El derrame de petróleo en el Golfo de México ha revivido las inquietudes por las condiciones laborales en las plataformas de extracción de este país.
"Los trabajadores de los contratistas privados no tienen la capacidad para la actividad costa afuera", aseguró a IPS Ysmael García, secretario del Interior del sindicato Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana (OCPNRM).
"A los contratistas y subcontratistas lo que les interesa es hacer dinero", añadió el dirigente de este sindicato que agrupa a más de 300 miembros de empresas particulares.
En la Sonda de Campeche, la principal fuente petrolera mexicana situada en el golfo a más de 1.100 kilómetros al sudeste de la capital mexicana, trabajan unas 100 plataformas de explotación y producción, en las que laboran unas 20.000 personas. De ellas, unas 4.000 pertenecen a la firma estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y el resto a compañías privadas.
[related_articles]
Ambos grupos pertenecen a universos distintos, pues los operarios de la petrolera estatal poseen seguro y atención médica, mientras que los segundos ejercen su oficio en una virtual indefensión, en una actividad riesgosa por su exposición especialmente a fenómenos extremos climáticos, como tormentas o temperaturas altas o bajas.
"México está en el fondo de la tabla mundial en temas como salud, inspección y seguridad industrial. Lo que está pasando es muy malo", ilustró ante IPS el escocés Norrie McVicar, director del grupo de trabajo sobre costa afuera (o mar adentro) de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF por sus siglas en inglés).
El tema de la industria petrolera en el subsuelo marino fue uno de los asuntos abordados en el 42 Congreso Internacional de la ITF, que agrupa a 368 sindicatos de 112 naciones, y que arrancó el 5 de este mes en la capital mexicana y concluye este jueves.
La ITF, con sede en Londres, lanzó 2005 una campaña para promover la seguridad en el ramo offshore y denunciar violaciones laborales.
La plataforma Deepwater Horizon, propiedad de la firma suiza Transocean Ltd, alquilada por la firma transnacional British Petroleum (BP), se incendió el 20 de abril frente a las costas del sudoriental estado estadounidense de Louisiana y se hundió dos días después.
La tragedia ocasionó la desaparición de 11 trabajadores y lesiones a otros 17. En total, 126 personas cumplían funciones en la instalación, 79 de Transocean, seis de BP y el resto eran eventuales.
Las plataformas, auténticos hoteles marinos, son estructuras metálicas asentadas sobre patas enclavadas en el fondo del mar. Algunas son sumergibles y semisumergibles y funcionan para extraer y transportar el petróleo de los pozos.
En septiembre de 2008, delegados de 45 países pertenecientes al grupo de trabajo acudieron a la Sonda de Campeche para documentar las condiciones de los trabajadores de las instalaciones petroleras.
De esa gira surgió el reporte "Sonda de Campeche: paradigma de explotación laboral", elaborado por la periodista mexicana Ana Pérez.
Las quejas por conflictos laborales con las prestadoras de servicios de Pemex rondan las 5.000 en la última década, según datos de la Secretaria (ministerio) del Trabajo y Previsión Social.
Los trabajadores suelen permanecer en las torres de perforación por periodos de 14 y 28 días, seguidos por lapsos de permanencia en tierra de duración similar.
En 2003, el no gubernamental Centro de Acción y Reflexión Laboral citó a un grupo de arrendadoras de plataformas en México entre las mayores violadoras de leyes laborales.
"En las plataformas hay tres clases de trabajadores: los extranjeros, los de Pemex y los privados, cubiertos de manera diferente por las leyes. A las empresas les sale más barato contratar personal que no tiene la capacidad. Las autoridades saben de las irregularidades y no hacen nada", acusó ante IPS el abogado Víctor Cruz.
Su padre, Israel Cruz, representó exitosamente a los familiares de 247 tripulantes de una embarcación contratada por Pemex que se hundió en 1993 en la Sonda de Campeche y llegó a un acuerdo extrajudicial con los operarios del bote.
La plataforma Usumacinta, de Pemex, chocó en octubre de 2007 contra el pozo Kab-101 en esas mismas aguas, dejando 21 personas fallecidas y 19 heridas. Víctor Cruz representa legalmente a un grupo de sobrevivientes y deudos ante cortes mexicanas y estadounidenses en contra de la petrolera y los fabricantes de los equipos siniestrados.
Pemex reportó el año pasado 161 accidentes, con un índice de frecuencia de 0,42, menor en comparación con 2008. Para los contratistas, la estadística es de 137 y 0,51, respectivamente.
"Muchos accidentes no trascienden. La solución es presionar a Pemex para que se acabe este modelo corrupto", planteó Muñoz, un egresado de la Escuela Náutica del sudoriental estado de Veracruz y dirigente sindical desde 2000.
Marcos como el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo obliga a Pemex a inspeccionar las condiciones laborales. Desde 2005 la empresa pública aplica el Programa Emergente de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, aunque no ha obstado para que ocurran accidentes en el sector.
McVicar propuso la creación de un órgano regulador autónomo que se encargue de desarrollar prácticas transparentes y una rigurosa gestión de los riesgos a la seguridad laboral.
Tres miembros del grupo de trabajo se reunieron el lunes con autoridades mexicanas para discutir el tema y recibieron el compromiso de una supervisión a las plataformas, un paso novedoso hasta ahora.
"A Pemex no le conviene la supervisión, porque tendría que asumir una serie de compromisos. Creo que una solución es que todos los trabajadores, sin excepción, estén cubiertos por los seguros millonarios que las empresas suelen contratar en el extranjero", recomendó Cruz.
México no se apega al contenido de tratados como los convenios internacionales para Prevenir la Contaminación por los Buques y Artefactos Marítimos de 1973 y para la protección de la vida humana en el mar, cuya versión original data de 1914 y su última actualización es de 1974, acorde a las fuentes.
Además, México aún no ratifica la Convención del Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo de 2006 y que entraría en vigor el año próximo, luego de que 30 estados lo ratifiquen. En América Latina solamente Panamá lo ha hecho.
