En la congestionada esquina de las avenidas Amazonas y Naciones Unidas, en la capital ecuatoriana, todos los días se ven cubanos y cubanas. Es un lugar de encuentro y también destino obligado para muchos porque allí está ubicada la Dirección Nacional de Identificación y Registro Civil.
En ese edificio se han celebrado cientos de matrimonios entre personas procedentes de Cuba y naturales de este país, además de que es donde los isleños tienen que tramitar su cédula de identidad, sea como extranjeros residentes o como ecuatorianos nacionalizados.
Según la ley ecuatoriana, pueden acogerse a la nacionalidad los extranjeros que hayan contraído matrimonio con alguien natural del país o que demuestren una unión de hecho estable por un período de dos años o más.
Esto ha llevado a un auge de matrimonios, la mayoría de ellos por conveniencia, que terminan en divorcio poco después de que el cubano o la cubana han conseguido la nacionalidad ecuatoriana.
"En las últimas semanas el número de matrimonios de cubanos ha bajado", confesó a IPS un funcionario del Registro Civil que no quiso ser identificado. "La denuncia de los documentos falsificados creo que les ha asustado", dijo.
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Se refería a la anulación de 199 matrimonios de cubanos con ecuatorianas, principalmente, así como la suspensión de 170 cédulas de identidad otorgadas a isleños resueltas por el gobierno izquierdista de Rafael Correa tras descubrir que habían sido tramitados con papeles falsos.
El ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Patiño, y el secretario nacional de Transparencia de Gestión, Juan Sebastián Roldán, anunciaron la medida el 30 de junio, ocasión en la que también solicitaron la destitución y el enjuiciamiento penal de dos notarios de Guayaquil, la ciudad más poblada y el centro económico del país.
Las autoridades indican que los notarios Marcos Díaz Casquete y Julio Olvera Espinoza habían dado fe de uniones de hecho inexistentes. Certificaban enlaces de dos años cuando los ciudadanos cubanos tenían menos de tres meses de haber ingresado al país.
Una investigación del diario El Comercio sostuvo que casi todos los casos de papeles falsificados fueron tramitados en Guayaquil por una pareja de abogados chilenos residentes en Quito, que se esfumaron tras la primera denuncia de Roldán el 30 de marzo.
Los interesados habrían pagado al matrimonio de abogados chilenos un mínimo de 2.600 dólares para visas de trabajo y de 3.500 dólares para obtener la nacionalidad ecuatoriana vía reconocimiento de las uniones de hecho.
El anticipo era de 1.500 dólares y los papeles se obtenían en un mes. Las investigaciones de la fiscal Mónica Rivera, que lleva el caso, comprobaron que ninguno de los involucrados había pisado siquiera Guayaquil, y menos conocido a las mujeres que testificaban haber convivido con ellos.
"Nos sentimos estafados. Creíamos que aquí se hacía como en Cuba, donde entregas los papeles a un abogado y él lo arregla todo legalmente", dijo uno de los involucrados al diario capitalino, que no lo identificó.
La residencia permanente en Ecuador, que se alcanza mediante la ciudadanía, permite a los cubanos viajar de ida y vuelta a su país de nacimiento, exonerados de la carta de invitación y demás requisitos.
Según los cálculos de ingreso y egreso de extranjeros que manejan las autoridades ecuatorianas, casi 7.800 cubanos y cubanas viven hoy, de forma legal o ilegal, en este país.
Decenas de los regularizados se han dedicado al comercio, llevando desde Ecuador ropa y accesorios de vestimenta. Por eso, es común verlos en los centros comerciales populares, con descomunales maletas de lona repletas de ropa.
"Los cubanos son muy buenos clientes, aunque ya no nos compran tanto como antes", dijo a IPS Raúl Tipantaxi, quien vende camisetas estampadas en el Centro Comercial Granada, en el centro histórico de la capital ecuatoriana. Varios otros vendedores tienen la misma impresión.
En efecto, las ventas de ropa desde Ecuador tuvieron su auge en Cuba cuando estaban restringidos los viajes de los cubanos residentes en Estados Unidos.
"Con las medidas de flexibilización (del presidente Barack) Obama ya no hay restricciones y la gente prefiere la ropa que viene 'del norte'. Dicen que es de mejor calidad", comentan en La Habana.
Para iniciar trámite de residencia en el exterior, un cubano necesita cédula de identidad, carta laboral o estudiantil de no objeción, certificado de matrimonio con no menos de 90 días de expedido si la motivación es reunirse con cónyuges extranjeros y carta de invitación.
La presión para obtener los papeles ha llevado ahora a que haya intermediarios cubanos en Quito. Vestido con traje y corbata y un maletín ejecutivo, un caribeño suele estar frente a la Dirección de Identificación y Registro Civil.
IPS observó una mañana como tres mujeres y un hombre lo contactaron, por separado, en un lapso de tres horas, y le entregaron nombres, números de cédula y de teléfonos de contactos ecuatorianos dispuestos a aparecer como empleadores e inclusive a casarse.
Cubanos contactados por IPS comentan que para estos matrimonios convenidos, además de los otros pagos a abogados, hay que pagar al cónyuge entre 500 y 2.000 dólares estadounidenses.
El gestor despacha allí, en plena calle. Trabaja al menos con cuatro cubanos más, a los que entrega los datos que son confiados por sus compatriotas. El funcionario del Registro Civil contactado por IPS, que también observa la escena, espera que todo se haga por la vía legal.
La política de no exigir visados a ningún extranjero es parte de la filosofía de "ciudadanía universal" definida por la Constitución de 2008 en Ecuador.
Sin embargo, en un cambio de política, desde 2009 a los ciudadanos colombianos se les exige el certificado de pasado judicial limpio, emitido por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia y registrado en algún consulado ecuatoriano.
Esto se debe al gran flujo de ciudadanos de ese país desplazados por el conflicto interno.
Actualmente viven en Ecuador unos 300.000 colombianos y colombianas, 58.000 de los cuales tienen estatus de refugiado reconocido oficialmente por el Estado, mientras que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) considera que otros 130.000 merecen ser reconocidos como tales.
* Aporte de Patricia Grogg (La Habana)
