El gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no se inmuta ante los reclamos para que revierta la decisión de deportar a 400 niñas y niños, descendientes de inmigrantes. Este martes vence el plazo para que abandonen el país con sus padres, de forma voluntaria.
Miles de israelíes protestaron el sábado y reclamaron a las autoridades que revocaran la decisión.
"Deben poder quedarse, es un imperativo moral", señaló el legislador izquierdista Dov Henin, a la muchedumbre reunida.
El gobierno Netanyahu decidió a principios de este mes que 800 menores podían quedarse y 400 debían abandonar el país.
Israel está lidiando con el mismo problema que tienen los países del Norte, ¿nacer en un estado implica ciudadanía?
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El derecho a ser ciudadano por haber nacido en un territorio se remonta al derecho anglosajón del siglo XVII. En muchos países occidentales, con grandes minorías de inmigrantes, —con, o sin, documentos en regla—, los que pongan en práctica la norma son atacados por nacionalistas que avivan el odio y la intolerancia hacia "el otro".
Desde principios de los años 90, cuando se prohibió a la mayoría de los palestinos trabajar en Israel, los sucesivos gobiernos fomentaron la inmigración de trabajadores de la construcción, la agricultura y el servicio doméstico.
A algunos de ellos, procedentes de África y Asia sudoriental, se les venció la visa pero siguieron trabajando sin tener los documentos en regla y formaron una familia en este país.
Hay más de 200.000 trabajadores inmigrantes en Israel, más de la mitad indocumentados, según fuentes del Ministerio del Interior. En este país hay 1.200 niños y niñas nacidos aquí de padres extranjeros.
La suerte de esos menores generó acaloradas discusiones este último año. El gobierno pospuso una decisión hasta hace dos semanas, cuando anunció que podían quedarse 800 niños y niñas que hace más de cinco años que viven en Israel, hablan hebreo y van a la escuela.
Pero los otros 400, la mayoría menores de cinco años, sólo podían quedarse hasta fines de este mes, y luego marcharse con sus padres de forma voluntaria. De lo contrario los expulsaría y repatriaría al país de origen de los mayores.
"Por un lado, es un problema humanitario. Todos sentimos y comprendemos a los niños. Pero por otro lado, hay consideraciones sionistas. Debemos garantizar el carácter judío del estado de Israel", dijo Netanyahu a los miembros del gabinete.
El primer ministro los considera "amenaza demográfica". "No queremos crear un incentivo para la llegada de cientos de miles de trabajadores indocumentados", señaló.
Varios actores inesperados critican a Netanyahu al vencerse el plazo, su propia esposa, Sarah, la de su antecesor, Aliza Olmert, y el presidente de Israel, Shimon Peres.
"Como madre de dos niños y psicóloga del servicio público, le pido desde lo más profundo de mi corazón que use su autoridad para permitir que la mayoría de los 400 menores permanezcan en Israel", escribió Sarah Netanyahu en una carta enviada al ministro del Interior, Eli Yishai, aliado fundamental en la coalición del primer ministro y promotor de la campaña de expulsión.
"Mucho antes de la decisión del gobierno, hablé con mi esposo, el primer ministro, y le dije que el estado de Israel debía encontrar una solución. Quiero creer que de alguna forma sirvió para que 800 niños pudieran quedarse", apuntó.
"Confío en que en el marco de la resolución del gobierno y de sus potestades como ministro pueda encontrar una solución creativa que no perjudique la política de inmigración ni los intereses nacionales de Israel en tanto que estado judío", añadió.
Una coalición de organizaciones integradas por sobrevivientes del Holocausto mostró repugnancia por la decisión del gobierno.
"El estado de Israel se funda sobre la conciencia y el corazón judíos. Nosotros que sobrevivimos al Holocausto estamos agobiados por un sentimiento de asfixia y de vergüenza", reza la misiva enviada al primer ministro.
El legislador izquierdista Ilan Gilon dijo a la muchedumbre reunida el sábado para protestar contra la medida de expulsión que, de ponerse en marcha la deportación, estaría dispuesto a esconderlos de las autoridades de inmigración y de su unidad especial Oz, que persigue a los trabajadores indocumentados.
"Esta decisión es una cicatriz moral que le queda a nuestra sociedad", declaró Aliza Olmert en entrevista con la radio del ejército israelí. "Si el gobierno sigue adelante con esto, dará municiones para quienes en la comunidad internacional aguardan para tendernos una emboscada", añadió.
La esposa del ex primer ministro se mofó del argumento de que la permanencia de los menores incentivará la llegada de más inmigrantes y acelerará la transformación de Israel.
"Esos extranjeros llegaron a Israel, algunos de ellos de forma ilegal, tuvieron hijos ilegales", señaló Yishai, miembro del partido ultraortodoxo Shas.
En otra oportunidad acusó a los inmigrantes de usar a sus hijos como "escudos humanos" y de "traer enfermedades como tuberculosis, hepatitis y sida" (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
"Sus argumentos no son más que demagogia barata y satanización primitiva", respondió Aliza Olmert, al ser consultada por el carácter racista de los propósitos de Yishai.
"Es impensable que 400 niños y niñas nacidos en Israel, que se sienten israelíes y que viven como otros menores israelíes deban ser expulsados", declaró enérgico Peres. El presidente urgió al gobierno a reconsiderar su decisión porque "la deportación perjudicará a Israel y a la fibra moral del país".
Peres, premio Nobel de la Paz, tiene autoridad moral dentro y fuera de Israel. Pero el gobierno israelí ignora su pedido.
Los propósitos racistas de Yishai no impresionan a Maria, de ocho años, quien nació en Tel Aviv. Su madre filipina vino a este país a cuidar a una pareja de ancianos israelíes.
"Me quedo aquí, este es mi hogar", dijo en perfecto hebreo, tomada de la mano de su madre, después de la manifestación de protesta.
