España sumó dos triunfos en las últimas 24 horas: Venció a Alemania en Sudáfrica, clasificándose para la final del torneo mundial de fútbol, y a Portugal en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) en la disputa empresarial por el control total de la operadora de telefonía móvil brasileña Vivo.
La victoria deportiva del miércoles en Sudáfrica puso a la selección española por primera vez en su historia en la instancia máxima del fútbol mundial, mientras que el tribunal de la UE repartió alegría entre los ejecutivos de Telefónica al dales la razón de que la traba del gobierno portugués para que la firma transnacional hispana se hiciera con Vivo es ilegal.
Portugal Telecom (PT) y Telefónica controlan Vivo a través de Brasicel, donde españoles y portugueses reparten su control con 50 por ciento de las acciones cada uno.
Sin embargo, esta hermandad ibérica a partes igual comenzó a hacer agua hace algunos meses, cuando Telefónica empezó a realizar una serie de acciones, consideradas "hostiles" por PT, destinadas al control total de la empresa.
Sin embargo, Portugal resistió cuanto y como pudo, usando el resorte creado cuando PT fue privatizada, bajo la condición de una cláusula de salvaguardia del interés nacional mediante el sistema denominado "golden share" (acción de oro), que garantiza un papel regulador al Estado.
El mecanismo que nació a fines de la década del 80 durante las privatizaciones en la Unión Europea (UE) fue usado la semana pasada por el gobierno del primer ministro socialista José Sócrates para impedir a Telefónica, de España, la compra de Vivo.
El balde de agua fría cayó sobre Sócrates en la mañana de este jueves, cuando el tribunal de la UE dictaminó en Luxemburgo que la posesión de acción de oro por parte del Estado portugués en PT "constituye una restricción no justificada a la libre circulación de capitales".
Previendo este dictamen del tribunal, Sócrates se anticipó el martes en las críticas a la UE, deplorando que el bloque defienda "posturas ultraliberales".
La reacción oficial fue escueta, a cargo del titular de la cartera de la presidencia del Consejo de Ministros, Pedro Silva Pereira.
El ministro precisó que, "sin descartar un análisis más profundo del fallo, el gobierno de Portugal discrepa con esta interpretación jurídica, aunque la sentencia no pone en causa la existencia de derechos especiales" en las empresas con participación estatal.
Garantizó que el Poder Ejecutivo portugués procurará "respetar el derecho comunitario y salvaguardar el interés nacional".
Hasta ahora, Telefónica no ha comentado oficialmente la decisión del tribunal de la UE, declinando a responder a una consulta de la agencia de noticias Lusa porque, "por el momento, no hemos evaluado esta decisión".
Corresponsales de prensa portuguesa destacados en Brasil informaron que, al ser conocida la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, las acciones de Vivo se dispararon este jueves en la apertura de la Bolsa de Valores de São Paulo.
El naufragio del casamiento empresarial ibérico en Brasil tiene su génesis el 30 de junio y las partes no se dividen precisamente entre españoles y portugueses, ya que los inversores privados lusos apoyaron en su inmensa mayoría la venta de las acciones a Telefónica.
A pesar de que 74 por ciento, o sea una sólida mayoría de los accionistas privados de PT, dio luz verde al negocio, el Estado usó la acción de oro para vetar la operación de Telefónica, que revisó dos veces su oferta, subiendo de 7.218 millones de dólares para 8.231 millones y por último a los 9.054 millones colocados sobre la mesa el mismo 30 de junio.
La reacción del portugués José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, fue rápida y categórica y en nada sorprendió a los analistas, que consideran a este político como el gran impulsor de una política cada vez más benevolente con los mercados financieros.
"Excepto en casos muy limitados y excepcionales las 'golden shares' son contra el mercado interno, contra la libre circulación" de capitales, motivo por el cual la Comisión Europa pide que la decisión sobre la acción de oro en PT sea cumplida integralmente y lo más en breve posible", sostuvo.
Respecto de las críticas de los privados, en especial del poderoso banquero Ricardo Salgado do Espírito Santo, el presidente de PT, Zeinal Bava, recordó que "quien compró acciones conocía los estatutos y sabían que la golden share' existe".
Sócrates, por su parte, ha guardado silencio sobre la decisión jurídica de la UE y acerca de las críticas que le llueven desde sus flancos derecho e izquierdo.
El líder derechista Pedro Passos Coelho, durante una visita a Madrid, criticó la decisión del gobierno socialista de accionar la acción de oro, "ya que es un resorte que impide funcionar al mercado".
Según Passos Coelho, "cuando en una empresa portuguesa el Estado quiera decidir lo que es estratégico, entonces debe controlar la mayoría de su capital" en lugar de usar la acción de oro.
A su vez, el Partido Comunista "considera extremamente grave e inaceptable este intento de ingerencia de estructuras de la UE en asuntos de clara soberanía nacional", según expresó el dirigente y diputado Agostinho Lopes.
Daniel Figueiredo de Oliveira, analista del semanario Expresso de Lisboa, dijo a IPS que Sócrates jugó una carta demagógica al calificar de "ultraliberal" a la Comisión Europea, en circunstancias que esa conducta se solidificó a partir de diciembre de 2009, con el llamado Tratado de Lisboa.
"Sócrates es el principal arquitecto del Tratado de Lisboa. Esta UE es la que él quiso y ahora está pagando el precio", sentenció.
El gobierno ha realizado un sinnúmero de privatizaciones y "quien quiere garantizar el supremo interés nacional no privatiza empresas estratégicas", porque la UE neoliberal "no permite estas garantías ni un papel regulador del Estado", añadió.
El Tratado de Lisboa "permite una enorme presión del liberalismo económico, que hace que los Estados no puedan defender sus intereses y es curioso que Sócrates haya tenido ese impulso de izquierda, al tiempo de propugnar más privatizaciones de empresas estratégicas", estimó Oliveira.
El tribunal de justicia de la UE "usa dos pesos y dos medidas: una cosa es Alemania, Francia, Italia o España y bien otra el pequeño Portugal".
¿Un ejemplo?, pidió IPS al concluir el diálogo.
"En Italia (el presidente del Consejo de Ministros, Silvio) Berlusconi está persiguiendo a rumanos, ciudadanos de la UE, cuyos derechos de libre circulación en el espacio comunitario está consagrado", respondió.
"Este es un caso donde la justicia acepta estas ilegalidades de Berlusconi, ignora los derechos humanos y demuestra el extremo celo de la UE por la libre circulación de capitales, pero no de personas", completó el analista.
