Los 11 ex presos cubanos que han arribado hasta ahora a España podrán integrarse a la sociedad local, trabajar y gozar de todos los derechos ciudadanos, dijo Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado para Iberoamérica.
El grupo es parte de los 52 presos políticos que el gobierno de Raúl Castro decidió el 7 de este mes comenzar a dejar en libertad de modo gradual, tras la mediación de la Iglesia Católica de Cuba y luego del gobierno español.
Se espera que en las próximas semanas otro grupo se sume a los 11 disidentes que ya se encuentran con sus familias en Madrid.
El gobierno español del socialista José Luis Rodríguez Zapatero los acogió en el marco de la protección subsidiaria, lo que incluye el otorgamiento automático de permisos de residencia y de trabajo para todos, explicó De Laiglesia a IPS.
Los ex presos, añadió, no podrán votar en las elecciones municipales porque para ello debe existir un reconocimiento recíproco entre los dos países, cosa que ya se acordó con todos los países latinoamericanos, excepto Cuba, que no se ha pronunciado al respecto.
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De Laiglesia destacó que la liberación se produjo en el marco del diálogo de La Habana con la Iglesia Católica de la isla, esfuerzo "muy importante que España acompaña, esperando que a corto plazo se logre la liberación de todos los presos políticos".
España acogerá a todos los liberados que deseen venir a España, apuntó.
La decisión del gobierno de Castro, acotó el secretario de Estado, "nos coloca en una situación nueva de la realidad política y social de Cuba, cuyos efectos veremos en los próximos meses, con todos los que estén genuinamente comprometidos en acompañar los cambios cubanos".
"Hemos comprobado un talante de apertura positivo, que nos permite mirar con optimismo el futuro", dijo.
Sin embargo, los liberados no son tan optimistas e incluso critican al gobierno español.
Uno de ellos, Julio César Gálvez, manifestó este jueves en rueda de prensa que "en España yo no soy dueño de mí mismo, porque mi futuro no depende de mí, sino de los funcionarios que me imponen sus decisiones".
Los 11 disidentes están alojados en un hostal en Vallecas, un distrito humilde de Madrid, cuya tarifa diaria es de 14 euros (18 dólares), cifra que un hotel supera los 50 euros (64 dólares), lo que da una idea de la calidad del local.
Varios de los arribados, entre ellos Omar Moisés Ruiz Hernández, se quejaron del hospedaje, costeado por el Estado español, porque sufren de mucho calor. Los responsables del hostal "nos recomendaron que salgamos de Madrid, porque aquí la vida es demasiado cara", dijo Ruiz.
Por otro lado, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado manifestó su disposición de trasladarlos a Málaga, en el sur de España, en tanto que la Cruz Roja española se comprometió a darles asistencia durante 24 meses.
Ante las quejas porque el hostal está ubicado en un barrio humilde y sólo dispone de habitaciones de tres camas sin baños privados, la Cruz Roja arguyó que el local tiene estructuras dignas de primera acogida y permite reunir allí a un gran número de personas.
Normando Hernández, también criticó el alojamiento y recordó que Zapatero se comprometió a acogerlos y que por ello tendría que proporcionarles "lo que nos merecemos como refugiados".
"Estamos pidiendo las condiciones mínimas necesarias para que yo y mis allegados podamos sentirnos como una familia. No somos criminales", enfatizó.
Otros ex presos prefirieron recordar la situación que vivían en Cuba.
Ricardo González, ex corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en La Habana, detenido en 2003, dijo en la misma rueda de prensa que su paso por la cárcel fue terrible, con "estructuras inhumanas, hacinamiento, goteras de desagües, celdas donde los presos defecan en un hueco, en el mismo lugar donde duermen".
Aseguró haber estado tres meses con la luz encendida en su celda las 24 horas del día como una forma adicional de castigo y tortura.
Los disidentes se siguen considerando sin libertad. José Luis García Paneque, subrayó que la condena de ellos no fue anulada, ya que el gobierno cubano no les entregó ningún documento que certifique su libertad.
"Si regresamos a Cuba podrían detenernos otra vez", arguyó.
Aunque marcó un punto positivo: "las autoridades españolas nos informaron que tenemos la posibilidad de acceder a la condición de refugiados internacionales", lo que significaría recibir apoyo económico y gozar de derechos civiles.
Además criticaron con dureza al canciller español Miguel Ángel Moratinos por haber planteado a la Unión Europea que abandone la llamada "Posición común", una declaración política por el cual el bloque se comprometió a luchar porque se reconozcan y respeten los derechos humanos en la isla caribeña.
Para Ricardo González, se debe tener presente que hay decenas de presos políticos que siguen entre rejas reclamando que se aúnen más fuerzas para liberarlos. O ¿los quieren tener como tarjetas de cambio, como rehenes", preguntó.
A través de un comunicado leído en la conferencia de prensa, señalaron que después de siete años de "injusto cautiverio" lograron la libertad gracias "al martirio de Orlando Zapata Tamayo", muerto en febrero tras una huelga de hambre, a igual acción de más de cuatro meses de Guillermo Fariñas y a la insistencia inquebrantable de las Damas de Blanco, como de las llama al grupo de familiares de los presos.
