El gobierno de Ecuador puso en vigencia este martes una ley que obliga a las empresas privadas a renegociar sus contratos de explotación de petróleo en un plazo de cuatro a seis meses, para ajustarlos a un único modelo de prestación de servicios.
Ecuador exporta unos 470.000 barriles diarios de crudo, que extrae de campos ubicados en el este del país, en la región amazónica, y que transporta por dos oleoductos hacia el puerto petrolero de Balao, en el océano Pacífico.
Aproximadamente 56 por ciento de la producción está en manos de dos empresas públicas, Petroecuador y Petroamazonas, y el restante 44 por ciento corresponde a compañías privadas que explotan crudo bajo distintas modalidades, en especial con contratos de participación, en los que el Estado recibe una parte de lo que extraen.
La nueva ley, publicada en el Registro Oficial de este martes 27, fija un plazo de 120 días para que se renegocien los contratos de las petroleras que tienen las concesiones más grandes, como española Repsol-YPF, la italiana Eni, la brasileña Petrobras, y Andes Petroleum y PetroOriental, cuyos capitales pertenecen a empresas estatales chinas.
Aquéllas que operan en campos marginales —que producen menos de 6 por ciento del total de la producción nacional— tendrán 180 días para migrar sus contratos al nuevo modelo.
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"La renegociación de los contratos ha sido uno de los objetivos del actual gobierno luego de descubrir, en medio del alza de los precios del petróleo en los últimos años, que algunos contratos no tenían una cláusula de ajuste, para que el Estado recibiera parte de los nuevos ingresos extraordinarios", dijo a IPS la economista Norma de los Reyes, experta en la materia.
Como primera medida, el gobierno había aprobado una ley que obligaba a la entrega de un porcentaje de los nuevos ingresos, pero se apuntó siempre a la renegociación, recordó De los Reyes.
La renuencia de las empresas extranjeras y la carencia de un marco legal impidieron avanzar en las renegociaciones, por lo que el gobierno consideró indispensable esta ley, añadió. El ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor, reconoció que algunas compañías podrían no aceptar el cambio, pero manifestó su confianza en que la mayoría sí lo harían.
Según avisos previos, a las compañías que no acepten modificar sus contratos, se les liquidarán las inversiones realizadas, aunque Pástor dijo en un encuentro previo con la prensa extranjera que muchas de esas inversiones "están ya amortizadas", y en esos casos las empresas no recibirán nada.
De todas maneras, se realizarán auditorías, "respetando los derechos de los inversionistas", aseguró.
Pero la ley no fue aprobada por la Asamblea Nacional legislativa, sino que entró en vigencia porque ésta no se pronunció en los 30 días de plazo con que contaba para tratar el proyecto, enviado por el presidente Rafael Correa con carácter de urgente.
Ello fue posible gracias a una maniobra legislativa del bloque del partido gobernante Alianza País.
Ante la imposibilidad de conseguir los votos para aprobar el proyecto del Poder Ejecutivo y la aparición de una propuesta que le introducía reformas, los parlamentarios oficialistas y algunos aliados boicotearon la sesión convocada para el domingo por la noche, dejando vencer el plazo legal.
Sin quórum, la sesión fue clausurada, y no pudo debatirse ni votarse el proyecto.
La maniobra fue denunciada por parlamentarios opositores y por el ex presidente de la Asamblea Constituyente Alberto Acosta, ex aliado de Correa, para quien el gobierno "recurrió a las viejas prácticas de la partidocracia" para poner en vigencia una ley muy importante "de manera atropellada".
Críticos de derecha advirtieron sobre la inseguridad jurídica que se genera con la norma, lo que desalentará inversiones en un sector clave de la economía. La ley promueve el estatismo por "convertir a todas las petroleras en meras prestadoras de servicios, sin incentivos para su inversión", según Jorge Pareja, del Foro de Opinión Petrolera.
Sectores de la izquierda señalan que la renegociación obligatoria de contratos prolongará innecesariamente la vida de algunos que iban a concluir en los próximos años, permitiendo que el Estado recuperar los yacimientos correspondientes.
Para Acosta fue "vergonzoso" que el bloque de Alianza País "se escondió frente al debate", según dijo en una entrevista de televisión.
En cuanto al contenido de la norma, juzgó equivocado que la ley permita entregar la explotación de yacimientos maduros a empresas extranjeras, estatales o de propiedad mixta, por mera decisión presidencial.
"Supongamos que este gobierno no entrega ningún campo de explotación, les tomo la palabra Pero ellos (Alianza País) no van a estar eternamente en el poder, y luego viene un régimen neoliberal y encuentra que quienes dicen haber salvado los recursos del Estado dejaron abierta la puerta para que entre el gato y se lleve el queso", sostuvo.
La nueva ley reduce el impuesto a la renta de las empresas petroleras de 44 por ciento a 25 por ciento y establece el pago de una tarifa única por cada barril neto producido y entregado al fisco.
Las petroleras han pedido que esa tarifa se fije caso por caso, considerando el monto de su inversión, la tasa de extracción y los precios internacionales del crudo.
