cumplen con los estándares y tratar con los que no".
Esos mecanismos todavía no existen, y algunos observadores se mantienen escépticos.
"Nunca funcionaría depender de la aplicación voluntaria de esos principios, ya que los inversores no le prestarían atención", opinó Antoine Bouhey, quien lidera una campaña por los derechos de los agricultores en la organización no gubernamental Peuples Solidaires, en asociación con la internacional ActionAid.
"Muchos ya se esconden detrás de los gobiernos y de compañías de portafolio (que ofrecen cobertura confidencial para una sociedad anónima)", añadió.
"Lo que se necesita es una legislación limitante, tanto en los países receptores (de las inversiones) como en aquellos donde las compañías tienen su sede central", sostuvo.
"Esto tomará un tiempo. Mientras, se debe declarar una moratoria de esas inversiones en los países del Sur que no hayan alcanzado el primero" de los Objetivos de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas para el Milenio: erradicar la pobreza extrema y el hambre, añadió.
El organismo multilateral alertó que la demanda de tierras está creciendo, y señaló que, "al mismo tiempo, la falta de información sobre lo que está ocurriendo estimula la especulación a gran escala".
Pero, en una optimista conclusión, sostuvo que "esos riesgos corresponden a oportunidades igual de grandes", como una "mayor productividad y efectividad en el uso (de áreas de tierra actualmente no cultivadas), que podría tener un impacto de desarrollo de largo alcance".
