La abolición de las corridas de toros en Cataluña desde 2012, aprobada este miércoles por el Parlamento de esa comunidad autónoma de España, la separa aún más del resto del país, en respuesta a postulados de sus fuerzas nacionalistas.
La corrida de toros, llamada la Fiesta Nacional y cuyo origen se remonta a los siglos XV o XVI, es un espectáculo celebrado en plazas circulares de suelo de arena, en que los toreros lidian a reses bravas de más de 400 kilos y donde, salvo casos excepcionales, se termina con la muerte del animal, tras ser rejoneado, banderilleado y enfrentado por el torero con una muleta.
A los cosos taurinos concurren desde el rey Juan Carlos, muy aficionado a la fiesta al contrario de la reina Sofía y su heredero el príncipe Felipe, hasta líderes políticos de todas las tendencias y personalidades de todos los ámbitos, además de turistas, que ven en la fiesta una expresión cultural y una tradición, pese al sufrimiento del animal, herido varias veces antes de morir.
La votación, calificada de histórica por los medios del país, respondió a una Iniciativa Legislativa Popular por la abolición de la tauromaquia, respaldada por 180.000 firmas y promovida por la plataforma ciudadana Prou! (Basta!, en catalán). Hubo 68 votos a favor, 55 en contra y nueve abstenciones.
La mayoría de los votos favorables provinieron de grupos del nacionalismo catalán: Convergencia y Unión (CiU, 32), Izquierda Republicana de Cataluña (21) e Iniciativa por Cataluña (12).
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En contra destacaron 31 votos del Partido Socialista de Cataluña (PSC), la expresión en la comunidad del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE,) y 14 del centroderechista Partido Popular (PP), que encabeza la oposición a nivel nacional.
CiU y el PSC dieron libertad de voto a sus diputados. Del primero, hubo siete votos en contra, y de los socialistas, tres apoyaron la prohibición y otros tres se abstuvieron. El presidente de la Generalitat (gobierno), José Montilla, votó en contra y el líder de CiU, Artur Mas, a favor.
Desde fines de 2003, la nororiental Cataluña es gobernada por una alianza del PSC con Izquierda Republicana e Iniciativa, pero en las elecciones regionales que deben realizarse en el último trimestre del año, las encuestas vaticinan el retorno de CiU al poder que ostentó por 23 años.
Con la abolición de la tauromaquia, el nacionalismo de la autonomía da otro paso adelante en su reclamo de que Cataluña sea reconocida como una nación, asociada a España aunque no parte integrante de la misma, según comentarios de sectores políticos conservadores, integrantes del mundo de los toros, y defensores de la fiesta, que califican la iniciativa de un gesto de identidad.
Así lo cree José María Baviano, director de comunicación de la madrileña Plaza de Toros de Las Ventas, la más grande de España. "La decisión del Parlamento no es para defender a los animales, sino una cuestión política, para diferenciarse del resto de España", afirmó a IPS.
Cataluña es la segunda comunidad que veta las corridas, después de Canarias, un archipiélago frente a las costas africanas en el Atlántico, que lo hizo en 1991. Otros países con tradición taurina son Colombia, Ecuador, México, Perú, Portugal y el sur de Francia.
Sobre el sufrimiento de los animales antes de matarlos, Baviano citó estudios científicos que quitan hierro al argumento, pues "sufren mucho más los vacunos que pierden su vida en los mataderos".
Insistió en que en las plazas los animales, excitados por el torero que los enfrenta, complementan un arte que muchos ciudadanos valoran.
En sentido opuesto se pronunció Anna Mula, portavoz de la plataforma Prou!, para quien "el arte es un proceso de creación de vida, no de quitarla, aunque sea a animales".
Desde el PP se recordó una cuestión que preocupa mucho en Cataluña y que golpea a los que apoyan la prohibición: el costo de la medida para la comunidad.
El diputado del PP catalán Rafael Luna puntualizó que cálculos hechos por los pro-taurinos estiman entre 400 y 650 millones de dólares lo que la Generalitad deberá pagar a empresarios del sector, como indemnización por cancelar contratos firmados. En Cataluña solo queda una plaza taurina: la Monumental de Barcelona, con 18.000 localidades.
Contra esos argumentos se manifestó el presidente de Izquierda Republicana, Joan Puigcercós, para quien lo fundamental es que los toros son torturados durante la lidia y calificó la prohibición como un progreso moral, que puede ser una contribución a la próxima generación.
El carácter nacionalista de lo aprobado por el Parlamento de Cataluña se refuerza con la evidencia de que en el resto de España prácticamente no ha habido apoyos a la prohibición de las corridas.
El PSOE, el PP y otras fuerzas de alcance nacional han apoyado la fiesta sin titubeos. Dentro del PP destaca la posición de la presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien declaró a la fiesta taurina como un Bien de Interés Cultural de la región.
El consejero (ministro) de Gobernación y Justicia de Madrid, Luis Pizarro, afirmó que "nadie duda de que los toros son un bien patrimonial de todos los españoles".
En términos similares se pronunció el socialista José María Barreda, presidente de la comunidad Castilla-La Mancha, quien afirmó que las corridas son "una fuente importante de riqueza para la economía", además de tener "un carácter cultural, histórico, sostenible, ecológico, natural y medioambiental".
La referencia al medio ambiente tiene que ver con las dehesas donde se crían en libertad los toros bravos, alimentándose del pasto natural, lo que hace que el negocio de la fiesta colabore a mantener miles de hectáreas españolas libres de industrialización y construcciones.
Según fuentes oficiales, en el 2009 murieron 10.247 toros y novillos en las 2.684 corridas que se celebraron a lo largo del año, unos 28 animales diarios en promedio.
Así quedó planteada la discusión en España sobre su fiesta con la abolición catalana, donde las posiciones están lejos de ser lineales. Entre quienes defienden contundentemente la fiesta está el laureado escritor catalán Pere Gimferrer.
Para él, la prohibición es "la más grave agresión cultural" sufrida en España desde que finalizó la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), cuando se prohibieron las fiestas de carnaval, también de larga tradición en el país.
Otro argumento a favor lo aportó la veterinaria Elena Montoya, quien aseguró que si se eliminasen las corridas se extinguiría la raza de los toros de lidia y ésta solo se mantendría en los zoológicos.
