Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU son acusados de facilitar el transporte de armas convencionales y bombas de racimo a países donde pueden ser usadas para cometer violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra.
Las acusaciones vienen de la organización Amnistía Internacional, que denunció recientes envíos por parte de compañías de transporte y aerolíneas registradas en China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia.
Esos envíos "suponen un riesgo sustancial de ser usados para facilitar graves violaciones de los derechos humanos", señaló un nuevo informe de Amnistía divulgado este lunes en Nueva York, en coincidencia con la reanudación de la primera ronda de deliberaciones en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre el contenido del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas propuesto.
Brian Wood, director de la campaña Armas bajo Control de esa organización, señaló que los laxos controles sobre los envíos de armas por mar y tierra "no están confinados a jurisdicciones con leyes débiles sobre exportación e importación" de armamentos.
"Para salvar vidas y proteger los derechos humanos, el Tratado sobre el Comercio de Armas que se está negociando en la ONU debe abordar el papel de los transportistas y otros intermediarios en las cadenas de suministro de armas, en lugar de limitarse a especificar cuáles deben ser los procedimientos que deben aplicar los Estados para la concesión de licencias de exportación e importación", establece el informe "Envíos letales: el Tratado sobre el Comercio de Armas y los controles de transporte".
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Natalie J. Goldring, del Centro de Estudios de Paz y Seguridad en la Escuela Edmund A. Walsh de Relaciones Exteriores de la Universidad de Georgetown, dijo a IPS que el presidente estadounidense Barack Obama comenzó a revertir el daño de las políticas de su predecesor, George W. Bush (2001-2009), en materia de transferencia de armas.
No obstante, "todavía se necesita hacer mucho", indicó.
Washington asegura tener reglas más severas que otros países para las transferencias de armas. "Aunque esto puede ser verdad en el papel, en la realidad, Estados Unidos transfiere regularmente armas a países que su propio Departamento de Estado (cancillería) incluye en la lista de los que violan los derechos humanos", señaló.
Goldring sostuvo que el nuevo informe de Amnistía destaca la necesidad de establecer nuevos estándares internacionales para las ventas de armas convencionales.
"Muchos de los participantes en las actuales reuniones del comité preparatorio para el tratado sólo honran de palabra la idea", dijo Goldring, en referencia a las negociaciones en marcha en la ONU para el Tratado sobre el Comercio de Armas.
Las conversaciones comenzaron el 12 de este mes, y se espera que concluyan el 23.
El comité preparatorio celebrará tres reuniones entre 2011 y 2012, seguidas ese último año de una gran conferencia donde se negociará el texto final del tratado.
"Pero la prueba real será ver si el borrador establece estándares altos y consistentes que respeten los derechos humanos y el derecho humanitario", opinó Goldring.
Los principales proveedores de armas han sido sistemáticamente acusados de proveer armas a países sin gobiernos democráticos, a regímenes represivos o naciones donde se cometen violaciones a los derechos humanos.
Entre sus clientes se encuentran Arabia Saudita, Colombia, Egipto, Indonesia, Kuwait, la República Democrática del Congo, Ruanda, Túnez, Turquía, Uganda y Yemen.
Algunos de los ejemplos destacados en el estudio de Amnistía incluyen envíos de bombas de racimo por parte de una compañía de transportes alemana en barcos británicos. Las armas fueron enviadas de Corea del Sur a Pakistán entre marzo de 2008 y febrero de 2010 para uso del ejército de ese país de Asia meridional.
"Esos envíos fueron realizados a pesar de que Gran Bretaña y Alemania se han comprometido plenamente a prhibir la transferencia y el uso de armas de racimo", dice el estudio.
El informe de Amnistía también cita el ejemplo de partes de ametralladoras y armamento antiaéreo de Bulgaria enviadas en septiembre de 2008 en vuelos regulares de pasajeros de la aerolínea Air France, desde Sofia al aeropuerto parisino Charles de Gaulle.
El envío fue luego trasladado por vía aérea a Nairobi, con destino a Kigali, Ruanda, según listaba la documentación que lo acompañaba.
"Había un riesgo claro y sustancial de que esos componentes obtenidos por el gobierno ruandés pudieran ser desviados. Ese tipo de armamento se utilizó en los combates librados en la República Democrática del Congo, donde más de 220.000 personas habían sido desplazadas y se cometieron graves violaciones de los derechos humanos. Los gobiernos búlgaro, francés y keniano, que permitieron la exportación y el tránsito del cargamento de armas a través de su territorio, no impidieron la transferencia", según Amnistía.
Goldring declaró a IPS que los representantes de Estados Unidos continúan sosteniendo que es importante llegar por consenso a decisiones sobre el Tratado de Comercio de Armas.
"En teoría suena bien, pero los países necesitan acordar para avanzar. En realidad, esto significa que cualquier otro país puede frenar el progreso, aún cuando todos los demás participantes estén de acuerdo", destacó.
También es de lamentar que los países que participan en las actuales negociaciones del tratado hayan elegido realizar buena parte de su trabajo a puertas cerradas, opinó.
En las últimas sesiones del comité preparatorio se impidió el acceso a delegados de organizaciones no gubernamentales, y se prevé que también sean excluidos de muchas de las reuniones de esta semana.
El embajador argentino Roberto García Moritán, quien preside las negociaciones, anunció el día 14 que las organizaciones de la sociedad civil ya no tendrían permitido estar presentes durante debates cruciales.
En un comunicado difundido la semana pasada, la alianza Armas Bajo Control manifestó su disconformidad al respecto.
Denis Mizne, director de la organización brasileña Sou da Paz, dijo que algunos estados quieren ocultarse tras esas puertas cerradas porque no quieren que la gente vea cuán preparados están para proteger los intereses comerciales a expensas de la población, que es la que soporta la carga de los acuerdos de armas ilícitas.
