La amplia mayoría de consultados en diversas encuestas realizadas en Arizona están a favor de la controvertida ley migratoria aprobada en ese estado, mientras activistas por los derechos civiles aplauden la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de solicitar su nulidad.
Una encuesta telefónica realizada por la firma Rasmussen Reports concluyó que 70 por ciento de probables votantes en el sudoccidental estado de Arizona aprueban la legislación, mientras que apenas 23 por ciento se oponen a ella. Otros sondeos estaduales y nacionales revelan resultados similares.
Quienes se oponen a la medida, entre ellos las principales organizaciones de inmigrantes latinoamericanos, dicen que propiciará la discriminación en base a perfiles raciales. A 53 por ciento de los votantes de Arizona les preocupa que los esfuerzos por identificar y reportar a inmigrantes indocumentados terminen violando los derechos civiles de algunos ciudadanos estadounidenses.
La demanda, presentada el martes en el tribunal federal de Phoenix, la capital estadual, se esperaba desde mediados de junio, cuando funcionarios del gobierno de Barack Obama anunciaron que apelarían la ley de Arizona (SB 1070).
Otras varias medidas similares buscan impedir su entrada en vigor, prevista para el 29 de este mes.
[related_articles]
El gobierno federal adhirió al argumento central de esas demandas, según las cuales la polémica ley usurpa potestades de control de migraciones que están reservadas para las autoridades federales.
La principal demanda fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación, así como por otras organizaciones que defienden los derechos civiles.
"En nuestro sistema constitucional, el gobierno federal tiene la autoridad preeminente para regular los asuntos de inmigración. Esa autoridad se deriva de la Constitución de Estados Unidos y de numerosas leyes del Congreso", reza la introducción de la demanda, de 25 páginas.
La misma acusa al estado de Arizona y a la gobernadora Janice Brewer, quien ha defendido reiteradamente la ley, argumentando que es una respuesta necesaria al fracaso del gobierno federal en el control de la inmigración de indocumentados procedentes de México.
La gobernadora ha continuado concitando apoyo de aliados en todo el país, incluso en Washington, pese a la solicitud de nulidad.
El texto elevado a la justicia también cita la autoridad del presidente sobre los asuntos exteriores.
"Las leyes y políticas de inmigración y las prioridades de implementación son afectadas por y tienen impactos en la política exterior estadounidense, y son en sí mismas objeto de acuerdos diplomáticos", señala.
En respuesta a la demanda, un grupo de 20 legisladores republicanos enviaron una carta al fiscal general Eric Holder, manifestando que la ley de Arizona está en armonía con las leyes migratorias federales.
"La demanda no sólo revela el desprecio del gobierno de Obama por las leyes migratorias y por el pueblo de Arizona, revela desprecio por la mayoría de la población estadounidense, que apoya los esfuerzos de Arizona por reducir el tráfico humano, el narcotráfico y la inmigración ilegal", sostiene la misiva.
La demanda no busca invalidar la totalidad de la ley de Arizona, sino las primeras seis secciones de la misma, dejando apenas las relativas al empleo y la incautación de vehículos.
Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, señaló en un comunicado: "El presidente la describió (a la norma) como errada, pero es peor que eso. La ley de Arizona viola la Constitución, representa una intervención del gobierno libre de obstáculos, que viola los derechos constitucionales de todos los estadounidenes, debilita la capacidad de aplicación de la ley para combatir el delito y discrimina a ciudadanos estadounidenses en base a su color de piel o su acento".
El anuncio del Departamento de Justicia tiene lugar después de que más de 30 jurisdicciones de todo el país aprobaron resoluciones de condena a la ley de Arizona, se unieron a un boicot nacional contra ese estado o prohibieron viajar hacia allí. Hay pendientes resoluciones similares en por lo menos otras 30 jurisdicciones.
También hubo figuras del Partido Republicano que manifestaron su oposición a la ley de Arizona. El senador de ese partido Lindsey Graham opinó que la norma es "inconstitucional" y que "no representa la mejor solución" en el abordaje de la inmigración de indocumentados.
El legislador republicano Connie Mack escribió un editorial titulado: "Por qué los conservadores deberían oponerse a la ley migratoria de Arizona".
Los jefes de policía de todo el país también han criticado la norma, diciendo que recargará a las agencias locales de aplicación de la ley, debilitará los controles comunitarios y perjudicará la seguridad pública.
"Los oficiales de policía no pueden asumir la aplicación (de las normas migratorias) sin quitarle un tiempo sustancial a las prioridades que son más importantes para una agencia local de aplicación de la ley, como investigar y prevenir delitos violentos y contra la propiedad", observó George Gascón, jefe de policía de San Francisco, en el occidental estado de California.
Gascón, que fue jefe de policía de Mesa, la tercera ciudad más grande de Arizona, también dijo que los promotores de la ley basan sus argumentos en datos incorrectos. En la mayor parte del estado, el delito viene disminuyendo, no aumentando, agregó.
