Los gobiernos de América Latina y el Caribe coinciden en que medicamentos, vacunas, insumos y equipos para enfermedades severas deben considerarse bienes públicos globales, aun cuando sean incipientes o insuficientes sus esfuerzos de integración, cooperación, gestión y financiamiento en materia de salud.
"Es necesario que los latinoamericanos y caribeños sean más proactivos frente al poder de la industria de los medicamentos, el cuarto negocio del mundo por el volumen de recursos que moviliza después de la energía, el sector automotor y el narcotráfico", dijo la consultora peruana Ariela Ruiz Caro en Caracas.
Todos los gobiernos sostienen la supremacía de la salud pública sobre los intereses económicos y comerciales, incluyen en los acuerdos regionales de integración objetivos generales en la materia y asumen compromisos al respecto en foros de mayor alcance, como la Organización de las Naciones Unidas.
Pero los aspectos relacionados con la salud no han recibido una legislación de carácter vinculante en los acuerdos integracionistas ni un trato diferenciado para los bienes y servicios del sector como bienes públicos antes que mercancías, según Ruiz Caro.
La experta dijo a IPS que "los que más trabajaron el tema fueron los socios de la Comunidad Andina, pero desmontaron normas cuando en 2006 Colombia y Perú negociaron tratados de libre comercio con Estados Unidos". El bloque está hoy conformado por estos dos países junto a Bolivia y Ecuador, pero años atrás incluyó también primero a Chile y luego a Venezuela.
En un debate en la sede caraqueña del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) los diplomáticos presentes aconsejaron no generalizar la conclusión de que los compromisos que asumen sus gobiernos en materia de salud resultan no vinculantes, y en cambio recomendaron insistir y profundizar en los logros de algunos programas de cooperación regional en materia de salud.
"En definitiva, todos los esfuerzos deben relacionarse con el norte de la lucha contra la pobreza, pues por ejemplo no podemos avanzar en salud si no se avanza en procesos que están fuera de ese ámbito específico, como el acceso al agua potable y alimentación", comentó a IPS Jorge Jenkins, representante de la Organización Panamericana de Salud (OPS).
El mexicano José Rivera, secretario permanente del SELA, comentó a IPS que esa entidad que reúne a 26 estados latinoamericanos y caribeños "impulsa que se sostengan los esfuerzos y las asignaciones presupuestarias para la dimensión social de la vida en la región, y que sea permanente el tema de inversión en salud".
"No es sólo un problema de recursos, pero de entrada lo es: en la región se destinaba a salud en promedio dos por ciento del producto interno bruto en la década de los años 80 y se pasó a tres por ciento desde los años 90, pero aún estamos rezagados frente a la media de nueve por ciento que rige en los países industrializados", dijo Rivera.
Solamente para atender la diabetes, padecida por 18 millones de latinoamericanos y que cobra 330.000 vidas al año según la OPS, se invirtieron 8.100 millones de dólares en 2009, "una cifra que es una vez y media la ayuda oficial al desarrollo que llega a la región desde el Norte", agregó.
Según Ruiz Caro, un primer avance que debe dar la región es apuntalar su acceso a medicamentos, con el desarrollo de políticas coherentes de genéricos, estrategias nacionales y regionales de contención de costos, y fortalecimiento de sistemas de suministro de insumos básicos para la salud pública.
Un ejemplo de buena práctica es la compra de medicamentos antirretrovirales y reactivos de diagnóstico para el manejo de pacientes afectados con el VIH (virus de inmunodeficiencia humana) en la región, hecha en 2003 y 2005 de modo conjunto por los países del andino Convenio Hipólito Unanue (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y los del Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
Otro es el ahorro de 37 millones de dólares que acompañó en 2009 la compra conjunta de medicamentos para el cáncer, diabetes e insuficiencias renales, hepáticas y cardiovasculares efectuada por países de América Central y República Dominicana.
En la producción de remedios, "la región presenta rezagos y necesita una industria médico-farmacéutica y biotecnológica por la que sólo han dado pasos importantes Argentina, Brasil, Chile, Cuba y México", dijo a IPS Ruiz Caro.
Un aspecto destacado es que con sus intereses globales como fondo, laboratorios privados soslayan la producción de ciertos medicamentos, la cual deben asumir los estados, tales como los necesarios para atender las llamadas enfermedades huérfanas.
Estas son más de 5.000 enfermedades señaladas por la Organización Mundial de la Salud por "estar huérfanas" de atención en los mercados, pues afectan a un número pequeño de pacientes, menos de cinco por cada 10.000 habitantes.
Son males "raros", en su mayoría de origen genético, como por ejemplo la acondroplasia (mal crecimiento óseo), aniridia (formación incompleta del iris) o dismelia (malformaciones de las extremidades producto del uso de la talidomida).
Hay coincidencia en la necesidad del mayor intercambio posible de información y experiencias de negociación de los puntos con incidencia en salud dentro de los acuerdos bilaterales o multilaterales de comercio y propiedad intelectual.
"Las patentes pueden representar una barrera para el acceso a los medicamentos, pues confieren un monopolio que retarda la introducción de versiones genéricas que afectan los precios, benefician a los países centrales porque consolidan la hegemonía de las compañías farmacéuticas trasnacionales, y aumentan la dependencia tecnológica y económica de los países periféricos", según un estudio del experto de la OPS Jorge Bermúdez citado en la cita del SELA.
Ruiz Caro destacó que hasta ahora, por su carácter reservado, en las negociaciones comerciales multilaterales o bilaterales tienen escasa participación e influencia los ministerios de Salud de los países concernidos.
Por todo ello, propuso a los representantes de la región reunidos a fines de la semana pasada en Caracas que los organismos de integración difundan los alcances de esas negociaciones y su impacto sobre la salud de la población, incluyendo estrategias de comunicación adecuadas.
Asimismo, que fortalezcan alianzas intersectoriales y de cooperación Sur-Sur, den participación a entidades de la sociedad civil y otorguen la debida importancia a la formación de profesionales y técnicos en el área de salud.
