El poderoso intermediario los amenazó: «Ojalá les dure. Ojalá toda la vida el gobierno les compre su fréjol, ¡porque donde mí no vuelven jamás!». Así recuerda el campesino ecuatoriano Teodoro Méndez los inicios de su agrupación en el nuevo sistema de ferias inclusivas del gobierno.
Méndez es presidente del Consorcio de Asociaciones de Producción de Bienes Agrícolas y Pecuarios del Valle de Imbabura y Carchi, largo nombre que insiste sea registrado bien, así como sus siglas, Coapavic.
El valle en referencia es una inmensa hondonada subtropical en medio de los Andes, regada por el río Chota, a 1.400 metros sobre el nivel del mar y 150 kilómetros al norte de Quito, que produce caña de azúcar, fréjol (como llaman aquí a los frijoles) , y los mejores futbolistas de Ecuador.
Las ferias comenzaron hace un año y, tras varios cambios en los reglamentos, hoy son "el principal mecanismo dentro del sistema de contratación pública" para generar inclusión y fortalecer a los pequeños productores, según explicó a IPS Ximena Ponce, ministra de Inclusión Económica y Social.
Para ejecutarlo, el gobierno decidió cancelar el contrato que por años el país había tenido con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas, incluidos los dos primeros de la actual administración izquierdista de Rafael Correa, investido en 2007.
[related_articles]
"El PMA realizaba las compras de alimentos para las diferentes necesidades del Estado, pero su método era caro y lento, y no estaba exento de corrupción", cuestionó Ponce.
El Estado debía pagar al PMA tres por ciento de comisión, y los trámites se dilataban por la necesidad de pedir frecuentes autorizaciones a su oficina matriz en Roma, afirmó.
"Entre 2007 y mediados de 2009 pagamos al PMA 120 millones de dólares. Desde entonces nos hemos ahorrado no solo los cuatro millones de comisión sino otros nueve millones, y eso que hemos tenido que montar oficinas e instalar toda la informática", enfatizó Ponce.
El Estado requiere comprar alimentos para la nutrición escolar, las casas de salud, los programas para madres e infantes y otras entidades a su cargo, explicó a IPS Juan Carlos Acosta, director nacional del Programa de Provisión de Alimentos (PPA) del Ministerio de Inclusión social.
Esa cartera y la de Educación requieren harinas para coladas (bebida espesa a base de un cereal o mezcla de cereales y agua), galletas tradicionales y fortificadas, granola en barra y hojuelas, sal, azúcar, panela (bloque solidificado del jugo de la caña de azúcar), arroz, frijol, atún, sardina y aceite.
Por su parte, el Ministerio de Salud demanda premezclas fortificadas.
El paradigma histórico para la provisión de alimentos para el Estado "era que los pequeños productores no están en condiciones técnicas y tecnológicas de participar en el mercado público y por eso se recurría a sistemas productivos monopolísticos y de alta intermediación", añadió Acosta.
"No queremos volver a agachar la cabeza ante los intermediarios. El PMA daba prioridad a los intermediarios", se quejó Méndez. "Con el gobierno tenemos una mayor confianza. Incluso nos han ayudado con crédito, para que nuestro consorcio pueda pagar al contado a los productores de las asociaciones", aseguró.
La idea es aplicada con éxito en Brasil desde 2003 bajo el Programa de Adquisición de Alimentos, que creó mecanismos de comercialización de la agricultura familiar para abastecer a varios programas alimentarios del gobierno.
Con su vestido tradicional de blusa bordada y anaco (falda), la joven indígena María Robertina Ipiales es toda una emprendedora y en las ferias inclusivas de Imbabura ha ganado sucesivos contratos para proveer granola en hojuelas.
"De la tonelada métrica con la que empecé, ahora proveo 12", contó Ipiales, quien vive en el pueblo indígena y mestizo de Atuntaqui. "Lo hice por mi propia iniciativa. Sabía que podía ofrecer mejores precios. Ahora he dado trabajo a toda mi familia y ya estoy contratando mano de obra adicional", sostuvo.
Las ferias fueron posibles porque el gubernamental Instituto Nacional de Contratación Pública aceptó modificar los reglamentos. "La propia Constitución lo señala: el mercado de alimentos es estratégico porque puede impulsar la inclusión y el desarrollo", narró la ministra Ponce.
Con esto, a través del portal de compras públicas, se procede a la calificación de los proveedores, sean individuales o asociaciones. Las ferias se organizan de manera presencial, a cargo de una comisión técnica y en horarios y lugares establecidos.
"Hemos solicitado a los proveedores que ellos mismos sean veedores de los procesos, para asegurar transparencia y equidad", dijo Ponce.
"Al momento de realizar validaciones de campo, identificamos que dos proveedores que en el pasado participaban en los procesos de contratación del PMA eran comerciantes e intermediarios", indicó Acosta.
Por ello,"procedimos a la terminación unilateral de los contratos y a la declaratoria de contratistas incumplidos con imposibilidad de contratar durante cinco años con el Estado", explicó.
Una de las estrategias del Ministerio es desagregar la demanda. "Ya no se compra en Carchi (al extremo norte del Ecuador) para enviar a Loja (al extremo sur), como hacía el PMA. Al fraccionar la demanda damos oportunidad a los productores de cada zona; por eso nuestras ferias son provinciales", indicó Verónica Cevallos, del PPA.
Roberto Salazar, presidente de la Asociación de Cañicultores de Pastaza, una de las provincias amazónicas, está satisfecho porque "el mercado estaba saturado. Ahora el Estado nos paga precios justos. Eso también ha permitido fortalecer la organización".
Antes, con los intermediarios, relató a IPS, ni siquiera se cubrían los costos de 12 a 15 dólares por la "carga" de 110 libras de panela obtenida en dos o tres jornadas de trabajo por los agricultores individuales en sus trapiches.
"Hoy hemos ganado en cinco ferias inclusivas y estamos recibiendo del PPA entre 33 y 35 dólares la carga, con lo que la asociación paga mejor a cada socio y, además, cubre sus propios costos de asegurar la calidad, recoger la panela en un extenso territorio, granularla y empacarla", dice el agricultor y dirigente.
"Las ganancias anuales las vamos a repartir a los socios y a formar un fondo de préstamos… ¡Ahora todos quieren pertenecer a la asociación!", declaró satisfecho.
Para la ministra Ponce, ese es el objetivo principal de las ferias: la formación de redes de productores.
Ahora hay objetivos más ambiciosos. "El siguiente paso será que el Estado adquiera a través de ferias inclusivas y directamente de redes asociativas de pequeños productores y productoras no solo alimentos sino materias primas y otros productos, por ejemplo uniformes, delantales, útiles escolares", adelantó.
