Los velos integrales usados por mujeres musulmanas, la «burka» y el «niqab», están en el centro de una vasta polémica en España luego de que varios ayuntamientos catalanes prohibieron su uso y el Senado aprobó una moción con el mismo objetivo.
Ordenanzas dictadas en Cunit, con votos del Partido Socialista de Cataluña y del Partido Popular (PP), y en otros municipios de Cataluña, como Barcelona, Lleida, L'Hospital de Llobregat y El Vendrell, establecen que no pueden usarse en recintos públicos la burka, la túnica que cubre por completo a la mujer con una rejilla para permitir la visión, y el niqab, que sólo deja los ojos al descubierto.
Entre los argumentos esgrimidos en esos casos figuran la necesidad de velar por la igualdad y dignidad de las mujeres y la identificación de las personas que acceden a estos espacios.
Aunque fracasó una iniciativa similar impulsada por el PP en el parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Senado español aprobó el 23 de junio una moción presentada por la misma agrupación centroderechista de oposición que insta al gobierno a prohibir ambos atuendos en los espacios públicos que no tengan una finalidad religiosa.
Para hacerse efectiva, la moción debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados y por el Poder Ejecutivo, algo que difícilmente se concretará puesto que el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no la apoya, al igual que los parlamentarios de izquierda y nacionalistas.
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Si bien el POSE está a favor de erradicar estas prendas de la vida pública y privada, considera que la prohibición expresa no es el camino correcto sino que aboga por un trabajo de educación y sensibilización de la comunidad musulmana.
La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, calificó la burka como "una cárcel de tela para las mujeres" y propuso que se aplique el Código Penal o la ley contra la violencia de género para perseguirla en vez de vedarla explícitamente.
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE), rechazó el 29 de junio presentar un proyecto para legislar en el bloque la prohibición del uso de la burka en instalaciones públicas, pese a las iniciativas surgidas en España, Bélgica y Francia.
"Estamos ante una discusión artificial motivada por las próximas elecciones locales (municipales y provinciales)", dijo a IPS Esteban Ibarra, presidente del no gubernamental Movimiento contra la Intolerancia.
Para el activista, "uno de los más serios problemas es la intolerancia religiosa", puesto que "las religiones no se pueden prohibir, porque las personas las llevan dentro del alma". En España no es solamente la religión musulmana la que utiliza atuendos específicos. Los hombres judíos usan trenzas y la quipá (sombrero), mientras las mujeres casadas el cabello muy corto cubierto con pañuelos o pelucas. Los símbolos de la religión católica también están siendo debatidos a propósito del proyecto de reforma a la ley de Libertad Religiosa de 1980, que el gobierno enviaría al parlamento después del verano boreal, por la presencia de crucifijos en todos los organismos públicos.
Un tema que acapara la discusión es si se debe mantener el crucifijo y la Biblia en el salón donde prestan juramento los presidentes del gobierno al ser investidos como tales. La Constitución española garantiza la libertad religiosa y la cooperación "con la Iglesia Católica y demás religiones". El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó que la burka y atuendos similares son "incompatibles con la dignidad humana" y adelantó que la ley de Libertad Religiosa abordará con "carácter general" la utilización de las prendas que externalizan el sentimiento religioso.
Desde el mundo musulmán también hay sectores que se pronuncian contra la burka, por ejemplo Kamal Rahmouni, presidente de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España, quien afirmó que son pocas las mujeres que usan ese atuendo entre el millón de musulmanes que habitan este país.
Según Rahmouni, la burka es una prenda lejana y rara, "que viene de Afganistán y es más cultural que religiosa".
¿Qué hacer con quienes utilizan la religión para impulsar actos terroristas? "Todo terrorismo debe ser combatido, lo haga quien lo haga. Pero no culpemos de ello a una religión, ya que en todas las religiones hay gente a favor y gente en contra de la violencia", respondió a IPS el inmigrante tunecino Ibrahim Nash.
Contra la prohibición de la burka aprobada en municipios españoles de la costa norte del mar Mediterráneo, ya se inició en Lleida un movimiento de recolección de firmas.
El presidente de la Asociación Watani para la Libertad y la Justicia, que apoya a inmigrantes en España, Mourad El boudouhi, ha decidido impugnar ante la justicia y el ayuntamiento de Lleida para que se retire la disposición por considerarla "un crimen contra las mujeres que durante años han luchado para conseguir que se respeten sus propios derechos". Una de las voces más fuertes que se pronunció contra la burka fue la de Fátima Ayache, socióloga argelina y profesora universitaria radicada en España, quien sostiene que este atuendo "no existe en el Islam, es un símbolo del integrismo puro, de la mujer sumisa".
"Yo digo burka no, pero sin debate, sin darle importancia, como mujer musulmana que soy. Aceptar el burka en España, país que me ha dado la libertad y me ha permitido tener voz propia, es un insulto", acotó. Para Ayache, "no tiene sentido que quieran traerlo aquí, que quieran que nuestros hijas se tapen de la cabeza a los pies para proteger su honor, cuando yo he visto integristas con la cara tapada para violar y he visto prostitutas que se ponen el hiyab (pañuelo) o la burka".
"No puedo tolerar que le digan a una niña de seis años que tiene que llevar pañuelo: a esa edad no entiende la religión", enfatizó. La presidenta de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, Cristina del Valle, señaló que en España se están impulsando leyes contra la burka "en defensa de las mujeres", lo que considera correcto, pero no se toman en cuenta los crímenes machistas. A su juicio, no hay ni 10 mujeres en España que usen la burka, pero "tenemos más de 4.000 locales donde se abusa, se explota, se trafica con el cuerpo de las mujeres" y siguen funcionando sin que las autoridades hagan nada, en referencia a los "clubs" donde se ejerce la prostitución, distribuidos por toda España.
