La disputa entre los departamentos bolivianos de Potosí y Oruro por el control de una zona rica en piedra caliza, materia prima del cemento, fue el detonante del mayor conflicto regional que enfrenta el presidente Evo Morales en su segundo mandato iniciado en enero.
Pobladores del departamento de Potosí, 574 kilómetros al suroeste de La Paz, mantienen bloqueadas desde hace 16 días las carreteras de acceso a esa región.
La protesta, que también incluye marchas y huelgas de hambre, es liderada por el Comité Cívico Potosinista, respaldado por 28 organizaciones sindicales, sociales y ciudadanas.
Hasta ahora, seis intentos de encuentros entre ministros de Estado y dirigentes de la región en conflicto han fracasado, mientras la falta de alimentos en la ciudad de Potosí y los bloqueos, con decenas de personas sitiadas, generan un estado de desesperación en la población.
La demanda, que inicialmente estaba concentrada en un añejo conflicto limítrofe entre antiguos pueblos (ayllus indígenas) que data de los años previos a la fundación de la República, en 1825, se amplió a otras peticiones regionales, como la construcción de un aeropuerto internacional y la rehabilitación de un complejo metalúrgico.
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A ello se agrega el pedido de conservación de la estructura cónica del cerro argentífero de Potosí, principal proveedor de plata a Europa en la época colonial, y hoy en riesgo de derrumbe por las decenas de socavones que atraviesan sus casi agotadas entrañas.
Los ciudadanos y dirigentes de la región también reclaman la instalación de una fábrica de cemento en la población de Coroma, limítrofe con el departamento de Oruro, la zona que es centro del conflicto.
El gobierno no logra resolver las demandas surgidas de pueblos empobrecidos cuyo principal interés es mejorar los ingresos por el uso de sus recursos naturales, más que ampliar los territorios bajo su dominio, dijo a IPS el experto en descentralización, Mario Galindo.
Desde la óptica del analista, la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el 19 de julio, abrió las puertas al resurgimiento de movimientos sociales olvidados y ahora resueltos a exigir sus derechos en un ambiente de descentralización que el propio gobierno alentó, pero no logra resolver.
Potosí posee el Índice de Desarrollo Humano más bajo de los nueve departamentos del país, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2004.
En una escala de cero a uno, donde éste último es el ideal, Potosí alcanzó 0,521. El mejor resultado lo obtuvo el oriental departamento de Santa Cruz, con 0,679, mientras que el promedio nacional fue 0,641.
"No estamos aún en el proceso de ingobernabilidad como el que se vivió en el año 2008, cuando hubo una serie de conflictos protagonizados por sectores ligados a las prefecturas conservadoras de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija", expresó a IPS el director del Centro de Profundización de la Democracia (Ceprode), Hugo San Martín.
Pero si el gobierno no logra controlar el proceso que comienza a emerger desde abajo hacia arriba y con actores que pertenecen al partido gobernante, "puede haber problemas de ingobernabilidad", advirtió.
El presidente izquierdista Evo Morales expresó el jueves que una corriente política impulsada por sectores de derecha y neoliberales conspira contra su gobierno.
"Algunos dirigentes convierten las reivindicaciones en una conspiración contra el proceso de cambio", manifestó el mandatario indígena.
Varios actores que lideran las manifestaciones y huelgas de hambre pertenecen o fueron colaboradores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), pero las demandas regionales terminaron imponiéndose y ahora son críticos por la lenta reacción del propio presidente a la solución del conflicto.
"El gobierno debe observar que no está enfrentando conflictos conocidos, sino de otra naturaleza y con otras características, en un escenario del nuevo Estado autonómico", comentó San Martín.
El ministro de Gobierno y ex activista por los derechos humanos, Sacha Llorenti, encargado de la seguridad interna, manifestó su temor de que alguien quiera salir del conflicto no a través del diálogo sino del "desastre", con hechos de violencia.
No obstante, aseguró que su despacho no "caerá en la provocación" y descartó una intervención policial a los puntos de bloqueo.
Una de las consecuencias del conflicto es la paralización de una importante industria minera.
La empresa San Cristóbal, subsidiaria de la japonesa Sumitomo, localizada en la provincia Nor Lípez de Potosí, suspendió operaciones de extracción y procesamiento de minerales, con una pérdida diaria de dos millones de dólares, informó el ministro del sector, José Pimentel.
Pobladores campesinos tomaron la planta de generación hidroeléctrica de Yura, que suministraba a San Cristóbal, como medida de presión para obtener la atención del gobierno.
La empresa minera, la más importante en Bolivia, con inversiones estimadas en 1.400 millones de dólares, exportó en 2009 un total de 869 millones de dólares, y pagó tributos por unos 358 millones de dólares en 12 años de actividad.
Galindo anticipó que el conflicto potosino puede ser el primero de una larga sucesión de disputas, y agregó que existen 700 reclamos por delimitaciones intermunicipales, 200 interprovinciales y más de 80 interdepartamentales.
Antes de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el Estado centralista no consideraba esas demandas o las escondía, pero hoy el proceso autonómico permite los reclamos que surgen por un deseo de mejorar los ingresos de las comunidades y departamentos, y el presente conflicto es el mejor ejemplo, según Galindo.
El analista también observó un error en la legislación al conceder poderes de solución de conflictos limítrofes a la Asamblea Plurinacional legislativa, bajo un principio centralista y regido por el partido gobernante, en lugar de asignar esas atribuciones a instancias intermedias como las asambleas departamentales.
"En Bolivia (los gobernantes) no quieren dejar el poder, y por lo tanto afectan a la gobernabilidad", afirmó.
