El Primer Juzgado Civil de Loreto, en la región amazónica peruana, aceptó la medida cautelar presentada por Paul Mc Auley contra la dirección de migraciones, que le había dado plazo hasta este miércoles para que abandonara el país por su militancia contra prácticas que dañan el ambiente.
Mc Auley, inglés de nacimiento pero descendiente de irlandeses, integra la congregación católica Hermanos de las Escuelas Cristianas – La Salle, dedicada a la educación de niños, niñas y jóvenes con presencia en más de 80 países. Llegó en 2000 a la escuela Fe y Alegría del barrio marginal Zapallal, en el llamado Cono Norte de Lima.
Luego se desplazó a Iquitos, la ciudad más importante de la Amazonia, donde se sumó a la creación de la Red Ambiental Loretana (RAL), una asociación autofinanciada dedicada a "vigilar los recursos naturales de la región, la defensa del medio ambiente y proponer soluciones en beneficio de la población local y de la humanidad", según su propia declaración.
En la mañana del jueves 1, un efectivo de la policía le entregó a Mc Auley una copia del mandato de la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, en que se le comunicaba que se le había revocado la autorización de residencia en el Perú y que tenía siete días para dejar Perú.
¿El motivo? El comunicado oficial señaló entonces que Mc Auley "viene realizando actividades contrarias a su calidad migratoria (religioso católico) y actos que ponen en riesgo la Seguridad del Estado, el Orden Público y la Defensa Nacional", por hechos que ocurrieron hace casi un año.
La decisión del gobierno provocó la protesta de la población de Iquitos. La Conferencia Episcopal Peruana de la Iglesia Católica le asignó un abogado y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos del Perú afirmó que "la medida de expulsión (del sacerdote) no corresponde a la autoridad moral que ha demostrado el gobierno en el manejo del tema ambiental y la protección de los grupos aborígenes".
La expulsión de Mc Auley ocurre en medio de una campaña mediática del gobierno en la que advierte sobre "una guerra contra el empleo y desarrollo", emprendida por "pequeños grupos radicales" y "operadores antisistema" que buscan "paralizar las inversiones nacionales y extranjeras".
IPS: ¿Con qué argumento le suspendieron la residencia en Perú?
PAUL MC AULEY: Por haber participado, como presidente de la RAL, en actos de protestas en Iquitos, lo que supuestamente implica haber cometido infracción contra mi papel de religioso.
IPS: ¿Ese tipo de actividades no le corresponde por su condición de extranjero y religioso?
PMA: Eso es lo que argumentan. Tal vez ignoran que parte de mi misión como religioso es tratar de aplicar la enseñanza social de la Iglesia sobre el buen uso de los recursos naturales y la protección de los derechos humanos, sobre todo de los indígenas.
Y la expresión pacífica, democrática de divergencias sobre ciertas políticas aplicadas en la selva, son avaladas por la Constitución peruana.
IPS: El gobierno le cancela la residencia por haber intervenido en movilizaciones de protesta en agosto de 2009. ¿Qué sucedió en esa fecha?
PMA: Lo extraño es que se refieren a actuaciones que tuvimos como sociedad civil en agosto de 2009 y, sin embargo, renovaron mi permiso de residencia un mes después, ¿Por qué lo hicieron si ya existía un informe negativo sobre mí?
IPS: ¿Le dieron la posibilidad de defenderse de la acusación?
PMA: No, en ningún momento.
IPS: ¿A qué atribuye la decisión gubernamental? ¿Es una represalia por su actividad en favor del ambiente?
PMA: No lo entiendo y no paro de tratar de entenderlo. Yo no quisiera tampoco interpretar las motivaciones que hay detrás. Lo que me interesa ahora es aclarar que he trabajado dentro de la misión que tenemos y pido que se levante la sanción.
IPS: ¿Se trata de una represalia gubernamental?
PMA: No puedo saberlo, solamente estoy viviendo en carne propia las consecuencias de mis acciones.
IPS: ¿Qué ocurrirá si la justicia rechaza la apelación que ha presentado?
PMA: No me lo imagino. Mi vida está aquí en la selva. Tengo tantos vínculos personales, laborales y compromisos aquí en Iquitos. Usaré todos los medios legales para quedarme.
IPS: Una de las acusaciones en su contra es que usted constituyó una organización no gubernamental (ONG) con fondos presuntamente no declarados. ¿Cómo financia la Red Ambiental Loretana?
PMA: Primero que no es una ONG sino una asociación civil, que yo no fundé. Lo hizo un grupo de ciudadanos aquí, que todos son voluntarios. La idea de que hay grandes fondos que pagan nuestra asociación es totalmente falsa. Segundo, hemos tenido muy poco apoyo económico externo o interno.
IPS: ¿Cree que detrás de la expulsión existe el interés de alguna compañía que opera en la zona?
PMA: No podría adivinar las motivaciones. Lo que sí es cierto es que estoy por la defensa de la vida y de los más afectados que son los indígenas y los ribereños. Esto, obviamente, a veces genera choques de intereses.
Hemos encontrado empresas que trabajan muy mal, haciendo mucho daño, pero también hemos visto petroleras entrando con mucho más sensibilidad y responsabilidad.
IPS: ¿Qué tipo de acciones ha promovido para cuidar el ambiente?
PMA: En febrero interpusimos dos denuncias en la Fiscalía del Medio Ambiente por daños en el río Tigre. Son daños pasivos importantes.
IPS: ¿Qué compañía está involucrada en el caso del río Tigre?
PMA: En esa zona operaban las empresas Oxy y Pluspetrol, pero no sabemos exactamente quiénes son los responsables. En cambio, sí conocemos a los encargados de limpiar los resultados del daño.
IPS: ¿Quiénes son?
PMA: En el caso del río Tigre, actualmente quien ha asumido la responsabilidad es Pluspetrol.
