Más de tres años después del inicio de la crisis financiera global, los países industrializados no logran ponerse de acuerdo sobre normas mínimas que regulen las operaciones de bancos internacionales y fondos de salvaguarda.
La Unión Europea (UE) propuso implementar un impuesto a las transacciones internacionales, también llamada tasa Tobin, en la cumbre del Grupo de los 20 (G-20), que reunió a gobernantes de las mayores economías, incluidos países en desarrollo como India, Brasil e Indonesia.
Pero la propuesta no fue aprobada en el encuentro realizado en junio en la ciudad canadiense de Toronto.
"Puedo asegurarle que la mayoría de los integrantes del G-20 se oponen al impuesto", declaró en conferencia de prensa el ministro de Finanzas de Canadá, Jim Flaherty.
Por su parte, su par de Alemania, Wolfgang Schaeuble, descartó la posibilidad de que su país la implemente de forma independiente. Debe hacerlo la UE en conjunto, declaró en Berlín a fines de junio.
[related_articles]
El gobierno alemán es el principal partidario de la tasa Tobin en Europa. La mayoría de los estados europeos, salvo Gran Bretaña, están a favor de algún tipo de gravamen. Londres se opone de forma rotunda y arguye que la medida aumentará el costo de las operaciones, lo que obligará a los operadores a mudar su lugar de trabajo de un sitio a otro.
La tasa, tal como fue propuesta en 1972 por el premio Nobel de Economía James Tobin, se proponía sancionar las transacciones especulativas de ida y vuelta de corto plazo en divisas extranjeras.
La versión más moderna, un pequeño gravamen sobre las transacciones financieras, apunta a que las inversiones y los fondos de salvaguarda disminuyan sus operaciones especulativas, a las que se atribuye la crisis financiera global.
La falta de unidad sobre la tasa Tobin es un ejemplo de las diferencias que existen en la materia. Se necesitan normas estrictas para lograr una mayor transparencia en las operaciones de los fondos y bancos de inversión. Pero no hay consenso.
En la cumbre del G-20 de Pittsburgh, en 2009, las naciones industrializadas prometieron "asegurarse de que nuestro sistema de regulación de empresas financieras y bancos frene los excesos que llevaron a la crisis. No permitiremos que el comportamiento irresponsable continúe como si nada".
Los gobernantes también prometieron "implementar fuertes estándares sobre indemnizaciones internacionales para poner fin a las prácticas que permitieron los riesgos excesivos, mejorar el mercado de derivados financieros, hechos a medida de las partes que los contratan, y crear herramientas más poderosas para que las grandes empresas se hagan responsables" de sus operaciones.
Pero los países industrializados no cumplen con sus promesas.
Los bancos siguen pagando dividendos y bonos extremadamente altos a sus accionistas e intermediarios. Investigaciones independientes muestran que varios bancos y fondos internacionales de inversiones recurren a esquemas ilegales en sus operaciones.
La práctica más común es la llamada "front running" en la que un intermediario o corredor ejecuta órdenes en beneficio propio basándose en el conocimiento que tiene de las acciones de sus propios clientes.
La semana pasada, el gran fondo de inversiones Goldman Sachs accedió a pagar una multa de 550 millones de dólares para no ser procesado por las autoridades financieras de Estados Unidos.
El presidente del Deutsche Bank, Joseph Ackermann, anunció en mayo una rentabilidad neta de 25 por ciento para 2010. Una cifra impensable, sostienen analistas, a menos que la institución realice transacciones altamente especulativas, que suponen un gran riesgo.
Numerosos economistas coinciden en que es necesario implementar cinco normas operativas generales en el mercado financiero.
Las primeras dos normas tienen que ver con las operaciones de los bancos.
"Deben funcionar como instituciones de ahorro", dijo a IPS Gerhard Leithaeuser, profesor de economía internacional en la Universidad de la ciudad alemana de Bremen. "De lo contrario deberán aumentar su propio capital para pagar su propio rescate en caso de crisis a raíz de sus propias inversiones riesgosas", añadió.
Lo mismo debe implementarse para los bancos de inversiones.
La tercera medida requiere que el Estado apruebe los productos financieros para reducir el alcance de las operaciones de los fondos y bancos de inversiones a fin de evitar los derivados más riesgosos, como los "swaps" (permutas financieras o préstamos interbancarios).
A la inversa, las nuevas disposiciones sólo deben permitir productos financieros que correspondan a transacciones con bienes y productos reales, sostienen los expertos.
La cuarta norma apunta a controlar las operaciones de los fondos de salvaguarda y los paraísos fiscales, dijo a IPS el europarlamentario alemán Sven Giegold.
"Para controlar los fondos de salvaguarda, el Estado debe otorgarles licencias operativas en función de un estricto límite que disminuya su capacidad de operar con dinero prestado, restricciones severas a los incentivos de sus corredores, y una transparencia absoluta en sus operaciones", indicó Giegold, también miembro fundador del capítulo alemán de ATTAC, que desde los años 90 promueve la tasa Tobin.
Por último, es necesario regular las calificadoras de riesgo, según los analistas, quienes las consideran un responsable más de la crisis financiera internacional por haber evaluado positivamente créditos y bonos basura en la última década.
